En el reino del revés, los economistas que merecemos respeto por nuestra trayectoria profesional y porque somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y no vivimos del Estado tenemos que salir frecuentemente a defendernos de las descalificaciones que pretenden callarnos. Hace poco fuimos "liberalotes", ahora somos "plateístas" porque, como aquellos, seríamos energúmenos de cancha de fútbol que insultan y opinan sin saber. Y no seríamos conscientes de los condicionamientos que aparentemente obligan a que el equipo juegue para la tribuna, energizado artificialmente (léase, endeudamiento externo).
En realidad, lo primero que queda claro es que, por "las restricciones sociales y políticas existentes", el Gobierno no tiene intenciones de cambiar. Obviamente que con la reelección presidencial acercándose rápidamente, la racionalidad económica seguirá postergada. Pero ¿es una cuestión de restricciones políticas o de convicciones equivocadas? En diciembre de 2015 no había restricciones políticas para hacer un inventario de la herencia recibida y revertir los desmanes fiscales del kirchnerismo. Pero a Cambiemos parecería que le gustaban las políticas de Cristina y creía que era solo cuestión de gestionarlas bien. El verbo era "normalizar" más que cambiar. Dado que es difícil ver en el futuro mejores circunstancias políticas que las de diciembre de 2015, ¿tiraremos nuevamente de la cuerda hasta que circunstancias externas nos fuercen a un ajuste descontrolado?
El segundo punto que queda en claro es que el Gobierno no pondera adecuadamente la importancia de los desequilibrios económicos heredados. Por de pronto, no le preocupa un déficit consolidado de 7% del PBI mientras sea financiable, como si ese déficit no tuviera nada que ver con la persistente inflación y el atraso cambiario que permite el financiamiento externo. Tampoco parecen preocuparlo las consecuencias futuras sobre el déficit fiscal provocado por los intereses del creciente endeudamiento externo, particularmente cuando el atraso cambiario deba ser revertido.
Tampoco parece preocuparlo un nivel de gasto primario y de presión tributaria asfixiante. En el mejor de los casos el Gobierno apunta a reducciones graduales del déficit y del gasto primario, y esto siempre y cuando la economía crezca. No es consciente de que, a pesar de la caída marginal que ha realizado en el gasto primario, este es todavía ¡3 veces! el gasto en dólares de fines de la convertibilidad y ¡4 veces! el gasto en dólares de 2005, cuando con equilibrio fiscal crecíamos al 9% anual.
El tercer punto que queda en claro es que los funcionarios no asocian los excesos del gasto público y del déficit fiscal con el hecho de que la economía ahorra solo el 14% del PBI. Las recuperaciones económicas basadas en consumo público y privado son siempre efímeras. El costo económico de "la restricción política" es enorme y se traduce en falta de rentabilidad empresarial, particularmente en los sectores más competitivos, escaso nivel de ahorro e inversiones insuficientes para asegurar un crecimiento sostenido. ¿Cuál es la consecuencia? Como no hay rentabilidad, tienen que vivir retando a los empresarios para que inviertan. O tienen que armar negocios de inversión pública "asegurados" para que los inversores externos vengan. Y, así y todo, la inversión no supera el 17% del PBI, absolutamente insuficiente para crecer sostenidamente. Para colmo, un porcentaje alto de esa inversión se concentra en los sectores menos eficientes, los protegidos por las restricciones comerciales. Me pregunto, ¿alguna vez ponderan los costos económicos, presentes y futuros, de sus restricciones políticas?
El cuarto punto que queda claro es que no son conscientes de que con esta presión tributaria y este nivel de déficit no pueden confiar en un crecimiento sostenido que vaya licuando el gasto público y reduciendo el déficit. No se puede poner el carro delante del caballo ni confiar en el crecimiento para licuar el gasto cuando la situación fiscal de arranque es en sí misma un impedimento para el crecimiento del sector privado.
El ministro de Hacienda trata de demostrar que un ajuste del gasto no podría exceder 5% del PBI, y aun así, a costa de un suicidio político. Ratifico que bajar el gasto público en 15% del PBI, eliminar el déficit y bajar la presión tributaria 7 puntos no solo puede hacerse, sino que debe hacerse si queremos revertir nuestra decadencia. La baja del gasto y la eliminación del déficit puede hacerse en dos etapas; un ajuste inicial (insoslayable) que restaure la competitividad privada y luego un crecimiento privado que permita absorber los ñoquis y planeros que cobran sin aportar nada a la sociedad. Si las restricciones políticas para hacerlo son hoy mucho más altas que en 2015, la pregunta es ¿cuando cree el Gobierno que las restricciones políticas serán superadas? Porque si la respuesta es "nunca", estaremos condenados a problemas aun para sostener este modelo decadente que tenemos desde hace 70 años.
Finalmente quiero enfatizar que eliminar las desmesuras fiscales es solo uno de los pilares de un programa integral que nos permita revertir la decadencia. Los otros pilares críticos son la apertura de la economía y la eliminación del régimen laboral mussoliniano, que han cobijado las elites que nos han devorado.