Cristina Fernández ya no sufre la imputación de encubrimiento terrorista por el pacto con Irán y el atentado en la AMIA. Pero la bala que mató a Alberto Nisman causó una onda política expansiva que la continúa atormentando. Sobre todo por el misterio que envuelve la tragedia, a seis semanas de producida. No existe una sola pista firme. La propia fiscal Viviana Fein ha dicho que carece de certezas sobre si se trató de un suicidio o de un crimen.
Ningún golpe de magia encaminaría una investigación que ha extraviado el rumbo. Pero existe un dictamen en ciernes cuya autoridad –social y técnica-- será quizás muy difícil de rebatir. Que condicionará la escena. Se trata del trabajo de la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, y de sus peritos. La jueza está convencida que Nisman no se habría suicidado. Las conclusiones preliminares le estarían dando la razón. También contaría con un número de anomalías comprobadas de los primeros policías que ingresaron al departamento de Puerto Madero.
Aquel informe no constituiría buena novedad para el Gobierno. Hablaría de un peligroso descontrol en el submundo del poder. Cuyo origen resultaría incierto. Podría ser, en efecto, la guerra desatada en el mundo de los espías. Pero podrían ser también otras cuestiones. Las muertes sin explicación, es cierto, son moneda corriente en la Argentina. Pero cayó un fiscal que investigó el principal atentado terrorista en el país y tuvo la osadía de denunciar a la Presidenta y al canciller. La magnitud del hecho es lo que nunca quiso aceptar el kirchnerismo. Que explica además uno de los peores momentos de Cristina en el escenario internacional.
Las irregularidades en torno a la muerte misteriosa han sido demasiadas. Eso impulsaría a Arroyo Salgado a recusar a Fein. Recién después de cinco semanas, la fiscal llamó a declarar a Sergio Berni. Tal demora no podría explicarse sin contar la presión que ejerce sobre ella la procuradora, Alejandra Gils Carbó. El secretario de Seguridad estuvo en el departamento de Nisman tres horas antes que Fein. Juró que los cuidados de la escena habrían resultado extremos. Pero su testimonio no terminó de conformar. Fue impreciso sobre el momento y las circunstancias en que habría sido descubierto el cadáver. La certificación del deceso habría correspondido a la madre de la víctima, Sara Garfunkel. No, como hubiera sido lógico, a las autoridades médicas y judiciales.
Fein quedó con la impresión que durante un lapso después de la muerte habría reinado desorden en el departamento. Lo habían relatado de modo similar, aunque con matices, varios de los testigos públicos ocasionales. Diego Lagomarsino, el hombre que le prestó el arma mortal a Nisman, dejó boyando otros enigmas. En su segunda aparición pública se preguntó como es posible que sus huellas dactilares no aparecieran en la Bersa 22. Había estado manipulando ese revólver delante de Nisman. Incluso lo desarmó parcialmente y lo volvió a armar. Tampoco se entendería la ausencia de otros rastros de ADN en el departamento donde habrían circulado, desde que se tuvo constancia del drama, entre 40 y 50 personas. La oscuridad del caso daría pábulo para todo: ¿Qué pasó, por ejemplo, con la mujer hallada incinerada dos días más tarde frente al edificio Le Parc? ¿Fue una macabra casualidad? ¿Nadie reclamó por ella?. ¿Por qué motivo la Policía dejó de brindar información?
También salieron a la luz graves amenazas de muerte recibidas por Nisman luego que Cristina firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una fiscal acaba de solicitar la investigación para saber por qué motivo el fiscal fue filmado con tantos pormenores cuando arribó a Ezeiza, un par de días antes de la presentación de su denuncia. Arroyo Salgado creería que antes del homicidio hubo contra su ex marido una persecución de espías internos y externos. De la cual ni ella se habría salvado. Todavía no se dilucidó el origen de la foto del fiscal en la revista Noticias, que llegó a su poder con un punto negro sobre la frente. Presagio del drama que sobrevendría.
El kirchnerismo sigue zigzagueando con sus teorías. La Presidenta habló primero de suicidio y luego lo convirtió en crimen. Los obedientes K -todos- siguieron idéntica dirección. Pero el fallo de Daniel Rafecas, que demolió la denuncia de Nisman, habría abierto las puertas para un posible regreso al puerto inicial. El juez opinó que el fiscal muerto y el actuante, Gerardo Pollicita, no pudieron aportar un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que comprometiera a Cristina en un delito de posible encubrimiento.
Rafecas, en un tramo de su trabajo, incluyó una cronología interesante e inductiva. Relató los sucesos entre el 15 y el 19 de enero y apuntó a demostrar cómo algunas pruebas que el fiscal consideraba clave se habrían desmoronado. Mencionó, para ello, la intervención de Héctor Timerman cuando leyó una carta del ex titular de Interpol (2000-2014), Ronald Noble, en la cual desmintió cualquier gestión argentina para levantar las alertas rojas a los iraníes inculpados. Añadió, a propósito, dos notas divulgadas en el diario Página 12. Señaló que ni la Unidad AMIA ni la Fiscalía habían aportado nuevos elementos. Concluyó que, en esas condiciones, Nisman debía presentarse ante el Congreso el lunes 19 pero que el día anterior apareció muerto en su departamento.
El kirchnerismo sostuvo durante mucho tiempo que Nisman se había suicidado, precisamente, por esas razones. Por verse atrapado en un laberinto. Tendido al parecer por el espía Jaime Stiuso, que le habría inducido -o plantado- pistas falsas. La guerra contra Stiuso nunca se detuvo. La semana pasada el Gobierno lo apuntó con dos denuncias por lavado de dinero, contrabando y evasión impositiva. El texto de Rafecas colaboraría con la reconstrucción de aquel ensayo sobre suicidio.
Cristina recibió ese fallo cuando había resuelto multiplicar sus embestidas contra el Poder Judicial. El Partido Judicial, según lo bautizó después de la Marcha del Silencio. La desestimación de la denuncia de Nisman fue recibida como un bálsamo. La Presidenta subió a su blog en Internet el dictamen completo, también en inglés. Quizás para intentar asear su manchada imagen internacional. Le harían falta muchas más cosas que esas.
El kirchnerismo ha reconsiderado a Rafecas. Puso las cosas en orden, dijeron varios de los principales portavoces. El juez había sido condenado por su primera actuación contra Amado Boudou en el escándalo Ciccone. Donde incurrió en mala praxis. Fue colocado a tiro de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Por entonces parecía un desestabilizador. El clásico doble estándar de los K. La Justicia valdría sólo cuando los favorece. Pero por aquella causa de la compra de la imprenta que fabricó millones de billetes moneda nacional, el vicepresidente carga ya con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Rafecas desarrolló puntualmente sus razones para desestimar la denuncia de Nisman. Podrá haber con ellas coincidencia o no. Pero lo que llamó la atención fue la médula de su construcción argumental emparentada con la línea que derramaba del poder. Con un encomio por resaltar la conducta de Cristina y de Timerman en el conflicto de marras, propia de un dirigente político antes que de un magistrado.
La irrupción de Rafecas sorprendió en el propio Poder Judicial. Allí se especulaba con que antes del fallo, tal vez, el juez daría curso, al menos, a un par de pruebas del medio centenar que había pedido el fiscal Pollicita. A partir de entonces los interrogantes se han tornado interminables. ¿Podría servir aquel veredicto para establecer una tregua del Gobierno con la Justicia? ¿Habría intercedido, para que fuera resuelto con celeridad, alguna alta autoridad de la Corte Suprema? Circuló a propósito un rumor intenso sobre un contacto de Ricardo Lorenzetti con Carlos Zannini. Incluso se habló de un diálogo con el nuevo secretario de la Presidencia, el camporista Eduardo De Pedro. Todo fue desmentido de cuajo.
A lo mejor la intensidad de la refriega declina su nivel. Pero la Presidenta no resigna su propósito de cubrir la retirada. El Gobierno hurga, por caso, de que manera liberar el camino para designar en la Justicia a los 16 fiscales que promueve Gils Carbó, frenados por medidas cautelares. Cristina podría promover el adelanto para abril o mayo de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Habrá que esperar su voz de hoy en el Congreso. Esa maniobra podría permitirle incorporar aquel lote de fiscales. Existe una pista: la procuradora general cursó invitaciones a los fiscales para un curso de capacitación sobre el Código que arranca el miércoles que viene.
Tampoco Cristina desea sorpresas en otros campos. La unidad AMIA, donde trabajaba Nisman, fue integrada por fiscales que ofrecerían garantías. Nadie sabe que pasará con los colaboradores del fiscal muerto. Juan Patricio Murray, que comandará el equipo, militó en el Movimiento Evita. Sabrina Namer, por artilugios de De Pedro, escaló varios puestos en un concurso para llegar donde llegó. Esa fiscal declaró que se revisarán las razones por cuales fue desechada la pista siria.
Todos esfuerzos desesperados para reorientar la transición signada definitivamente por una muerte.
