Presionada por una sociedad indignada ante la inminencia de un golpe fulminante a la Justicia y temerosa ante una eventual sangría de votos propios en la Cámara de Diputados, Cristina Kirchner ordenó ayer cambiar algo para que no cambie nada. Seguirá adelante con la cooptación definitiva del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y destituye a los jueces; no modificará la esencia de la virtual eliminación de las medidas cautelares, e insistirá en la creación de las cámaras de casación que alargarán hasta la eternidad los juicios de jubilados y trabajadores, por ejemplo.

El Gobierno se debatía cerca de una derrota política, aunque el Parlamento le apruebe las leyes. Gran parte de las multitudinarias manifestaciones de la semana pasada reclamó por la independencia de la Justicia. Varios diputados, que no pertenecen al corazón del kirchnerismo, pero que votan con él, buscaban la forma de tomar distancia de la "democratización" de la Justicia.

La aprobación de la llamada "reforma judicial", un eufemismo para encubrir la destitución del Poder Judicial, enfrentaría al Gobierno con amplios sectores sociales. Una eventual falta de quórum o una incierta derrota en Diputados debilitaría aún más al gobierno de Cristina Kirchner, siempre dispuesto a aplicarles a los legisladores una disciplina castrense.

Ligero para pescar las oportunidades que pasan distraídas, el cristinismo descubrió una verdad revelada, casi una inspiración mística, en una carta de los presidentes de todas las cámaras federales del país. La Corte Suprema de Justicia le había trasladado a la Cámara de Diputados esa carta, que advertía sobre la eventual parálisis de la Justicia si el presupuesto judicial fuera controlado en el futuro por el Consejo de la Magistratura.

También pedían que los jueces pudieran designar a sus funcionarios de confianza o más cercanos. Una acordada de la Corte Suprema de Justicia podría haber tumbado esas resoluciones sobre los recursos judiciales sin necesidad de un juicio previo. Cristina fue advertida de esa posibilidad, tal vez desde algún despacho de la Corte Suprema.

Pero, ¿no eran hasta anteayer esos jueces federales las expresiones más cabales de la "corporación judicial"? ¿No fue, acaso, una cámara federal, la Civil y Comercial, la que declaró hace una semana la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de medios que desguazaban al Grupo Clarín? ¿Cómo todos esos jueces, tachados de "ilegítimos" y "corporativos", se convirtieron en próceres cristinistas con una velocidad propia de la luz? Podrán decirse muchas cosas del cristinismo, salvo que no sabe dar saltos mortales entre sus verdades y las contrarias.

Esas concesiones a la Corte Suprema sobre el manejo presupuestario y a los jueces sobre el manejo de su personal podrían haber cambiado la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados. "Son unos hipócritas", estalló ayer el diputado y ex juez Ricardo Gil Lavedra.

Lo cierto es que muchos diputados que vacilaban entre sus convicciones y sus intereses habían encontrado, por fin, un discurso para saltar de las convicciones a los intereses. ¿Serán suficientes? La moneda está en el aire, pero el Gobierno había logrado cambiar el eje de una discusión que venía encerrada y escéptica para el propio oficialismo. La cima más difícil de alcanzar eran los 129 diputados necesarios para aprobar las modificaciones del Consejo de la Magistratura. Anoche, el Gobierno contabilizaba 125, pero todavía tiene varias horas por delante y una inagotable capacidad de maniobra.

¿Por qué la Corte Suprema encogió sus reclamos a los planteos meramente administrativos? De alguna manera, lo explicaron el presidente y la vicepresidenta del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, en su carta a la Cámara de Diputados que dio traslado a las quejas de la cámaras federales. Los otros temas de la reforma judicial, los que verdaderamente importan sobre la independencia del Poder Judicial, serán motivo de procesos judiciales sobre su presunta inconstitucionalidad.

Si los jueces se pronunciaran ahora sobre esos asuntos, estarían prejuzgando y, por lo tanto, colocándose al borde de la recusación. La administración del dinero de la Justicia y del personal de mayor confianza de los jueces son temas cruciales para la gestión de los magistrados, es cierto, pero no son los que más agravian la independencia de la Justicia.

Las huellas del agravio ya existen. Las dejó la procuradora general de la Nación, la cristinista Alejandra Gils Carbó, que es la jefa de los fiscales. Es cierto que su fervor militante ha devastado su prestigio en la Justicia. Hace poco, hubo por primera vez en la historia una marcha de empleados judiciales sobre las oficinas de Gils Carbó, una elegante casona en la calle Guido al 1500.

Convertida en líder de facto de Justicia Legítima, la jefa de los fiscales atravesó un mal momento con las reformas a la Justicia. El Gobierno la ignoró. En el acto en el que Cristina Kirchner presentó esos cambios, Gils Carbó fue condenada a sentarse entre los aplaudidores habituales de la jefa del Estado. Ningún lugar especial para su importancia institucional.

La contradicción, cuando no la directa violación de la ley, parecen ser la norma de Gils Carbó. El caso merece ser tenido en cuenta, porque la militancia oficialista de la procuradora sería un anticipo del futuro. Desde Justicia Legítima reclamó concursos para todo el mundo judicial. Como jefa de los fiscales, maniobró para que sus empleados no estén sometidos a concursos. Más aún: nombró a su secretaria como fiscal. Hizo lo mismo con amigos que no son fiscales y echó a fiscales de carrera porque no pensaban como ella.

Ayer, el senador radical Jorge Cimadevilla denunció penalmente a Gils Carbó por haber violado la ley de Ministerio Público y por haber nombrado a personas que no estaban en condiciones de ser nombradas en la administración de justicia. La jefa de los fiscales creó una unidad contra el lavado que depende de ella, Proselac se llama, con fiscales que no son fiscales. Puso al frente de la unidad a Carlos Gonella, que cumplía funciones en Córdoba como fiscal subrogante. Gonella tiene una relación casi familiar con el poderoso secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, el interlocutor habitual de Gils Carbó. "Recibe órdenes directas de Zannini", cuentan en las propias oficinas de Gils Carbó.

El caso de esa unidad contra el lavado podría terminar con juicios anulados. Los fiscales nombrados como corresponde son los únicos que pueden llevar adelante una investigación y la posterior acusación en sede judicial.

Gils Carbó no es sólo Gils Carbó. Ella representa una manera muy distinta de entender el orden político vigente, que lo cambia radicalmente. El hecho de que el proyecto que podría sancionarse hoy en Diputados contemple la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura para el mismo día en que se elige presidente de la Nación es la exaltación del poder absoluto de las mayorías. No es el único proyecto en esa dirección, pero es el más emblemático. Sería el fin del derecho de las minorías, del juicio imparcial y de las libertades personales y colectivas.