La inundación seguida de muerte. La captura caudillesca del Poder Judicial. Las manualidades de la corrupción televisadas. Es difícil jerarquizar estos factores para explicar el desasosiego que contamina el clima y saca a la gente de sus casas.

Pero su influencia combinada es evidente: la ciudadela kirchnerista está siendo amenazada por una reconfiguración de la política. Según una de las encuestadoras más certeras, la imagen de Cristina Kirchner tuvo en lo que va del mes un deterioro de 10 puntos. Es una variación con alcance electoral. La alteración en el ánimo de los votantes lleva a los dirigentes a repensar sus pasos. En los próximos días, Sergio Massa podría decidirse a intervenir en las elecciones bonaerenses como candidato a diputado con una lista propia. Si lo hace, los alineamientos actuales y los resultados previstos para octubre sufrirían un cambio decisivo.

El miércoles pasado, la Presidenta perdió una batalla crucial. La Cámara Civil y Comercial declaró que la limitación de la ley de medios al número de licencias que puede operar Cablevisión es inconstitucional. En cambio, admitió que se fije un cupo para las frecuencias radioeléctricas asignadas al Grupo Clarín.

Los camaristas María Susana Najurieta, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras corrigieron al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, en sus resoluciones, pero también en su método. A diferencia de Alfonso, se basaron en un examen detallado de los elementos de prueba acumulados en la causa, algo que acotará el margen de la Corte Suprema para una eventual refutación.

La Cámara, además, consideró que el Estado debe introducir regulaciones sólo cuando los bienes son escasos; cuando no son escasos, el equilibrio debe surgir del libre juego de la oferta y la demanda. Frente a los lugares comunes de la época, la de estos camaristas es una propuesta contracultural.

En el caso de Clarín, como las frecuencias no son infinitas, consideran razonable que la ley acote el número de licencias de radio y TV abierta. En cambio, como el número de conexiones de TV por cable es ilimitado, dejan la dimensión de la compañía librada al mercado.

El núcleo de la sentencia fue elaborado por la jueza Najurieta, una abogada de bajísimo perfil, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la Sorbonne, especializándose en derecho internacional de familia hasta constituirse en una autoridad. Najurieta modificó el enfoque corriente sobre la ley de medios. En vez de verla sólo desde la perspectiva comercial, como un intento de evitar un monopolio, la interpretó desde el ángulo político, como una amenaza al derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución Nacional.

Najurieta tendió un puente lógico entre la rentabilidad de las empresas periodísticas y la libertad para difundir contenidos. Basada en peritajes contables y económicos, estableció que reducir la escala comercial de una compañía por debajo de determinado límite equivale a suprimir su independencia y, por lo tanto, a amordazarla.

Najurieta abrazó este principio en toda su amplitud. Sostuvo que el ahogo a los medios de prensa a través de la reducción de su clientela, de la privación de la publicidad oficial o de la restricción de sus avisadores privados constituye un acto de censura que viola la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. La Presidenta dijo que, al enterarse de este escrito, quedó muda. Se entiende.

La línea argumental de Najurieta, asumida también por Guarinoni y De las Carreras, mejora los argumentos presentados por Clarín. Y sugiere una sutil enmienda a la Corte Suprema. En su pronunciamiento sobre la cautelar que beneficia al grupo, la Corte había afirmado que, al menos en la etapa procesal, no parecía que el Gobierno pusiera en riesgo la libertad de expresión. Apenas estaba reorganizando un mercado. Pero el miércoles último los camaristas recordaron, con cálculos muy precisos en la mano, que las regulaciones antimonopólicas pueden, en nombre de la diversidad, eliminar a un medio de comunicación.

La sentencia de la Cámara reforzará la ansiedad del kirchnerismo por "democratizar" la Justicia. Lo explicó Marcelo Fuentes, el mellizo senatorial de Carlos Kunkel: el cambio de reglas judiciales se debe a la necesidad de vencer a Héctor Magnetto. Para el Gobierno, esta guerra se está transformando en un Vietnam. Quedó a la vista la semana pasada, cuando la señora de Kirchner debió ordenar a Martín Sabbatella suspender las sesiones de la Afsca, que estaba a punto de conceder al grupo de José Luis Manzano y Daniel Vila lo que le niega a Clarín. Manzano y Vila prestan servicios invalorables para conseguir el favor presidencial. Fueron sus medios los que aclararon a la opinión pública que Lázaro Báez , el socio de Néstor Kirchner, jamás lavó dinero. Leonardo Fariña desmintió las confesiones de Leonardo Fariña en programas sobre espectáculos producidos por empresas cuyo destino se discute en estas horas en la Afsca. Eso sí, el resultado para el Gobierno no fue el más conveniente: gracias a esa farandulización, el 95% de los votantes del área metropolitana está enterado del escándalo. Lo dicen las encuestas.

A partir del fallo de Najurieta, Guarinone y De las Carreras, al Gobierno se le vuelve más urgente poner un plazo a las cautelares, de modo que quede anulada la del "monopolio". También crear una cámara de casación civil y comercial que corrija el fallo del jueves último. La reforma consigna que esas nuevas cámaras actuarán en las causas en curso. Es decir: a casos como el de Clarín, en los que la Casa Rosada viene perdiendo, se les agrega una instancia a partir de la cual vaya ganando. Como para ese abracadabra hacen falta magistrados dóciles, se modifica la composición del Consejo de la Magistratura y se reduce a la mitad más uno el número de votos para nombrar o remover jueces.

Cristina Kirchner, que suele interpretar su biografía como una cadena de récords, podría esta semana superar su propia marca. Ella, que en julio de 2008 consiguió que una muchedumbre se congregara en el Monumento de los Españoles para disuadir al Parlamento de aprobar la resolución 125, está a punto de repetir la hazaña. La oposición y varias organizaciones civiles lanzaron una campaña para pedir a los diputados que no voten la reforma ( http://acij.org.ar/reformajudicial/ ) y convocaron a una concentración frente al Congreso para pasado mañana.

El kirchnerismo está ajustado. La semana pasada reunió 133 votos. Pero para las reformas más traumáticas, las del Consejo y las cautelares, anoche sólo contaba con 124 legisladores. Necesita 129. El esfuerzo podría obligar a Sabbatella a regresar por unas horas a su banca. En un homenaje a Montesquieu, ayudaría como miembro del Poder Legislativo a imponer las reglas que él mismo necesita en el Poder Ejecutivo.

La Presidenta cree que no podrá conservar el poder y, menos todavía, proyectarlo más allá de 2015 sin ganar esta batalla. Pero como para hacerlo debe tomar decisiones cada vez más impopulares la meta a la que quiere aproximarse se le aleja.

El dilema se proyecta sobre el campo electoral. La posibilidad de que el Gobierno salga derrotado en la provincia de Buenos Aires, donde se dirime su supervivencia, entusiasma a Francisco de Narváez con la ensoñación de otro 2009. Con De Narváez se ilusiona Daniel Scioli, su socio semioculto. El eventual éxito de Scioli y De Narváez está inspirando a Massa a reajustar sus estrategias. El intendente de Tigre es un actor decisivo. De Narváez reconoce que lo supera en las encuestas. E importantes dirigentes del ultrakirchnerismo consideran que es el único dirigente capaz de ganarles la elección.

El viernes pasado, en el restaurante La Calesita, Massa alentó a varios aliados del conurbano con la inminencia de su lanzamiento. "Gano en octubre y me lanzo a la presidencia", les vaticinó. Sin embargo, todavía no terminó de anudar su estrategia. Su decisión se conocerá a comienzos de mayo. Si se postula, recibirá el apoyo de Mauricio Macri y de Roberto Lavagna, que detestan a De Narváez. Este diputado deberá recalcular su carrera. Igual que Scioli.

La Presidenta es la dueña de la incógnita mayor. La última maniobra que examinan en Olivos es postular a Alicia Kirchner para el Consejo de la Magistratura. De ese modo, el apellido gobernante se leería, en gran tipografía, en el primer cuerpo de la boleta, en todo el país. Suena simpático: la democratización de la Justicia quedaría reducida a una simple martingala electoral.