El día después de haber sorteado la primera prueba para conseguir el adelantamiento electoral y en una muestra del incipiente clima de campaña, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer la coparticipación a las provincias del 30% de la recaudación proveniente de las retenciones a la soja. La audaz jugada del Gobierno sorprendió a las entidades del campo, que desde hace tiempo reclamaban por el reparto federal de los recursos generados por las exportaciones agropecuarias, y significó un giro importante en el conflicto, cuyo peso político se trasladará ahora también a provincias y municipios.

El anuncio de Cristina fue acompañado y festejado en la residencia de Olivos por gobernadores e intendentes peronistas de todo el país, a los que se sumaron funcionarios, legisladores y sindicalistas aliados al Gobierno. Pero entre los ruralistas la decisión presidencial reavivó el malestar y la indignación: mientras los dirigentes de la mesa de enlace ratificaron que insistirán en el Congreso por la rebaja de las retenciones; productores federados y autoconvocados resolvieron en señal de protesta multiplicar los cortes que venían realizando desde el mediodía en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Tucumán y Chaco.

“He tomado la decisión para que, por primera vez en la historia de nuestro país, el derecho de exportación a la soja sea coparticipado con provincias y municipios”, dijo Cristina para poner fin a la expectativa que había provocado la amplia convocatoria política en Olivos, que durante toda la tarde motivó diversas especulaciones. Informó, a continuación, la firma del decreto que establece la creación del Fondo Nacional Solidario que repartirá entre las provincias el 30% de los ingresos fiscales provenientes de las retenciones a la soja, en un esquema igual a la distribución de la recaudación del impuesto al cheque.

La medida, según los cálculos de la Presidenta, implicará para las jurisdicciones del interior un ingreso adicional de $ 6.520 millones (u$s 1.776 millones) anuales, equivalente a un 11% de la actual masa coparticipable, y tendrá efecto retroactivo al 1º de marzo. Además, los fondos que reciban las provincias y que a su vez deberán ser coparticipados con municipios en la misma proporción que el reparto federal, tendrán como destino el desarrollo de un plan de infraestructura social, que abarcará la construcción de escuelas, vivienda y obras de saneamiento, cuya ejecución será fiscalizada por los ministerios de Planificación y Economía. “Esto tiene que ver con dar, no sacar ni quitar. Tiene que ver con un criterio de país en el cual todos tenemos que articular esfuerzos y ayudar para salir adelante. Acá no hay posibilidades de que unos se salven mientras el resto se cae”, justificó la Presidente.

Fuentes gubernamentales indicaron que la decisión de coparticipar parte de los ingresos por las retenciones a la soja fue tomada en soledad por Cristina y Néstor Kirchner, quienes solo adelantaron el anuncio al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. El resto de los ministros como los gobernadores e intendentes que viajaron desde sus distritos recién conocieron la medida durante la reunión que mantuvieron con la Presidenta en Olivos.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los mandatarios del oficialismo y en especial por los representantes de las provincias chicas, quienes coincidieron en que los nuevos recursos servirán para compensar la caída de la recaudación que enfrentan sus distritos y los problemas generados por la crisis en las economías regionales. En cambio, el santafesino Hermes Binner, que no concurrió al acto en Olivos, tomó distancia de la decisión presidencial y, tras reiterar la necesidad de suspender las retenciones por 180 días para incentivar la producción, reclamó al Gobierno que cualquier medida vinculada a la coparticipación federal sea debatida en el Parlamento.

En tanto, desde la oposición, el radical Gerardo Morales denunció que detrás del anuncio oficial hay un apuesta de “enfrentar al campo con las provincias y municipios por migajas”.