Es comprensible que Macri intente diferenciarse de la presidenta Cristina Kirchner, ya que su partido, Pro, está en el inicio de la campaña . Pero los alcances de la iniciativa exceden el análisis de la coyuntura electoral.

En realidad, la nueva norma procura desarrollar tres artículos de rango superior a cualquier otra norma: el artículo 14 de la Constitución nacional, que garantiza la libertad de prensa sin censura previa; el artículo 32 CN, que dice que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa, y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe toda censura, previa, posterior o indirecta. "El artículo 47 de la Constitución porteña nos obliga a actuar en defensa de la libertad de expresión", dijo Mauricio Macri.

"El artículo 32 CN y el artículo 13 del Pacto son un bloque muy sólido, que por sí mismo sirve para defender todas las cuestiones que se presentan a los medios. La nueva norma será útil si reglamenta esos dos artículos. Pero de todas maneras es previsible que se generen conflictos cuando el Gobierno intente aplicar leyes federales", explica el constitucionalista Gregorio Badeni.

Puntos centrales

¿Qué es lo que establece la nueva norma? Si bien es extensa, tiene algunas ideas centrales:

*Crea el Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión y de Prensa y, mientras tanto, prevé que la ley sea aplicada por el Superior Tribunal de la Ciudad.

*Reitera que está prohibida la censura previa; establece que ninguna ley ni demanda ni acto de autoridad alguna podrá restringir la difusión de informaciones ni la línea editorial de un medio.

*Para beneficiar a los periodistas, establece que no estarán obligados a revelar sus fuentes de información y ninguna autoridad puede invocar leyes federales ni locales en contra de ellos ni de los medios que estén domiciliados en la Ciudad.

*Y sobre las empresas de medios, el DNU afirma que no podrán restringirse la libertad de imprenta ni los servicios que se prestan por Internet: por eso, los medios sólo quedan sujetos a leyes generales de defensa de la competencia.

En este sentido, no serán aplicables en la Ciudad ni leyes ni actos de funcionarios que restrinjan el funcionamiento de los medios, o que establezcan embargos, nombren interventores o dispongan clausuras o confiscaciones de los bienes.

La constitucionalista María Angélica Gelli explica que "cada norma del decreto merece una evaluación distinta", pero afirma que "frente a los graves ataques y avances contra la libertad de expresión, la norma puede servir de disparador para que la Legislatura porteña debata la necesidad de darle a los medios mayores garantías".

"La Ciudad puede darle a sus vecinos y empresas más garantías que la Constitución nacional. Ésta establece el piso de protección en el artículo 32. Pero la Constitución porteña, como la de cualquier provincia, puede dictar leyes que las amplíen y protejan los bienes que usan los medios y son imprescinbles para ejercer el periodismo", dice el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Y su colega Marcela Basterra evalúa: "El decreto es muy positivo porque alienta la pluralidad de voces y opiniones en consonancia con la CN, tratados y aún fallos de la Corte Interamericana"..