Ni siquiera consideró necesario enmendar el papelón que cometieron sus seguidores cuando celebraron como una victoria monumental un supuesto segundo lugar en las elecciones.
Al final, resultaron terceros. Sólo tuvo ayer un gesto imperceptible: colocó a su lado al autor mediático del fracaso del domingo, Mariano Recalde, su ahijado político en la interna capitalina del kirchnerismo. La Presidenta es reiterativa a veces: para ella no existe lo que no se ve o de lo que no se habla.
Los jueces son mejores adversarios, sobre todo porque sólo pueden responderle muy de vez en cuando. Ayer mismo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió sobre un principio del tribunal que enfurece a la Presidenta: "No gobernamos, pero estamos para poner límites", dijo Lorenzetti. Cristina no acepta límites. Ese rechazo al principio de la división de poderes se convirtió ya en un problema institucional crucial de su gestión. De todos modos, Cristina reaccionó ayer con cierta decepción. No es cierto que todo el Poder Judicial se declaró independiente. Otros jueces le dieron importantes satisfacciones en los últimos días, aunque no en los casos que a ella más le preocupan.
"No tengo cuenta ni empresas en el exterior", disparó Cristina. ¿A quién o a quiénes se refería? ¿Acaso a los fondos buitre que denunciaron ante el juez de Nevada a funcionarios y empresarios argentinos, vinculados con el Gobierno, por el blanqueo de capitales? ¿O aludió a la investigación que realiza el juez Claudio Bonadio sobre el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia presidencial? Es posible que se haya referido más a Bonadio que al juez de Nevada.
Anteayer, la Cámara de Casación rechazó definitivamente la recusación de Bonadio que planteó la sobrina de Cristina, Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y presidenta de la empresa que administra los hoteles, Hotesur. La Cámara de Casación demoró inexplicablemente una decisión sobre la recusación de Bonadio. El juez Gustavo Hornos, quien debía volcar la balanza del tribunal, les anticipó a importantes protagonistas políticos, a principios de la semana pasada, que su voto confirmaría a Bonadio. Es lo que hizo.
Fue la peor noticia posible para la Presidenta. Cristina no quiere saber nada con Bonadio. Intentó destituirlo. No pudo. Intentó apartarlo del caso. Tampoco pudo. Ahora sus abogados están maniobrando para llevarse la investigación de Hotesur a Comodoro Rivadavia, donde siempre habrá jueces más comprensivos con la familia Kirchner. Esa causa es la que motiva su preocupación y su insomnio. Allí están imputados ella y su familia. No se investiga ninguna razón de Estado. Es más simple: un juez revuelve papeles porque quiere saber qué hicieron los Kirchner para construir una fortuna inexplicable. Y, fundamentalmente, cómo lo hicieron.
No hay una sola Justicia. Bonadio se mueve a su ritmo, político e independiente del kirchnerismo. Otros jueces le hicieron hace poco a Cristina un favor inmenso. Ayudaron a sepultar, junto con su autor, la denuncia que formuló el fiscal Alberto Nisman pocos días antes de morir extrañamente. Esos jueces fueron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que primero rechazaron la denuncia del fiscal muerto y luego demoraron pacientemente el traslado de la causa a la Cámara de Casación, hasta que estuvo de turno el fiscal de la oficialista Justicia Legítima Javier De Luca.
Se habló mucho de De Luca, que le cerró el paso a la investigación pedida por Nisman (y avalada por los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes). Pero De Luca fue, después de todo, coherente con lo que dijo desde el principio sobre Nisman. Se habló poco, en cambio, de Ballestero y Freiler, los verdaderos arquitectos de la operación que dejó la denuncia de Nisman en la nada.
Sin embargo, esa causa figuraba en el segundo lugar de las prioridades presidenciales. Aun cuando se hubiera abierto la investigación, el caso habría permitido siempre interpretaciones distintas sobre si fue una decisión política o un delito. Ese expediente hubiera terminado, tarde o temprano, trepando hasta la Corte Suprema de Justicia. La primera prioridad de Cristina es, sin duda, la investigación de Hotesur, que seguirá en poder del juez que más detesta, Bonadio.
Ballestero y Freiler prefirieron hacerle un favor a la Presidenta en los mismos días en que la Corte Suprema decidió fulminar el proyecto más ambicioso de Cristina: conformar una nueva Corte Suprema, voltear a la actual y reservarse considerables márgenes de negociación con el próximo gobierno. La Corte declaró nula la designación de los conjueces porque consideró inconstitucional el trámite que los nombró. La Presidenta quiere ampliar el número de miembros de la Corte, y puede hacerlo con los números que tiene en el Congreso. Lo que no puede hacer es nombrar a los nuevos jueces, que necesitan el acuerdo de los dos tercios del Senado, una mayoría de la que el cristinismo carece. Su proyecto consistía en poner en funciones a aquellos conjueces y negociar la integración definitiva del máximo tribunal con el gobierno que la sucederá. Pero los conjueces no pasaron por la puerta de los tribunales. Punto final. Los márgenes de negociación se encogieron dramáticamente para la Presidenta.
Por eso, ayer no se refirió sólo, y oblicuamente, a Bonadio. También hizo una referencia directa a la Corte Suprema cuando habló del narcotráfico, enorme conflicto al que sólo se refiere, cuando se refiere, para echarles la culpa a otros. "Menos discursos y más fondos para que la justicia federal investigue el narcotráfico. Eso lo debe hacer la máxima instancia del Poder Judicial", sentenció ayer para que no quedaran dudas de que se refería a la Corte Suprema. Pocas horas antes se habían conocido las declaraciones de Lorenzetti sobre la misión de la Justicia de ponerle límites al poder.
La mirada presidencial sobre el narcotráfico es notable por su manipulación. La Justicia es la última instancia en la lucha contra ese delito inhumano. De hecho, fue la Corte Suprema (poco después de un durísimo documento de la Iglesia Católica) la que denunció el crecimiento descontrolado del flagelo. La primera responsabilidad del combate contra el tráfico y producción de drogas en el país es del Gobierno. Para eso cuenta con las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y policías provinciales) y con los servicios de inteligencia, sin cuyo aporte aquel combate estará condenado a la derrota.
La responsabilidad de la Justicia consiste en juzgar luego lo que aquellos organismos del Estado descubren o desbaratan. Lo debe hacer de manera rápida y transparente, es cierto, sin dar lugar a sospechas de complicidades, que también existen sobre jueces y fiscales. Lo que la Presidenta no puede hacer es justo lo que hizo: ignorar su responsabilidad en el problema. Como ignoró el fracaso electoral en la ciudad desde la que gobernó el país durante los últimos ocho años.
