Pensó que se habían entendido. Tanto que, a las pocas horas, anunció un compromiso de inversión en sucursales. Acababa de transmitirle al ministro una perturbación que arrastraba desde hacía varios meses: se sentía hostigado por el Gobierno a pesar de que, dijo, el banco no sólo no estaba en la vereda de enfrente del proyecto, sino que además venía colaborando en la emisión de colocaciones de deuda de YPF.

Su problema eran en rigor tres multas del grupo aplicadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y una denuncia de la AFIP en la Justicia, por supuestas maniobras con la facturación. Kicillof se mostró en la charla como suele ser en privado, amable, pero después de despedir a su invitado levantó el teléfono, llamó a la AFIP y a la UIF y pidió todas las carpetas que tuvieran del banco. Una sonrisa no es garantía de nada en el Palacio de Hacienda. Días más tarde, el 23 de enero, el Gobierno convalidó una devaluación superior al 20% y, horas después, en conversación con Víctor Hugo Morales, Kicillof sacudió el sector financiero con información de primera mano: dijo tener datos de que el HSBC había generado, junto con Shell, la depreciación de la moneda con operaciones con dólares a valores más altos que los del mercado.

Aquel conflicto resultó finalmente anticipatorio de frecuentes encontronazos que, anteayer, terminaron en la denuncia que la AFIP le hizo al HSBC por presunta evasión y asociación ilícita. A veces las diferencias no son sólo administrativas. Además de pertenecer a una corporación que enfrenta en el mundo investigaciones por lavado, Martino tiene aquí el perfil perfecto para disgustar a la última camada de funcionarios del Gobierno: es, además de banquero, hombre de alta exposición en los medios. En aquellos días de enero, mientras él salía en diarios que lo mostraban en cócteles en Punta del Este, el kirchnerismo repasaba las fotos con ironías en jerga financiera: "Miralo al tipo, siempre bien lavadito", decían. Un año antes, Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP, había sido incluso más mordaz en conferencia de prensa: "Les pido a las autoridades del HSBC que no insistan más en buscarme en eventos, como pasó recientemente en la Cámara Argentino China, donde estábamos por otros temas e insistieron en hacer gestiones, lobby, para explicar lo inexplicable".

Martino representa entonces el enemigo ideal para un gobierno que busca mantener la iniciativa política con dos obsesiones: que la Presidenta no se vea afectada por la debilidad de los gobiernos sin posibilidades de reelección y, mucho más relevante, atenuar el impacto de las investigaciones contra ella en la Justicia. La hoja de ruta se viene cumpliendo al pie de la letra. La lista completa de 4040 argentinos que, supone el Gobierno, tienen en Suiza cuentas no declaradas está en manos de Echegaray desde hace por lo menos dos meses. Alguien dio la orden de difundirla puntualmente ayer, en plena ebullición de la causa contra Hotesur, empresa de los Kirchner, y horas después de que el juez Claudio Bonadio le pidiera a la AFIP las declaraciones juradas de la Presidenta, sus hijos y Lázaro Báez.

El ente recaudador obtuvo esa información en París gracias a un convenio con Francia. En septiembre, en conferencia de prensa, Echegaray explicó el origen de todo: seis meses antes se había reunido con Herbert Falciani, ex empleado de informática de la filial del HSBC en Suiza, hombre que hoy trabaja para el gobierno francés y que conmocionó al mundo revelando datos internos del banco. No hay peor despedido que el que se lleva el pendrive. "Me dijo que había argentinos con cuentas en Suiza", contó Echegaray.

No es tampoco un momento fácil para el kirchnerismo, mientras las perturbaciones judiciales le hacen extrañar como nunca a su fundador. Las desprolijidades auscultadas hasta ahora en Hotesur son posteriores a la muerte de Kirchner, un sagaz hombre de negocios a quien no le alcanzaría la eternidad para contar todos sus secretos. Nadie lo sabe mejor que Amado Boudou, que paga en el caso Ciccone el precio de haberse apresurado en continuar una iniciativa que había empezado su jefe.

Así como el kirchnerismo no logró nunca reemplazar esa capacidad para las finanzas personales que el santacruceño compendiaba en un cuaderno Arte, necesitó también desde entonces un conductor para la economía del país. La Presidenta delega desde hace un año esa función en Axel Kicillof.

Más que un cambio de staff, ese relevo representó la apertura de la administración a funcionarios más marcados por la ideología y, este año, convertidos en protagonistas de investigaciones a bancos, cuevas y multinacionales. Antiguos colaboradores de Kirchner recuerdan que éste tenía por los bancos muchos más reparos que los que muestra, por ejemplo, Pedro Biscay, director del Banco Central, abogado, militante, especialista en criminalidad económica y virtual superintendente del sector financiero, cargo que formalmente ocupa Germán Feldman. "Con los bancos no se jode", repetía Kirchner.

Estos anhelos de los nuevos cuajan con el momento político de una presidenta que necesita mantener su imagen de luchadora contra las corporaciones. Nada hizo últimamente tanto por ese 46% de adhesión como el conflicto con los holdouts.

Los empresarios deberán lidiar con estos vientos durante el año que le queda al Gobierno. No es casual que la Unión Industrial Argentina (UIA) no esté siquiera cerca de ungir un candidato para suceder a Héctor Méndez y que las elecciones internas del año próximo le resulten, a la luz de estas contingencias, más una incomodidad que la ocasión de renovarse. ¿Quién querrá exponerse? Es tal vez lo que pensó la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que acaba de decidir por sexta vez, por unanimidad en comisión directiva, la reelección de Jaime Campos, cargo que deberá ratificar en asamblea. Hijo de los empresarios Mercedes Malbrán (creadora de Casa FOA) y Hernando Campos -un ingeniero industrial que acompañó a Enrique Shaw como fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)-, este sociólogo de 69 años con posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Yale sabe al menos que no les esperan ni a él ni a la entidad mayores sorpresas que las recibidas hasta ahora.

En la UIA las cosas parecen más urgentes. Primero porque deberá recibir a Cristina Kirchner la semana próxima en Pilar, durante la reunión fabril anual. Pero también porque eso coincidirá probablemente con la presentación que el Grupo de los Seis, que nuclea a los sectores más representativos de la economía, hará en la Justicia contra la ley de abastecimiento. Ese pedido de inconstitucionalidad podría motivar en la jefa del Estado una respuesta pública. No le faltará audiencia: el Gobierno ya adelantó a los organizadores la pretensión de hacer desde allí tres teleconferencias simultáneas con otros actos.

Será otra oportunidad para ofrendarles buitres internos a las tribunas. En pocos asuntos la Presidenta ha sido tan exitosa como en esas ceremonias.