Los cambios recientes que el Gobierno impuso en la Comisión Nacional de Valores podrían darle el soporte burocrático para designar un veedor en el multimedios que actúe como un verdadero interventor. Y las versiones más descabelladas hablan de un descabezamiento de la conducción periodística del diario, de Canal 13 y de Radio Mitre para modificar los contenidos: las notas y la programación. En la misma línea, el kirchnerismo avanza con un proyecto parlamentario para expropiar acciones y quedarse con el control de Papel Prensa, la productora de papel que abastece a los diarios argentinos.
Una sola aclaración de Cristina. Un párrafo en alguno de sus frecuentes discursos o un frío comunicado de prensa podrían despejar la duda que desvela a gran parte de la dirigencia política, judicial, empresaria y a los periodistas que aman su profesión y las libertades para ejercerla. Hasta podría ser una declaración formal de algún funcionario que hable en su nombre. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, o el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro. Con que uno de ellos asegurara que el Gobierno no va a obligar a un medio periodístico privado a cambiar sus noticias sería suficiente.
Ese es el límite que jamás debería atravesar la Presidenta. El resto de las discusiones, la confrontación política o las batallas judiciales tienen espacios institucionales donde dirimirse. Pero no hay vuelta atrás cuando un funcionario entra a una redacción, a un estudio de radio o a un set de TV para ordenar qué tipo de información debe llegar a la sociedad. Es el error que cometió Juan Domingo Perón hace 60 años y que cometieron todas las dictaduras militares. Tres décadas ininterrumpidas de democracia deberían haber contribuído a que aprendiéramos la lección dolorosa del autoritarismo.
A esta altura de los acontecimientos, sorprende el silencio de los grandes dirigentes del oficialismo. Los gobernadores más poderosos del país como Daniel Scioli, Juan Manuel Urtubey, José Luis Gioja o Sergio Urribarri, para citar a los más importantes, nada han dicho sobre las presiones políticas y económicas a la prensa que no sigue las directivas oficiales. La ausencia de definiciones sólo es posible interpretarla como aprobación de la estigmatización del periodismo que ensayan los integrantes de las segundas y terceras líneas del poder sin predicamento territorial ni pergaminos democráticos.
En los amables encuentros reservados que todavía conceden algunos funcionarios, expresan sus reparos sobre la ofensiva permanente que tiene a la prensa como blanco. Muchos de ellos admiten que preferirían concentrar sus energías en atacar las materias pendientes de un modelo económico con evidentes señales de fatiga. Pero la línea que siempre se impone es la de la confrontación. Es una pena. Con todas las dificultades que enfrenta el Gobierno, el declive de la economía argentina está en condiciones de revertirse. Cristina tiene todas las chances de ser recordada como la Presidenta con los mejores indicadores desde la restauración democrática. Para eso debe dejar atrás las batallas personales y dedicarle su mejor esfuerzo a los 30 meses de gestión que tiene por delante.
