CÓRDOBA.- "Despolitizar" el agua, que sea una "cuestión de Estado" y con planificaciones diseñadas a largo plazo fueron dos de las conclusiones del taller para el "Fortalecimiento Institucional para la Gobernanza de Cuencas Interjurisdiccionales organizado por el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP) con la participación de especialistas de los Países Bajos, que están avanzados en el manejo de este recurso.

Del encuentro participaron funcionarios provinciales, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, productores y legisladores, miembros de consorcios y asociaciones. En el apartado destinado a analizar las causas de las inundaciones establecieron que los suelos afectados son muy fértiles, sin ríos (es una cuenca que "desagua por evaporación"), con napas saladas y arsenicadas, por lo que los anegamientos son "muy dañinos".

El cambio en el uso del suelo -en los 60 el 60% eran pastos y el resto agricultura con rotación de cultivos ahora el 90% es cultivo ("mucha soja", dice)- provocó un desbalance entre las precipitaciones y la evapotranspiración, que fue perdiendo participación con el paso de los años.

En los últimos cinco años, además, aumentaron las precipitaciones (1200 mm/año), lo que "acelera y agrava el problema actual". La profundidad de la napa con respecto a la superficie del suelo (en metros) en el sudoeste de Santa Fe fue aumentando constantemente. En 1966 era de 13 metros debajo del terreno, este año es de 0,8 metros. El incremento fue de 0,24 centímetros por año. Las proyecciones marcan que la napa seguirá elevándose y que el riesgo para la zona es alto.

Durante el taller también se analizaron que hay obras -como canales y tapones clandestinos- que bloquean el escurrimiento natural del agua y cambian la retención local.

"El factor principal de las inundaciones es la subida continua de la napa durante las últimas décadas -continúa las conclusiones-; no basta con drenar el sistema el canales, la solución requiere una combinación de uso adecuado del suelo y obras. El problema es muy serio y urgente, se pierden los mejores suelos del país".

Los productores del sur y el sudeste cordobés y los santafecinos que participaron del encuentro insistieron ante LA NACION que es "importante" asumir los conceptos de los especialistas acerca de que el agua "no conoce fronteras políticas" y que "hay que planear y operar a nivel de la cuenca"

"Las provincias mantienen su responsabilidad final, pero admiten la necesidad de alinear políticas integrales y acciones" fue otro de los ítems que se planteó.

En las reuniones se establecieron "seis mandamientos" para el productor dentro de su campo y en diálogo con sus vecinos: conservación del suelo, rotación de cultivos, nutrición de cultivos (sin provocar excedentes, que contaminen el agua), evapotranspirar los excedentes, almacenar lo que no se pueda evapotranspirar o retener y evacuar el excedente como y cuando esté permitido.

PLAN SUGERIDO

Los especialistas de los Países Bajos indicaron que entre los aspectos a decidir para manejar el agua con más eficiencia se cuentan algunos como definir el nivel de servicios en tiempos de exceso y sequía (qué terrenos se pueden inundar, cada cuánto, qué usos tienen, qué tipo de protección) y delimitar zonas de retención permanentes o temporarias y protegerlas como tales (en servidumbre o expropiación de áreas destinada).

También decidir un sistema lo más natural posible o seleccionar áreas con alto grado de soluciones técnicas estructurales, como los polders holandeses (terrenos ganados al mar con colinas o dunas). Aconsejaron alinear políticas y objetivos del suelo y de modelo productivo y diseñar un plan de riesgo y de uso del suelo y hacer esquema para la "gestión integral" del recurso "cuenca respetando los patrones de escurrimiento naturales del agua".

Entre las propuestas también figuran garantizar la continuidad y previsibilidad de las acciones; reservar fondos de inversión, mantenimiento y operación para los próximos 30 años. Los fondos pueden provenir del mismo sector que se beneficia (con prefinanciamiento estatal) tanto para inversiones como para mantenimiento (tasas, retenciones, trasvase de fondos inmobiliarios), uniformar instrumentos, dividir roles y responsabilidades.

Una posibilidad sería un ente de planificación y gestión interjurisdiccional -que involucre a los actores interesados- que recopile la información necesaria y se asesore por especialistas, que supervise a los consorcios y en el que las provincias deleguen poder.