Jorge Lanata acaba de sacudir la modorra de una sociedad algo cómoda y, algunas veces, indiferente ante la corrupción del kirchnerismo. En el reinicio del ciclo televisivo que ya el año pasado había provocado furor, desnudó en imágenes el grado de desenfado con el cual se manejó en vida el santacruceño y luego su mujer, respecto de los dineros públicos. Todos sospechaban pero todavía nadie había mostrado los usos y abusos del gobierno en vivo y en directo. Es que, en las sociedades de masas, a la mayoría de la gente solo le impacta cuanto puede ver en la pantalla.

De esta manera, la semana comenzó con las denuncias bien fundamentadas de Lanata, cuyo programa, con 20 puntos de rating, es visto por unos cuatro millones de televidentes de todo el país. Demás está decir que el periodista ha señalado que la investigación acerca de los escándalos del kirchnerismo recién comienza, de modo tal que el programa del domingo mostró tan solo la punta de un gigantesco iceberg, aseguraron su informe los especialistas en política Massot y Monteverde.

No es lo mismo, en este orden de cosas, un editorial de Clarín o de La Nación, que, en el mejor de los casos, leerán diez o veinte mil personas, que un programa de Canal 13 al cual millones de hombres y mujeres miran los domingos a la noche.

Parte de esa sociedad volverá a copar las calles del país dentro de pocas horas para expresar su hartazgo creciente con el actual estado de cosas. Poco importa que el jueves hubiera más manifestantes que hace cinco meses, cuando una verdadera marea humana, nunca antes vista en nuestra historia, no solo inundó la capital federal sino que se expresó con la misma vehemencia en todos los rincones de la Argentina. No es tanto la cantidad lo que contará, salvo que la convocatoria resultase un fracaso, como la perseverancia de un esfuerzo colectivo cuyo propósito es hacerle ver al gobierno la dimensión del repudio ciudadano.

Ahora bien, conviene no confundir, como si de lo uno siguiese lo otro, una gran manifestación opositora con la parálisis del kirchnerismo. Aunque aquélla duplicase la del pasado 8 de noviembre, Cristina Fernández no cejará en su afán de prolongar su estadía en el poder después del año 2015. Si para muestra vale un botón, la ofensiva montada a los efectos de eliminar los escasos bolsones independientes de la Justicia lo transparenta con claridad.

Sin importarle en lo más mínimo el cuidado de las formas, la presidente decidió votar un paquete de leyes, en forma express, dejando en evidencia que nada la detendrá. Es que cuenta a su favor con una legitimidad de origen innegable. A lo cual es menester agregarle el dominio de las dos cámaras del Congreso Nacional. El poder del kirchnerismo ha sido, hasta el momento, formidable, en razón de que carece de escrúpulos a la hora de ejercerlo y que lo hace con el respaldo de 54 % de los votos obtenidos en octubre de 2011.

Pero la presidente no sacó de la galera, de un día para el otro, la idea de democratizar la justicia. En su momento, su esposo Néstor Kirchner, también tenía una obsesión con la justicia y, sobre todo, con la de Santa Cruz.

La ausencia de funcionarios políticos imputados o procesados por posibles casos de corrupción, os jueces que fallaron siempre a su favor, el archivo consecutivo de tres causas que investigaban los fondos en el exterior que tuvo la provincia y el permiso para que Kirchner utilizara el avión sanitario como avión privado para sus vacaciones y campaña política, son algunas de las pruebas contundentes que demuestran que la justicia santacruceña es de baja intensisdad a la hora de controlar al poder político. ¿Por qué justo la justicia de la provincia de donde la pareja K proviene es la más “débil” para controlar al Poder Ejecutivo?

Pero el problema ideológico del kirchnerismo contra la sociedad no difiere solo en los proyectos de reforma judicial que planteó Cristina. Cabe recordar que durante el conflicto con el campo, el kirchnerismo, sin preguntarse los verdaderos motivos del malestar, ni quiénes eran los molestos, fue para adelante con la 125. Los ciudadanos que salieron a las calles, los opositores que exigían diálogo, los numerosos productores que en el interior del país se manifestaban, pasaron a ser, según la lógica K, ambiciosos oligarcas que no querían redistribuir la riqueza generada por las exportaciones. No reconocer el problema, no atender a la solución del mismo, ponerse a la defensiva, victimizarse, buscar instrumentos para sostenerse en el poder y estigmatizar a los que intentaban hacerle ver la insensatez de sus actos, fue de allí en más el manual de procedimiento frente a las crisis y el mejor método para fracturar la sociedad y para llevar los debates en cualquier ámbito de relaciones a extremos irreconciliables, según informó el diario Elcronista.com

La contradicción entre republicanismo y democracia se halla, pues, a la orden del día y no hay razones para esconderla bajo la alfombra como estila buena parte de la dirigencia opositora, temerosa de discutir el tema. Ni Binner, ni Alfonsín, ni Macri, ni Solanas, ni Stolbizer ni tampoco Carrió, la única que se dio cuenta de cuál es la naturaleza de la guerra librada y no se llama a engaño respecto de los verdaderos móviles del kirchnerismo, se animarían a decir que las mayorías no siempre tienen razón y que contar con la mitad más uno de los votos y de los diputados y senadores no da derechos absolutos.

La jugada de la Casa Rosada parece clara aun cuando pueda modificarse con el correr de los días. El arco de bóveda de esa estrategia radica en la modificación del Consejo de la Magistratura y en la multiplicación de las cámaras de casación. En esto los tiempos no son neutrales. Básicamente en virtud de que si el conjunto de medidas adelantadas por el Poder Ejecutivo se convirtiesen, en los próximos días, en ley, como todo lo hace prever, comenzaría una carrera para determinar quién llega primero: si el gobierno o la Corte. Aquel intentará, antes de cualquier fallo de ésta, poner en funcionamiento el nuevo Consejo de la Magistratura y las tres nuevas Cámaras de Casación. Si lo lograse, después no sería fácil, en un país como el nuestro, desandar semejante política de hechos consumados. Si, en cambio, el máximo tribunal se interpusiese en el camino de la Casa Rosada y fulminara, antes de que comenzasen a regir, una o todas las leyes votadas aduciendo su inconstitucionalidad, otro podría ser el desenlace.

Pero la oposición también se hizo escuchar. En un acto en Tribunales, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el titular de la UCR, Mario Barletta y el diputado Francisco de Narváez, estuvieron protestando por la posible reforma judicial.

Esta fue la declaración convocante contra “el intento de control de la Justicia por parte del Gobierno nacional”.

“Ciudadanas y ciudadanos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional.

Al mismo tiempo, resulta paradójico que el oficialismo hable de “democratización de la Justicia” y apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso.

Es que esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad”, fue la declaración para convocar a la oposición.

Un grupo de no menor importancia que también está en contra de la reforma judicial es el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. El comunicado que emitieron el viernes pasado señala: “Atento los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, en el marco de la denominada ‘democratización de la Justicia’, la abogacía organizada de la provincia de Buenos Aires, expresa su profunda preocupación ante lo que considera una verdadera amenaza contra la esencia del sistema republicano y la independencia del Poder Judicial.

La semana siguió con el virtual empate de Maduro y Capriles, en Venezuela. Las lecturas susceptibles de ser hechas respecto de una elección tan significativa son varias, pero ha quedado flotando la duda de no pocas anormalidades en perjuicio del candidato opositor y, al mismo tiempo, ha quedado demostrado que el país se halla quebrado en dos partes iguales, dispuestas a enfrentarse a muerte. La terminante negativa del oficialismo a acceder al recuento de votos parece confirmar la existencia de un fraude. De lo contrario, por qué perder la oportunidad de dejar en claro ante el mundo que el triunfo chavista no admitía discusión.

Además, el fallo de la Cámara integrada por María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras que dictó la inconstitucionalidad de la Ley de Medios.

Mientras tanto, Cristina Fernández y Martín Sabbatella deberán tragar saliva, armarse de paciencia y esperar. ¿Quién se acuerda, a esta altura del partido, del famoso 7D con el cual había amenazado el oficialismo a Clarín?

El oficialismo aún insiste en dictaminar ciertas leyes, pero hay un detalle muy importante: gran parte de la sociedad no está de acuerdo porque busca vivir en un país realmente democrático.

Lo que es necesario tener en cuenta es que el proceso de deterioro del oficialismo no sólo no se detiene sino que crece de manera cada vez más exponencial. La amenaza que se recorta en el horizonte kirchnerista no es la de una salida anticipada del a Casa Rosada por parte de Cristina Fernández sino la de una pérdida paulatina de su envergadura electoral, de aquí a octubre. Podrá el gobierno, en consonancia con su dominio del Parlamento, votar leyes tendientes a reforzar el modelo hegemónico puesto en marcha hace diez años. Pero le faltarán votos para soñar longevidades en el ejercicio del poder, señalaron Massot y Monteverde.
¿Podrá el Poder Ejecutivo, de aquí a octubre, seguir concretando alguno de sus planes o la sociedad le seguirá poniendo obstáculos en el camino?