Se cumplieron cinco años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó en el histórico fallo Mendoza al Estado nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. En julio de 2008, el más alto tribunal dictó una sentencia con tres objetivos simultáneos: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción.

La causa Mendoza había sido iniciada cuatro años antes por un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, encabezados por Beatriz Mendoza, contra los estados nacional, bonaerense y porteño, y contra 44 empresas, a los que se reclaman daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la citada cuenca.

Es cierto que en materia de recomposición ambiental cinco años no representan un período excesivamente extenso. Pero es un tiempo suficiente como para que algunos cambios ocurran: se hizo cierta limpieza en las márgenes del río, se extrajeron buques abandonados y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) ha trabajado en la determinación de los responsables de la contaminación allí producida.

Lamentablemente, es un hecho que ya no sorprende a los argentinos. Tal como hemos resaltado desde esta misma columna editorial, a fines del año pasado el máximo tribunal debió dejar fuera de la causa al juez federal de Quilmes Luis Armella por irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento: se habrían firmado contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas con ese magistrado, en el contexto del plan integral de saneamiento ambiental que el propio juez debía supervisar.

Recientemente, el jefe del bloque kirchnerista de la Legislatura y precandidato a diputado nacional por esa agrupación, Juan Cabandié, aprovechó para realizar una visita al Riachuelo. En la clásica visión antagónica que promueve el partido que representa, criticó el "incumplimiento del gobierno de la ciudad" en la asignación de presupuesto que anualmente debe destinar para las tareas de saneamiento. Sin embargo, olvidó el sistemático desvío de fondos millonarios que debían ser destinados para la aplicación de la ley de bosques y que el gobierno nacional destina al programa Fútbol para Todos. Con escaso conocimiento en el tema, afirmó que en el Riachuelo ya pueden percibirse bancos de peces.

Se trata de una afirmación cuando menos irrespetuosa con los millones de habitantes que allí viven en condiciones habitacionales y ambientales hostiles y que aún toman agua de pozos subterráneos conectados con el río.

Hay mucho por hacer para realizar una afirmación semejante: principalmente, acabar con los vertidos de sustancias contaminantes de muchos de los 3500 establecimientos que allí están radicados y la realización de obras de infraestructura cloacal. Lo mínimo que puede pedirse a un funcionario y candidato es que por lo menos esté a la altura de los acontecimientos y que advierta la magnitud de la problemática que está en juego. El Riachuelo va mucho más allá de las próximas elecciones.