El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, reclamó ayer una reducción de la presión tributaria de las provincias, que representa un 5,3% del PBI de la Argentina, según un trabajo presentado ayer en la entidad. "El campo es la actividad más federal del país, en todos los distritos hay actividad agroindustrial, por eso nos afecta sensiblemente la expansión de la presión tributaria de origen provincial", explicó ayer el presidente de la entidad en diálogo con la prensa.

Según el informe "Radiografía de la presión tributaria de las provincias", el impuesto a los ingresos brutos representa el 4,1% del PBI y es el tercero en la lista de la estructura tributaria de 2016, luego del IVA, que la encabeza con el 7,1% del PBI, y Ganancias, con el 5,4%.

Etchevehere reconoció el avance en varias cuestiones que conciernen al sector desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri, como la quita de retenciones, donde, según el dirigente rural, "quedó demostrado que la reducción impositiva genera más desarrollo para la actividad".

"La baja de estos impuestos contribuirán ampliamente al crecimiento de las diferentes regiones productivas y permitirá al campo equipararse con otras actividades económicas. Los impuestos provinciales aumentaron un 78% desde 2002. Los impuestos sobre los ingresos brutos deben bajar hasta desaparecer. El objetivo es dar competitividad a las provincias y esto frena el agregado de valor y el empleo formal en todos los distritos del país", dijo el presidente de la SRA.

En el informe especial que presentó el economista Ezequiel de Freijo, analista del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Rural, los impuestos que más aumentaron fueron Ingresos Brutos, 131%; Sellos, 136%, seguidos por los impuestos a la propiedad inmobiliaria rural de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Además, el profesional destacó que si bien en algunas provincias la actividad agropecuaria está exenta del pago de Ingresos Brutos, el productor termina absorbiendo ese impuesto cada vez que compra insumos, contrata servicios de flete o realiza cualquier otra transacción.

Por su parte, Etchevehere afirmó: "Este tema es central para debatir con el gobierno nacional, los provinciales y los municipios; se tiene que tratar hasta solucionarse. Es importante crear una mesa donde estemos todos los actores de la cadena para debatir de qué manera el impuesto a los ingresos brutos se puede reducir hasta eliminarlo".


Según la presentación, la carga fiscal difiere de provincia en provincia entre un 3% y un 7% de su producto bruto geográfico (PBG), es decir, de la actividad económica de cada distrito, y el documento destacó que en los últimos 15 años se vivió una importante expansión de Ingresos Brutos a raíz de reformas escalonadas que determinaron que hoy tenga una participación del 75% en la recaudación de las provincias, cuando en 2002 lo hacía en un 58%. En el ranking de provincias según lo que representa la recaudación sobre el PBG se destacan Tucumán (7,8%), Misiones (7,5%) y Santa Cruz (7,4%).

"Éste es un tributo altamente distorsivo, y el elevado aumento de la presión fiscal está generando fuertes pérdidas de eficiencia sobre la actividad económica. Tiene efecto cascada, por eso en el caso de la carne puede llegar a representar entre el 7 y el 11% del valor final del producto, según la provincia", afirmó De Freijo, quien además destacó que la carga se reparte en partes entre el productor y el consumidor, contribuyendo a ampliar la "brecha de los precios entre ambas puntas de la cadena de valor".

El economista también hizo hincapié en que el tributo a la propiedad inmobiliaria rural de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos es el doble que el total de ese gravamen (rural y urbano) en las 19 provincias restantes. Respecto del impuesto a los sellos, De Freijo destacó que existe una variación del 137%, siendo el tributo provincial que más aumentó entre 2002 y 2016, aunque aclaró que su incidencia es mucho más baja que la que tiene Ingresos Brutos.