Aunque hay precedentes de desafueros en el Parlamento, lo ocurrido con el ex ministro de Planificación Julio De Vido , quien ayer quedó detenido luego de que la Cámara de Diputados lo privó de sus fueros, reviste características únicas y -más importante aún- podría llegar a constituir un punto de quiebre en nuestra larga y nefasta tradición judicial y parlamentaria de otorgar impunidad a ciertas figuras que gozan o gozaron de un enorme poder político.

Los resultados de la votación en la Cámara baja fueron elocuentes: 176 votos en favor del desafuero solicitado por la Justicia, que lo acusa en graves casos de corrupción; ningún voto en contra; una abstención y 79 ausentes, casi todos del Frente para la Victoria, aunque seis legisladores de esta agrupación también votaron por el desafuero.

De esta manera, pese a seguir siendo diputado, al carecer de fueros fue posible detenerlo y así dar cumplimiento a lo ordenado en dos importantes investigaciones de otros tantos casos de corrupción: los presuntos sobreprecios en las compras de gas metano y los desvíos de dinero y otras irregularidades en el Yacimiento Minero de Río Turbio, en Santa Cruz.

La singularidad del caso de De Vido radica en que hasta hace muy pocos meses era un auténtico intocable, no sólo por su condición de diputado, sino también por su papel de figura central del kirchnerismo desde los lejanos años en que Néstor Kirchner gobernaba la provincia patagónica hasta los 12 años en que encabezó el más poderoso e importante de los ministerios, el de Planificación.

Era, no hace falta decirlo, el funcionario de máxima confianza de Kirchner.

Su cartera fue configurada de tal manera que concentraba las obras públicas, la energía y el transporte, áreas que muy pronto se constituyeron en auténticos filones para negociados de todo tipo y que, pese a las pruebas contundentes, la justicia federal prefirió ignorar durante largos años o demorar su trámite hasta que se operó el cambio de gobierno.

No es casualidad que quienes encabezaron las principales secretarías de Estado de aquel superministerio más temprano o más tarde se hayan convertido en emblemas de la corrupción kirchnerista, como Ricardo Jaime, ex titular de la de Transporte, y José López, de la de Obras Públicas.

En cambio, las débiles balas judiciales no rozaban a De Vido. Algunos explicaban esta inmunidad en su cercanía con algunos jueces federales y con algunos poderosos empresarios. Su verdadero poder residía en los nombres y hechos que su lengua podía llegar a enhebrar o callar.

Lo cierto es que de a poco De Vido llegó a acumular 136 denuncias, 26 imputaciones y seis procesamientos. Pero su condición de legislador nacional lo protegía. Por ejemplo, en mayo del año pasado, la Justicia quiso allanar su vivienda en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, pero sus abogados impidieron el operativo esgrimiendo los fueros del ex ministro.

De esa manera, se desnaturalizaba la razón de ser de los fueros, cuya finalidad, como sostuvimos en esta columna, de ninguna manera consiste en ocultar las pruebas de posibles delitos y proteger a eventuales delincuentes que pretenden usar al Congreso como aguantadero. En este sentido, la situación del ex presidente Carlos Menem, reelegido el domingo pasado senador por La Rioja, constituye un pésimo precedente debido a las dos condenas que pesan sobre él en otros tantos casos de corrupción.

Por desgracia, la extrema lentitud rayana en el desgano con que actuaron algunos jueces federales resultó funcional a la larga impunidad que parecía blindar a De Vido hasta que el cambio de gobierno y la pérdida de poder de Cristina Kirchner propiciaron la tan esperada reacción judicial.

Los dos casos que condujeron a la detención de De Vido -suerte que también podría llegar a correr la ex presidenta en un futuro no muy lejano-, son un buen ejemplo no sólo de la corrupción kirchnerista, sino de la desmesura que la caracterizó hasta otorgarle dimensiones de verdadera burla de cara a la sociedad. En el de los buques gasíferos se llegó a fraguar una operación que costó 2,5 millones de dólares con un buque que nunca existió, y en el de Río Turbio, la mina en cuyas entrañas murieron 14 mineros en 2004, fue la pantalla para malversar 26.000 millones de pesos.

Fracasadas las chicanas dilatorias de sus defensores, ayer De Vido se apresuró a presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para evitar sufrir la vergüenza de ser detenido en su domicilio. Probablemente sabía que esa imagen simbolizaría un ansiado cambio, el del comienzo del fin de la impunidad para quienes explotaron al Estado en beneficio propio.