El Gobierno se ha alzado contra la Constitución y la Corte Suprema ha salido a defenderla. Estamos asistiendo a un conflicto de dimensiones colosales. El país se ha partido en dos. Dos de los tres poderes del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo- se han alineado con la Presidenta, en tanto que el tercer poder restante, el Judicial, se ha alineado con la Constitución. El próximo 27 de octubre, cuando se realicen las elecciones parlamentarias de medio término, los argentinos deberemos optar, por lo visto, entre dos proyectos de vida en común diametralmente opuestos. De un lado estarán aquellos que siguen incondicionalmente a Cristina Kirchner. Del otro lado estarán aquellos que continúan sosteniendo a la República. Entre unos y otros no habrá medias tintas. La nuestra será, en el mejor de los casos, una guerra civil incruenta.
Los técnicos podrían decir que nos estamos encaminando hacia un plebiscito como los que ocurren en aquellas contadas ocasiones en que algún pueblo es convocado a votar por sí o por no una propuesta en la que le va la vida. Pero el plebiscito no está contemplado en nuestra Constitución. A lo que estamos yendo, por ello, no es a un plebiscito "de derecho" regulado previamente por la ley, sino a un plebiscito "de hecho", en el que pueblo habrá de pronunciarse al margen de la ley, sin que su pronunciamiento deje de tener, pese a ello, profundas consecuencias políticas y legales.
La Presidenta exhortó a sus partidarios a ganar este "combate" contra los defensores de la Constitución. La terminología militar que Cristina empleó en esta ocasión indica a las claras que intenta ponerse "afuera" del Estado de Derecho y, en definitiva, "contra" él. La concepción del "Estado de Derecho" inspira el orden de valores que preside nuestra Constitución: primero viene el Derecho y sólo después viene el Estado o, con otras palabras, el poder del Estado sobre los "ciudadanos de a pie" sólo se justifica cuando está fundado sobre el Derecho. En caso contrario hay "dictadura", esto es, el absolutismo del Estado arbitrario cuando se siente absuelto , "desligado", de toda atadura a una ley superior que su propia voluntad. Éste es, en suma, el dilema que nos propone la Presidenta: obedecerla a ella u obedecer a la Constitución.
Nos guste o no nos guste, ésta es la opción que tendremos por delante a fines de octubre los argentinos, cuando debamos renovar el Parlamento. La convocatoria formal de renovación parlamentaria será entonces apenas un "pretexto" porque, cuando vayamos a renovar el Congreso, lo que estaremos decidiendo en verdad es el estilo de vida en común que preferimos los argentinos: una autocracia que gire en torno de una única protagonista o una república democrática cuyos representantes se vayan sustituyendo unos a otros a través del tiempo en elecciones libres, según reglas y plazos pre-establecidos. Pero esta opción sin duda crucial entre dos formas de vida mutuamente excluyentes nos ha sido presentada de una manera tramposa, como si fuera la reforma en cierto modo inocente de un organismo burocrático cual es el Consejo de la Magistratura. El método ideado por el Gobierno para salirse con la suya en esta ocasión se parece demasiado, en este sentido, a las estadísticas del Indec: pregunta una cosa, pero en realidad está pensando en otra.
La mentira es más complicada que la verdad. Cristina Kirchner aspira simplemente a tener todo el poder por todo el tiempo. Como no puede confesarlo abiertamente porque en tal caso padecería el repudio de los ciudadanos, entonces se refugia en un intrincado laberinto. A partir de ese momento se complican las estrategias, la de ella y la de la oposición. Del lado del Gobierno, se apela al disimulo y a la ocultación; nace entonces el relato . Del lado de quienes denuncian las mentiras del Gobierno, se elaboran las refutaciones del "relato", pero siempre es más difícil refutar a la mentira, sobre todo si ella es sofisticada, que aplastar un burdo error.
Cuando debió denunciar los alambicados argumentos del Gobierno mediante los cuales se proponía difundir su "relato", la Corte Suprema necesitó apelar a un extenso documento de 67 páginas para defender a la Constitución contra el ataque del cual era objeto. Tuvo que tocar entonces tres temas insoslayables.
De un lado, debió explayar el espíritu "general" de la Constitución. De otro lado necesitó explicar el principio de la división y el equilibrio de los tres poderes que está en la base de la Constitución. Finalmente, hubo de denunciar y refutar el intento del Ejecutivo por sustituir esta armonía tripartita en favor del "unicato" presidencial que respondía a la verdadera intención del Gobierno e implicaba, finalmente, la sustitución lisa y llana de la república que hemos sido hasta ahora por una dictadura unipersonal. Una dictadura "chavista", a la manera del régimen latinoamericano al que más se acerca Cristina Kirchner.
Aunque ha sido compuesto de la manera más llana posible, como una suerte de Introducción al Derecho Constitucional, y aunque tampoco puede eludir, por ello, su apelación a las formas elementales de esta materia, el documento que han elaborado los jueces de la Suprema Corte y sus asistentes resulta un admirable compendio de fácil lectura, que sería por eso recomendable no sólo para los estudiantes y jóvenes graduados en Derecho sino también para todos aquellos que se quieran internar en la fascinante tarea de interpretar nuestra Constitución.
El contraste entre la intentona anticonstitucional que planteó el Gobierno y la defensa pura y simple de la Constitución que intentó la Corte Suprema no sólo tiene un valor didáctico. Va más allá, hasta alcanzar un valor testimonial. De este lado han quedado no sólo nuestros grandes jueces y doctrinarios sino también nuestros grandes tratadistas en la línea de Alberdi y otros más. No debe asombrarnos, en este sentido, que el fallo de la Corte haya merecido elogios casi unánimes de los juristas, mientras el intento del Gobierno languidecía entre los que sólo mostraban un interés político circunstancial. La pregunta que se hacen los investigadores de un crimen para identificar a los culpables es, desde siempre, la siguiente: ¿quid prodet? ¿A quién beneficia? La interpretación que propone el Gobierno sólo los beneficiaría a él y a sus partidarios. La interpretación que propone la Corte beneficiaría, al contrario, a todos los argentinos.
Cuando Juan Bautista Alberdi pensó en nuestra Constitución, imaginó sus beneficios para "todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino". En su tiempo y en el nuestro. Cuando pensó en los beneficios futuros que recogerían los favorecidos por el nuevo Consejo de la Magistratura, ¿tenía la imaginación del Gobierno este mismo alcance? O la imaginación "universal" de Alberdi sólo llega hoy a los "militantes" del oficialismo? ¿Para quiénes deberíamos gobernar entonces? ¿En quiénes deberíamos pensar? El país estaba todavía vacío cuando Alberdi escribió "gobernar es poblar". Hoy, ¿ya estaría satisfecho porque somos cuarenta millones? ¿O sus sueños de grandeza apuntaban a horizontes aún más lejanos? Aquí chocan, por lo visto, dos ambiciones. Una responde a la mirada de la patria chica, que se circunscribe a mi familia, a mi partido, a mi generación. A esta mirada la satisfacen las miradas "cortas". La otra mira más lejos, hasta abrazar incluso a los que todavía no nacieron. ¿Qué Argentina tenemos en vista los argentinos de hoy? Somos más, sin duda, que en los tiempos de Alberdi. Nuestra mirada, ¿abarca más o abarca menos que la de él?.
