Ya es bastante escandaloso que pague una tasa inferior a la inflación verdadera, lo que significa una licuación de las futuras jubilaciones.

Pero esta vez se agregó un episodio bien oscuro. La resolución dice que los fondos serán apropiados el 28 de noviembre de 2012 y autoriza la emisión de una letra del Tesoro. El detalle es que apareció publicada siete meses más tarde en el Boletín Oficial, el viernes 28 de junio último. La maniobra fue realizada sin autorización legal y se mantuvo así por más de la mitad del año de duración de las letras. No era un monto pequeño: 835 millones de pesos.

El mismo día, en el propio Boletín, apareció otra resolución, la 290, también de 2012, fechada en octubre de ese año, es decir, ocho meses atrás. Pareciera que las secretarías de Hacienda y de Finanzas se dieron cuenta de que habían realizado operaciones para pagos de deuda, pero no estaban legalmente autorizadas a hacerlo. La segunda resolución es para pagarle en bonos deuda a la venezolana Pdvsa por la importación de combustibles líquidos para paliar el déficit de gas natural que se usa en la generación de electricidad. La cifra muestra el descontrol de los números fiscales: casi US$ 149,5 millones.

Da toda la sensación de que sólo cuando hubo que pasar en limpio los gastos de 2012 se advirtió la situación irregular y se recurrió a antedatar las autorizaciones legales. No es una práctica que no haya ocurrido antes en el Estado, pero no por eso es menos oscura y sospechosa. Durante el menemismo al menos un caso similar terminó con un funcionario denunciado y procesado por malversación de fondos.

Las sospechas crecen al advertir que el Ejecutivo debe remitir al Congreso cada 30 de junio la llamada Cuenta de Inversión, que no es otra cosa que el informe detallado de qué se hizo con los fondos públicos en el ejercicio anterior. En la preparación de la cuenta hay que detallar qué cosas se hicieron sobre la base de qué autorización legal. Es evidente que las dos operaciones mencionadas no tenían en el momento de hacerlas ningún respaldo.

La demora sólo es posible si se mantiene abierta la numeración de las normas y no se realizan los correspondientes controles internos. En administraciones anteriores, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) procedía a cerrar los libros de reparticiones y organismos de la administración pública nacional en los primeros días de enero de cada año. Así se evitaba que se incluyeran en enero, por ejemplo, operaciones imputadas al presupuesto del año anterior. O que se emitieran normas como si hubieran sido firmadas el año que había terminado.

No es raro que durante enero aparezcan en el Boletín Oficial resoluciones, decisiones administrativas y decretos firmados en diciembre del año anterior. Lo sorprendente es que en junio se publiquen normas fechadas en octubre.

Durante el menemismo, Julio Mahárbiz sufrió un proceso judicial por un tema similar. En abril de 1998, LA NACION descubrió la publicación en el Boletín Oficial de un decreto de necesidad y urgencia fechado en diciembre anterior que permitía al Incaa, a cargo de Mahárbiz, gastar 28 millones de pesos/dólares del presupuesto 1997. El organismo había sufrido un recorte y, según Mahárbiz, el presidente Carlos Menem le había prometido que le devolvería los fondos. Pero aparentemente Menem olvidó firmar el decreto a tiempo y el Incaa igual gastó los fondos, antes de que llegara la autorización. Cuando LA NACION reveló el caso, el fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia de oficio.

La situación ahora es delicada porque, en contra del discurso del Gobierno sobre el supuesto desendeudamiento, la deuda pública aumenta. En 2012 la deuda total creció US$ 18.501 millones y llegó al 44,9% del PBI, tres puntos porcentuales más que en 2011, revela un informe de la consultora Analytica. Cae la deuda con privados y crece dentro del propio sector público, donde es más fácil licuarla, como se hace con los fondos de la Anses.