La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por modelar el futuro.

En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano será juzgado de nuevo.

Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los Kirchner: su propio contador.

El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque, según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.

Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder Judicial adictos al Poder Ejecutivo.

El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es otro Gonella.

La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue cerrado al cabo de un "juicio farsesco".

La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula porque "es muy peligroso que los procesos terminados puedan reabrirse". En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza. Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con esta posición.

Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos. Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a los delincuentes de la "aduana paralela". El CELS, una organización kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.

De cinco a nueve

El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura frustraría la iniciativa.

Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que, presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.

El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.

El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en octubre. Carlés sigue siendo promovido como "el juez del Papa". La caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: "A Carlés lo mandaron desde Roma".

El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde ejerció la presidencia.

El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que emerja de las urnas.

Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el Poder Judicial se hubiera administrado siempre "con un toma y daca". Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: "Se cierra un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las instituciones". En esa época todavía no pensaba en el futuro.