En un caso, puede ser falta de previsión; en el otro, irresponsabilidad, facilismo o cobardía, y después de eso será tarde para llorar y todos seremos responsables ante nuestros hijos del país que les dejamos. Estoy hablando del proyecto de reformar el Poder Judicial para someterlo al poder político y del intento de cambiar el contenido de la democracia y el Estado de Derecho que conquistamos en 1983.
Al discutirse la reforma judicial del kirchnerismo, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Diana Conti, vocera del oficialismo, dijo: "La mayoría debe conducir los tres poderes". Parecía un exabrupto, pero lo repitió en los días siguientes con todas las letras. Cuando informó los primeros proyectos en la Cámara, agregó y aclaró que, a criterio de su bloque, "democracia y república no son conceptos dogmáticos, sino una construcción de la historia"; que "en sus orígenes constitucionales el Poder Judicial tenía una concepción tecnocrática y elitista"; que "esos dogmas [constitucionales] esconden el verdadero autoritarismo"; que el Poder Judicial cuando dictó medidas de protección urgente de derechos, "actuó contra el Estado y el pueblo argentinos" (como si Estado y pueblo fueran lo mismo). Finalmente, insultó a los opositores diciendo que éramos vehículo de la "resistencia corporativa" en la Cámara, lo que "impedía el avance democrático del debate".
De todas esas palabras se puede deducir que el kirchnerismo ha decidido no acatar la democracia entendida como lo hace la Constitución, porque intentará cambiar su significado durante la "construcción histórica" de su gobierno. Es claro que no piensan acatar las garantías ("tecnocráticas y elitistas") que la Constitución les da a los ciudadanos respecto de los jueces y a los jueces respecto del poder político, que consisten básicamente en que duran en su mandato lo que dure su buena conducta, no pueden ver disminuidos sus ingresos por el poder político y, como poder, pueden administrar sus recursos. Ésas no son normas para el elitismo, sino para que los jueces puedan defender a los habitantes de los embates ilegales de los gobiernos y puedan condenar los delitos del poder.
Está claro que, para este kirchnerismo crepuscular y recargado, el hecho de que los opositores no estén de acuerdo con el oficialismo significa que no dejan "el avance democrático del debate". En otras palabras, sólo es democrático aceptar callado lo que se le ocurra al oficialismo. La verdad es que los últimos que habían dicho que el oficialismo es el pueblo y que el pueblo es el Estado (es lo mismo que "el Estado soy yo" de Luis XIV) fueron los totalitarismos de extrema derecha del siglo XX.
Es de acuerdo con esas concepciones, brutalmente antidemocráticas en el sentido constitucional del término, que se propone una ley que permitirá que los funcionarios del presidente puedan remover a los jueces que el presidente no quiera, y proteger o nombrar a los que quiera, en cualquier causa.
En la democracia republicana, como dogma inamovible hasta que no se cambie la Constitución, la soberanía política es de todo el pueblo y no sólo de la mayoría circunstancial. En esa democracia, todas las personas tienen derechos humanos que nadie puede quitarles, sea mayoría o minoría, y para proteger esos derechos hay jueces inamovibles e independientes del poder. En esa democracia, todos tenemos derecho a un juez imparcial que aplique la ley igual para todos, que sea juez de la ley y no juez del poder, como decía Max Weber. En esa democracia, el "avance democrático" es respetar la opinión ajena y no someterse a una mayoría transitoria, aun contra los propios principios y valores, o los principios y valores de nuestra nación organizada.
En Venezuela, avanzado el escrutinio, cortaron la luz, anunciaron un ganador y se negaron a contar los votos. Diputados, senadores, jueces y fiscales: el futuro de la Argentina de nuestros hijos está en nuestras manos, y todos tenemos nombre y apellido y vivimos en ciudades o pueblos en los que nuestros hijos deberán vivir. Que los peronistas recuerden al General: "Primero la patria, después el movimiento y después los hombres". No alteremos el orden de las lealtades por interés personal, facilismo o cobardía. Tengamos vergüenza. Estemos a las alturas de lo que la Argentina, nuestra Argentina, la de todos, la de todos juntos, la del respeto democrático, ha puesto bajo nuestra responsabilidad.
