Durante diez años, el Gobierno redujo la inseguridad a una "sensación", una suerte de trastorno psicótico compartido por casi toda una sociedad. Hasta que a principios de año, cuando la oposición reincorporó el tema en la agenda, la Presidenta implícitamente aceptó su existencia.
Pero Cristina, más que interesada en su solución, lo invocó como una excusa para justificar la reforma judicial. "Mientras no se democratice la Justicia y no se pueda elegir a los políticos que nombran y destituyen a los jueces que se portan mal, no habrá más seguridad", afirmó el martes.
La realidad es más compleja:
Si no hubiese tantos crímenes violentos, ningún diario ni canal de noticias podría crear semejante "sensación".
Las internas policiales, la droga y la connivencia de políticos locales trabaron el esclarecimiento de los homicidios de Candela y de Paulina Lebbos, y de la desaparición de Marita Verón. Y no se sabe en qué medida la muerte de un agente de la ex SIDE (El Lauchón) no tiene relación con una lucha entre distintas fuerzas de seguridad.
La política también mete la cola. En 2008, el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, criticó la mala instrumentación que la Aduana, entonces a cargo del pingüino Ricardo Echegaray, hacía del sistema informático María, un software para controlar los embarques. Pero Abad tuvo que renunciar cuando la Presidenta respaldó a Echegaray.
Con ese antecedente, ¿puede sorprender que la Auditoría General de la Nación (AGN) haya descubierto que los escáneres que se usan en los puertos argentinos no tengan el software necesario para detectar si los contenedores están cargados con droga? En la Argentina, la Aduana controla a un ciudadano que vuelve al país con una tableta, pero no se preocupa por detectar si diez o cien contenedores que están en nuestros puertos esconden miles de kilos de cocaína. El informe de la AGN es gravísimo, pero la Presidenta no se da por enterada.
¿Cómo es posible confiar en que la Argentina previene nuevos atentados terroristas si el propio Gobierno traba el desempeño del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, o no colabora para averiguar la mucha información que transmiten los servicios de inteligencia extranjeros?
Mejorar el sistema de elección y remoción de jueces es sólo una pequeña parte de la solución.
El resto se relaciona con el excesivo garantismo, con los controles, con la corrupción, con la falta de una policía independiente y con mejorar el cruce de datos. De todo esto el Gobierno no habla.
