La decisión del juez Claudio Bonadio de allanar las oficinas de Hotesur S.A. después de la denuncia de Margarita Stolbizer fue el comienzo de una batalla de resultado incierto: el senador Marcelo Fuentes denunció, horas más tarde, al juez penalmente por enriquecimiento ilícito, y propuso peón por peón: pidió el allanamiento de Mansue S.A., una empresa de la que el juez es accionista en un 20%. La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini, que sobreseyó al matrimonio Kirchner cuando investigó su crecimiento patrimonial entre 1995 y 2004. Al mismo tiempo, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, impulsó el pedido de juicio político contra Bonadio en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno salió en bloque a atacar al juez, y Aníbal Fernández llegó a afirmar que “en ningún país serio se allana la empresa de un presidente”. El caso de Bonadio se transformó así en una remake pornográfica del caso Campagnoli: hay que castigar al que se anima a investigar al gobierno. Súbitamente, el Gabinete en pleno se acordó de que Bonadio era un juez de la servilleta de Corach, y reflotó nueve pedidos de destitución que dormían en el Consejo de la Magistratura esperando el momento oportuno, esto es, cuando el juez se volviera díscolo. Aunque si se lo compara con Oyarbide, Bonadio es una combinación de San Martín y Belgrano, su historia no escapa a la de la mayoría de los jueces federales. Las denuncias por mal desempeño son:

El caso Tandanor, donde se lo acusa de extender el plazo de elevación a juicio generando el sobreseimiento de todos los acusados por la venta del astillero.

La tragedia de Once I: denunciado por los familiares de las víctimas por demoras en las indagatorias.

La tragedia de Once II: dio la orden de cesar en la búsqueda de sobrevivientes, entre ellos Lucas Menghini Rey.

Causa Yoma: demora intencional de la etapa de instrucción.

Mal desempeño en un juicio por el contagio de 1.200 pacientes hemofílicos.

Malos tratos en el juzgado a un procesado que se presentó para solicitar el sobreseimiento.

Malos tratos a una abogada.

Por encabezar una campaña de hostigamiento para limitar la legítima defensa de un acusado.

Abuso de autoridad en la causa contra Ricardo Jaime.

Todas estas acusaciones llevan años de existencia, y tres tienen dictamen desestimándolas: Tandanor, Yoma y Hemofílicos. El Gobierno necesita una mayoría especial, nueve votos de trece, para juzgar al juez, y sólo suma siete. Pero sí pueden aplicarle sanciones disciplinarias, y con “pluralidad de sanciones” un juez puede ser acusado de mal desempeño y tener que enfrentar un jury.

–Esta es una pelea entre ladrones, le dijo a Clarín uno de los miembros del Consejo. Bonadio le conoce algunas al poder, y el poder le conoce otras a Bonadio. Favores les ha hecho bastantes. La pelea, en realidad, empieza cuando Bonadio lo procesa a Boudou. Antes de eso, los kirchneristas no impulsaron ninguna causa en el Consejo.

Pero ahora hay una diferencia: Cristina está nerviosa, la ruta del dinero K, su relación con Lázaro Báez y las operaciones hoteleras de lavado comienzan a unirse en un juego de pinzas peligroso que escapa a su control. En Argentina el juez Tortuga Casanello sigue demorando todo lo posible la indagatoria a Báez padre e hijo, y evita colaborar con los tribunales extranjeros que instruyen causas conexas: la Justicia uruguaya ya envió tres exhortos a la Argentina que nunca fueron respondidos. A pesar de eso, en la causa llegó a probarse la sospechosa compra del campo El Entrevero realizada en 2011 por 14 millones de dólares, y vinculada con Pérez Gadin, el contador de Báez, cinco testaferros, dos sociedades anónimas y seis bancos. En Suiza la Justicia dispuso el bloqueo de diez cuentas vinculadas a Báez, y en Nevada el Fondo Buitre NML hizo una presentación judicial para obtener datos de 123 empresas que, como ya había probado el fiscal Campagnoli, pertenecen a Lázaro; allí buscan los rastros de 65 millones. Los representantes de la American Task Force Argentina brindaron a la prensa un gráfico en el que indican cómo salió el dinero de Lázaro desde Argentina hacia Uruguay, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, después a pequeños fondos en las Bahamas, y desde allí a Estados Unidos. Más tarde esos fondos fueron depositados en Suiza y Lichtenstein por empresas radicadas en las Islas Seychelles.

En otro fuero, el Penal Tributario, el juez Javier López Viscayart ordenó allanar las oficinas de Lázaro en el Pasaje Carabelas 241, a partir de una denuncia de Elisa Carrió. Carrió denunció a Báez después de que Hugo Alconada Mon publicara en La Nación parte de la documentación de la empresa Valle Mitre, administradora de empresas de Báez donde se acredita el alquiler de 1.100 habitaciones al mes de los hoteles presidenciales. Báez les pagó a los Kirchner casi 3,2 millones de pesos en concepto de alquiler del hotel Alto Calafate; fueron en total 14,5 millones durante 2010 y 2011. Viscayart investiga el manual básico del lavado de dinero: a través de hoteles con habitaciones vacías.

Cuando fue evidente que la sede social de Hotesur, la empresa presidencial, estaba en una dirección falsa, y que en efecto se había atrasado varios años en la presentación de los balances ante la IGJ, el Gobierno decidió traer la manada de elefantes para ocultar el elefante propio: denunció la existencia de unas cuatro mil cuentas en Suiza que habían sido reveladas por un empleado infiel del HSBC en Europa. Hay quienes sostienen que esta reacción fue intempestiva y equivocada: no llegaron a cruzar la existencia de las cuentas con las declaraciones ante la AFIP, y varias de ellas serían cuentas declaradas, con lo cual la denuncia queda sin sustancia.

En el río revuelto también aparecieron cuentas en Suiza de la tropa propia: Alvarez Agis, el segundo de Kicillof, entre otros. El mensaje es claro: nosotros somos chorros, pero ustedes también.

Es obvio que el kirchnerismo no inventó el apriete a los jueces, pero nunca lo había hecho tan evidente ni a la luz del día, lo que quizás marque su nivel de desesperación. Les va a ser difícil tapar el sol con la mano.