Consumió el superávit de las cuentas públicas. Para mantener el consumo alto y las tarifas congeladas, hubo que batir récords importadores que paga el Tesoro. Y como la cuenta se paga en dólares, que tampoco alcanzan, hay cepo cambiario.

Ahora la solución es agregarle más biodiésel hecho con aceite de soja al gasoil para importar menos. La explosión en la destilería de YPF en Ensenada bajó su capacidad y peligra el abastecimiento de combustibles.

La petrolera parcialmente reestatizada debe ahora exportar productos más baratos, como el crudo, e importar los destilados más costosos. Para colmo, la Argentina es deficitaria en gasoil, el combustible ampliamente consumido por el transporte y el campo. El cepo se hizo porque faltan dólares para pagar una factura colosal de importaciones de combustibles y ahora hay que importar más.

La idea es ponerle 10% de biodiésel al gasoil, en lugar de 5%, y en todas las categorías del combustible, comunes y premium. Es una frazada corta. El biodiésel también se exporta y genera divisas. Aunque en los últimos tiempos las políticas comerciales del Gobierno causaron sanciones y represalias que dificultan las ventas.

Axel Kicillof autorizó en 2012 la importación temporaria de porotos de soja si las aceiteras locales no tuvieran suficiente para producir. Importar insumos para exportar producto. Pero la Argentina podría llegar al colmo si por la crisis energética termina importando soja para poder producir suficiente biodiésel para sostener las exportaciones y abastecer el mayor consumo interno.

El Gobierno estaba desesperado antes de la explosión de la destilería de YPF por conseguir bajar el gasto que le ocasiona la crisis energética. Necesita garantizar el abastecimiento de gas en el próximo invierno y librarse de gastos en un año electoral: todo el dinero posible debe ser para apuntalar la campaña.

Decidió en marzo que a los productores locales de gas que aumenten su producción los premiará con un precio mejor, aunque mucho menor de lo que le paga a Bolivia y la mitad o menos de lo que cuesta importarlo por barcos. El objetivo es arreglarle los números al Tesoro. Lo dice la resolución 1/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

Los interesados deben presentar un plan contando cuánto más que lo que ya producían entregarán. Por el excedente, cobran más. La letra chica tiene particularidades: si por alguna razón no logran aumentar la producción, hay penalidades. Básicamente, se comprometieron a que haya más gas y eso hizo que el Tesoro destine el dinero a otra cosa. Si no producen el gas, tienen que conseguirlo. Importarlo, por ejemplo.

Mucho riesgo para algunos, pero no para otros. "A los que tienen pozos listos, les viene bárbaro; también a YPF, que tiene la mayor caída de producción, no le costará mucho mostrar una reversión, porque en 2011, por ejemplo, hizo un solo pozo, lo dijo la Presidenta", afirman en el sector.

Habrá algo más de gas, pero no es ni la salida de la crisis. "A alguno le hacen un paro de meses, como hubo, y tiene que correr a pagar barcos de GNL carísimos. Difícil asumir semejante peligro", afirman.

El Gobierno tiene suerte: por ahora, las temperaturas se mantienen inusualmente altas. Pero nada alcanza para revertir la declinación de YPF. El Gobierno armó ahora un fondo para inversiones petroleras. Primero puso en el presupuesto 2013 que se quedaría con reservas del Banco Central para pagar el llamado cupón atado al crecimiento del PBI, cuando todo el mundo ya sabía que no habría crecimiento que obligara a pagarlo. Ahora la plata "le sobra". Un banquero señaló: "Si se la dieran sólo a YPF, me dejaría tranquilo, está auditada por la SEC norteamericana y es más difícil hacer cosas raras". Pero no, los 2000 millones de dólares podrían ir en parte a Enarsa, un pozo negro donde han desaparecido miles de millones de dólares en gastos sin control ni auditorías suficientes.

El dato es que, esta vez, Julio De Vido no tendrá nada que ver. Todo lo manejarán su colega de Economía, Hernán Lorenzino, y Kicillof. El mismo dúo que acaba de decidir que De Vido no está ni como invitado en una comisión para decidir cómo invertir en trenes. "Si investigan los subsidios en transporte y energía desde 2003, lo de Fariña, Elaskar y Lázaro Báez parecerá un cuento para niños", dicen en el sector.