Sólo el 20% de la semilla que se utiliza para sembrar más de 30 millones de hectáreas en la Argentina está fiscalizada. El 80% restante es un saco roto que pierde semillas legalmente reutilizadas por el productor y semilla ilegal, conocida como bolsa blanca. Pero no se sabe qué proporción hay de cada una.

Estos indicadores ubican a la Argentina, tercer productor mundial de semillas de soja, como el país con mayor grado de irregularidad en este mercado dentro de la región.

Después de que fracasara reiteradamente el intento por modificar la Ley de Semillas, que data del año 1973, ahora el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), busca la forma de reglamentar con una resolución de ese organismo un sistema de fiscalización para identificar cuánto de ese 80% es semilla ilegal, así después buscar un mecanismo para combatirla.

El proyecto, que está en tratamiento en la Comisión Nacional de Semillas, que contiene a representantes de todo el mercado, incluyendo a las entidades rurales, aspira, en primer lugar, a ampliar el existente Registro de usuarios de Soja y Trigo, los principales cultivos en los que opera la ilegalidad por una cuestión natural: a diferencia de lo que sucede con el maíz, se puede obtener en el propio campo una semilla de soja o de trigo de iguales características a la comprada, que genere los mismos rendimientos.

El objetivo inicial del Inase es lograr incorporar en ese registro a cerca del 20% de los productores, responsables de un 80% de la cosecha.

Otro de los aspectos fundamentales que contempla el proyecto es que los productores deberán informar de dónde sacaron la semilla antes de sembrarla. La fiscalización que existe actualmente exige información a cosecha, cuando ya es muy difícil para el controlador poder reconstruir lo que efectivamente sucedió en la campaña.

Adicionalmente, el control en el futuro, si prospera el plan que, según pudo saber este diario, goza de un relativo consenso, no solamente se requerirá la presentación de facturas de compra de la semilla cuando corresponda, sino además, la presentación de los rótulos de las bolsas, que desde hace un año comenzaron a ser en muchos casos inteligentes, con códigos QR y otras herramientas que permiten conocer la trazabilidad de esa semilla, otorgando mucha información adicional.

Desde la industria semillera consideran que se trata de un paso importante, si bien no les resuelve de inmediato la cuestión de fondo, que es poder cobrar el llamado canon tecnológico por la inversión en investigación que tienen las semillas. "Sin fiscalización no hay control posible", destacó una fuente empresaria.

Una de las firmas que está en el ojo de la tormenta por el cobro de su tecnología es Monsanto, que implementó un sistema de contratos privados con productores para que, amparada en la Ley de Patentes, su nueva soja, con el nombre comercial de Intacta, reciba el reconocimiento por la tecnología.

Sin embargo, el sistema de validación de la patente, con una fiscalización comandada por la propia empresa en acopios y puertos, levantó la resistencia de las entidades agropecuarias. De hecho, ayer las cuatro integrantes de la mesa de enlace emitieron un comunicado en el que sostienen que "Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones", con referencia a lo que, en realidad, es el canon tecnológico que, por ejemplo, en la bolsa de maíz se paga con cada compra, porque la semilla no se puede reproducir en el propio campo.