Cuando caía la tarde, firmó el decreto de necesidad y urgencia más progresista (en el buen sentido) sobre la libertad de expresión que se haya dictado en el país en las últimas décadas. Los gigantes son el gobierno nacional y el Grupo Clarín, pero ese decreto legisla también sobre los problemas de otros medios y garantiza la libertad de prensa y de expresión, y el acceso a ellas, de una manera casi irrestricta.

El único límite que coloca es el de la difusión de contenidos sexualmente perversos para los menores de edad. Nadie puede estar en desacuerdo con esa restricción.

El decreto, que también protege el derecho a la diversidad en todos los órdenes y a la pluralidad política e ideológica, le quitó jurisdicción al gobierno nacional para intervenir al Grupo Clarín. Esta es la conclusión más inmediata y concreta de una disposición que creó un tribunal especial de Defensa de la Libertad de Imprenta, Expresión y de Acceso a la Información Pública.

El propio Macri lo sintetizó de esta manera: "La justicia porteña decidirá si prevalece la libertad de expresión o la Comisión Nacional de Valores ". La CNV es Cristina Kirchner. Y la libertad de expresión está amenazada por la posibilidad cada vez más real de que ese organismo disponga el desplazamiento del directorio del Grupo Clarín.

El decreto también interviene directamente en el proyecto de expropiación de Papel Prensa, presentado por los diputados hipercristinistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Aunque no nombra ni al Grupo Clarín ni a Papel Prensa, la decisión establece la jurisdicción de la Capital para todos los casos en que la libertad de expresión y de prensa fuera suspendida, interrumpida, demorada, dificultada o trabada.

En un artículo especial fijó esa jurisdicción para "todas las materias relativas" a esas libertades. Esa alusión tiene nombre y apellido: es Papel Prensa.

La CNV avanzó en los últimos días con varios pedidos de informes al Grupo Clarín que presagian la decisión final de intervenirlo. Tal vez el requerimiento más significativo haya sido el que ordenó al multimedio el envío inmediato de la lista de todos sus apoderados.

Una posible intervención debería comenzar, precisamente, por el relevo de todos los apoderados preexistentes. El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, fue ayer el orador central del almuerzo del mismo congreso, el del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas, que Macri había inaugurado por la mañana. Vanoli rechazó todas las preguntas relacionadas con la intervención del Grupo Clarín. No dijo nada, lo que terminó considerándose una confirmación de las insistentes versiones de los últimos días.

La disposición en la que se respalda el gobierno nacional es abiertamente inconstitucional. Ninguna empresa puede ser intervenida, salvo que exista la resolución expresa de un juez. Es lo que dice la Constitución.

En la avanzada noche de una reunión de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo reformó el año pasado una reforma (valga la redundancia) e incorporó una facultad especial a la CNV por la que ésta puede intervenir una empresa por 180 días y desplazar a su directorio. La reforma original al mercado de capitales tenía el apoyo de partidos de la oposición, pero éstos fueron sorprendidos en medio del debate con esa modificación. Y el kirchnerismo aplicó entonces la "dictadura de la mayoría", según la definición de Alfonso Prat-Gay.

La reforma a la reforma provocó la preocupación inmediata de gran parte de los empresarios. Un alto funcionario kirchnerista los calmó de esta manera: "No se preocupen; se aplicara sólo a las empresas de medios periodísticos".

Con esas herramientas es innecesaria, como dijo ayer Cristina Kirchner, una reforma de la Constitución. Violarla es más rápido y eficaz que cambiarla.

En ese entrevero se metió de lleno ayer Macri. Tanto el Grupo Clarín como Papel Prensa estarán ahora en condiciones de resistir cualquier intervención del Estado nacional respaldados en el decreto de necesidad y urgencia de Macri, que deberá ser aprobado por la Legislatura porteña.

El Tribunal Superior de Justicia de la Capital, que actuará como el tribunal especial que se creó hasta la constitución de éste, será el fuero que entenderá en los casos en los que estén en disputa las libertades de expresión o de prensa.

Es imposible imaginar a un gobierno nacional aceptando mansamente esta decisión del jefe del gobierno porteño. Avanzará con la decisión de intervenir el Grupo Clarín y de expropiar Papel Prensa (con "las leyes de capitalismo", se mofó ayer Kunkel), pero el trasiego de planteos por la jurisdicción será largo y seguramente terminará en la Corte Suprema de Justicia.

La Corte nunca toma decisiones inmediatas sobre temas tan controversiales. El decreto de necesidad y urgencia de Macri abre, en resumen, un espacio de tiempo para el periodismo independiente que antes no lo tenía.

¿Por qué lo hizo? El principal argumento de Macri es que como funcionario está obligado a cumplir la Constitución nacional, que prohíbe decisiones contra la libertad de prensa, y a respetar los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y la propia Constitución de la Capital. El artículo 47 de la Constitución porteña señala expresamente que "la Ciudad vela por la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna", y garantiza "la libre emisión del pensamiento sin censura previa".

También es cierto que el propio Macri estaba cansado de ser él mismo víctima de la prepotencia cristinista. La intervención del Grupo Clarín y la confiscación de Papel Prensa, que debilitará sensiblemente a los dos principales diarios argentinos, hubieran convertido en más frágil aún la situación mediática del jefe del gobierno capitalino. Macri sufre un acoso constante de la prensa militante del cristinismo.

El decreto de Macri pone el acento también en las garantías individuales de los ciudadanos de la Capital y prohíbe expresamente la "incitación a la violencia y la apología al odio nacional". Es un artículo directo contra ciertas prácticas del relato kirchnerista.

Tal vez sin que nadie lo haya querido, ayer quedó expuesto un debate atrayente y curioso sobre el contenido de los términos políticos. El decreto de Macri es una exposición de las mejores ideas del liberalismo político, según su sentido universal y cultural.

Los que lo atacarán lo harán, sobre todo, en nombre de un progresismo que no merece tener ese título. Una política que encoge las libertades y que amenaza las garantías constitucionales es la contracara del significado que tiene la palabra progreso o su derivado político, el progresismo.

Cristina Kirchner se encontró con esa novedad, que la desafía en un terreno donde está en inferioridad de condiciones, justo el día en que se conoció que un viejo amigo suyo y de su familia, Cristóbal López, se quedará con la mayoría de las acciones argentinas de Petrobras.

Pero, ¿acaso no había figurado López entre los amigos enriquecidos de Néstor Kirchner? ¿Cómo hará el mayor empresario argentino del juego para hacerse de cientos de millones de dólares en un país en el que los dólares escasean y están vedados? ¿Tiene cuentas en el exterior? ¿Lo autorizó la AFIP a comprar esas cantidad monumental de dólares? ¿Fue el primero que compró un Cedin con dinero no declarado? En el mundo cristinista es, a pesar de todas las revelaciones, más lo que no se sabe que lo que se sabe.

Ocurrió también el mismo día en que la Presidenta nombró a los conjueces de la Patagonia que deberán juzgar a Lázaro Báez. Algunos de esos conjueces fueron abogados o socios de Báez. Es la esencia del cristinismo: gobierna con una total indiferencia de la realidad. Nada lo detiene. Macri decidió incrustarse en medio de ese torbellino de pasiones y de política. No lo aguardan días serenos.