"Nunca dijimos que en el segundo semestre de este año la Argentina se transformaría en Disneylandia", se atajó el viernes pasado, por radio, el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Y tiene razón.

Pero fueron tantas las veces que el Gobierno repitió que durante la segunda mitad del año el país iba a estar mucho mejor que ahora casi todos lo esperan, como si fuera un aniversario o la final de un campeonato de fútbol. Y quizá el que más insistió fue el propio Macri. El Presidente, incluso, propuso varias apuestas con algunos periodistas con los que mantuvo encuentros off the record. La primera fue que la inflación de junio bajaría a menos del 2%.

La segunda premonición fue que a partir de la desaceleración de precios la economía iba a crecer del 2 al 4%. Y la tercera, que las inversiones se iban a multiplicar de manera exponencial. Los ministros del área, sin embargo, no están tan seguros. Los más prudentes, incluido el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, consideran que la previsión original de que la inflación bajaría el 25% anual empezará a suceder recién en abril del año que viene. "Fuimos demasiado optimistas. Fallamos en el cálculo por tres meses. Pero eso no significa que no estamos mejorando.

Lo estamos haciendo de a poco. Pero lo que viene son buenas noticias" me dijo otro ministro del equipo económico. En sus diálogos con economistas, gobernadores, banqueros, sindicalistas y dirigentes de la oposición Macri pide mucha paciencia y un mínimo de reconocimiento. "Me están corriendo todo el tiempo. Por izquierda y por derecha. Nos acusan de matar de hambre a la gente pero no cuentan que en la provincia de Buenos Aires casi estamos duplicando la entrega de bolsones de comida. Dicen que gobernamos para los ricos pero no valoran la decisión de reconocerle a los jubilados lo que durante décadas de las negó.

Nos responsabilizan solo a nosotros por la suba de precios, como si no nos hubieran dejado una bomba de tiempo. Pero ahora que la inflación está bajando nadie lo reconoce como un logro. Y se lo adjudican, casi de manera exclusiva, a la baja actividad y la recesión. Cuando la inflación termine de bajar y la economía empiece a mejorar ¿qué van a decir? ¿qué no crecemos al% anual?"

El Presidente quiere pasar por alto, lo más rápido posible, las graves consecuencias que produjeron el tarifazo y la explosión de los precios de los alimentos. Pide encarecidamente que no lo ataquen a Juan José Aranguren, pero al mismo tiempo reconoce que le parece justo que la Oficina Anticorrupción analice si viola o no la ley de tenencia de acciones de Shell por parte del ministro de Energía. Tanto el jefe de Estado como la mayoría de los ministros y secretarios subestimaron el tránsito de la jefatura de gobierno de la Ciudad a la Presidencia de la Nación.

Un amigo de Macri que no viene de la política se lo echó en cara sin sutileza. Le dijo que le parecía una barbaridad que le siguiera prestando a su amigo Nicolás Caputo unos cuantos millones de pesos y que encima lo hiciera aparecer en su declaración jurada. Le explicó que no se tenía que enojar si el fiscal Federico Delgado decide investigar hasta su ropa interior, y que eso incluye el controvertido divorcio de su hermano. Además interpretó que para que una buena parte de los argentinos dejara de repetir que gobierna para los ricos, no solo debía mantener los planes sociales ni reconocer el sacrificio de los jubilados.

También tenía que imponer multas a los formadores de precios que se abusan y denunciar la cartelización de algunas actividades, más allá de la obra pública del gobierno anterior. Macri le tomó la palabra y le explicó que, más allá de la inflación y el crecimiento, el gran desafío que se propuso es hacer que el sistema judicial funcione de verdad. A pesar del evidente beneficio político que le representa el escándalo del revoleo de bolsos con u$s 9 millones de José Francisco López, la captura de Ibar Pérez Corradi en Foz Iguazú y la confirmación de que los hijos de Lázaro Báez son cotitulares de cuentas bancarias con dinero negro en Suiza, el jefe de Estado desconfía de los fiscales y jueces federales. Él pretende que este mani pulite a la bartola no se limite a la pura espuma."Más importantes que las imputaciones, los llamados a indagatorias y los procesamientos lo más importante es que los delitos terminen en condenas, y que las causas no se vayan deshilachando, al compás de los tiempos políticos", opinó.

Es lo mismo que piensa el ministro de Justicia Germán Garavano. Y no es distinto, en lo sustancial, de lo que pretende la diputada Elisa Carrió. En el ranking de los jueces cuestionados, se encuentran, primero, Daniel Rafecas y segundo, muy cerca de él, Rodolfo Canicoba Corral. Rafecas ya tiene dos pedidos de juicio político. Y la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura está dispuesta a iniciarlos.

De Canicoba esperan que termine condenando a Omar �Caballo� Suárez, exsecretario general de Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), procesado por impedir la navegación y acusado de extorsión. De Federico Delgado se preguntan cómo tardó tanto en encontrar una mínima prueba del enriquecimiento ilícito de José López y porqué pone semejante celo en investigar a Macri y su conducta en los denominados Panamá Papers.

En el Gobierno también se preguntan cómo puede ser que los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero continúen en sus despachos, después de tantos fallos que los colocan bajo sospecha. Carrió los quiere enjuiciar. Cuanto antes, mejor. A Macri le alcanzaría con que presenten sus renuncias, como lo hizo Norberto Oyarbide. El no cree que aceptar la dimisión sea un acto de debilidad. O de garantía de impunidad. "Primero que se vayan y que dejen de hacer el mal. Y después que se los denuncie y se los investigue. Una cosa no impide la otra", dijo el jueves pasado.