La derrota parlamentaria de las retenciones al agro, pese a lo que se esperaba, no se tradujo en la derogación inmediata de la resolución 125, que dispuso la suba del impuesto y que causó más de 120 días de conflicto con el campo. Se aguardaba, además, que la presidenta Cristina Kirchner realizara al menos una mención al respecto cuando habló públicamente, por la tarde, en Chaco, pero tampoco allí hubo novedades.

"Por ahora, no se deroga la 125. Todavía rige. No hay aún ninguna decisión política", dijo anoche a LA NACION un funcionario cercano a la Presidenta y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

De todos modos, según supo LA NACION, en las próximas horas se podría tomar la decisión de revocar la medida. Pero la intención original sería mantenerla. Ello se contrapondría a las promesas del propio gobierno. La Presidenta, el ex presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gabinete habían prometido que se respetaría la decisión del Congreso.

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo anoche al canal TN que, si bien no habló con la Presidenta de ello, "el presidente del PJ [Kirchner] dijo que iba a ser respetuoso de lo que aprobara el Congreso y [que] la Presidenta seguramente actuará en consonancia con el compromiso público, que estaba implícito al mandar la resolución al Congreso".

La Mesa de Enlace de las entidades rurales reclamó ayer que la Presidenta derogara la resolución. Ese pedido quizá lleve a Cristina Kirchner a demorar una decisión. Las fuentes oficiales confiaron que el futuro de la resolución se analizará en las próximas horas.

"Puede haber una derogación o podría crearse un proyecto superador de retenciones que tuviera el consenso del campo", se dijo. El Gobierno podría diseñar así un esquema nuevo o tomar ideas de otros partidos. Esto último es menos probable.

Consejos

Algunos asesores confiaron que aconsejaron a Cristina Kirchner que derogara la resolución 125 para superar la crisis política. Mantenerla podría agravar el desgaste para el Gobierno. Varios legisladores sostenían esa opinión. Incluso algunos funcionarios consideraron que el Gobierno no tendrá otra alternativa que revocar la norma, pues se quedó sin sustento legislativo y podría dar lugar a reclamos judiciales masivos.

"La resolución perdió legalidad, pero debe ponerse de acuerdo el matrimonio", dijo un empinado legislador a LA NACION. La intención sería estirar esa decisión. Nada saldría publicado hoy en el Boletín Oficial. Para el Gobierno, por ende, tiene vigencia la controvertida resolución que firmó en marzo el entonces ministro de Economía Martín Lousteau.

"Para una derogación, hace falta una decisión política. Y esa decisión no está. Hay que esperar. Puede estar o no", aseguró otra fuente oficial, muy allegada a Cristina Kirchner y al ex presidente Néstor Kirchner. Aún los productores del agro deben pagar las alícuotas de las retenciones rechazadas por el Senado en la madrugada de ayer.

Sobre las demandas judiciales contra el Estado, el argumento de los Kirchner es muy diferente: cuando se envió el proyecto de ratificación al Congreso se especificó en el artículo segundo que el Poder Ejecutivo se reservaba la facultad de aplicar retenciones o derechos de exportación. "De hecho, nunca se mandaron los aumentos de las retenciones al Congreso y siempre se aplicaron", dijo a LA NACION un alto funcionario.

Por Mariano Obarrio
De la Redacción de LA NACION