El Gobierno anuncia que no se ajustará a pesar del déficit fiscal, porque eso va en contra de sus convicciones y de lo que define como sus objetivos sociales y redistributivos.

Pero, finalmente, muchos recursos no se usan, a pesar de que las partidas nunca fueron recortadas. Es decir: las necesidades no son atendidas y lo único que queda a salvo es el relato, que dice que el Gobierno "no hizo el ajuste". En once meses se usó menos de uno de cada cinco pesos presupuestados para mejorar la política y la infraestructura penitenciaria. Algo parecido pasó con lo asignado para mejorar la calidad educativa.

Son todas causas muy utilizadas en el relato kirchnerista. ¿Será que las cárceles son modelo y la readaptación social de los penados un ejemplo? En el país que muestra un significativo deterioro de los resultados en las pruebas PISA, ¿es lógico que se haya gastado menos de un cuarto de lo asignado para mejorar la calidad educativa?

Cada vez que puede, la presidenta Cristina Kirchner se complace en recordar todo lo que ha hecho para el desarrollo científico. Pero, de los recursos asignados para innovación y desarrollo de la formación tecnológica en 11 meses, con el año casi terminado, no se usó ni la mitad del dinero que está disponible.

Es ineficiencia en la gestión, que no nació, por cierto, con el kirchnerismo. Pero sí adquiere una forma brutal. Pareciera que las correcciones fiscales no se hacen, se emite para no hacer el recorte de los recursos disponibles. Y, al hacerlo sin respaldo, se genera inflación. Ese dinero, en algunos sectores, luego no se usa.

En otros, se gasta por encima de lo previsto inicialmente. Los gastos operativos, los pagos por ventanilla, los subsidios sin contraprestación son los más fáciles de hacer. Y han tendido siempre a sobreejecutarse. El kirchnerismo, que dice que con la infraestructura y las obras viales sostiene la actividad, ralenta las obras y demora los pagos. Pero gasta a manos llenas en publicidad y propaganda y no mejora las cárceles o caen las construcciones camineras, según el Indec.

También los subsidios a los servicios públicos aparecen ejecutados a raudales. Podrá decirse que en algunos casos tienen nobles objetivos y es cierto. Pero pareciera que hay un exceso enorme de aliento al consumo de electricidad, funcionamiento de Aerolíneas Argentinas y mucha más morosidad para usar recursos para recuperar a víctimas de adicciones. O para detección y tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Qué debería tener prioridad?

La forma en que el Gobierno utiliza los recursos, no sólo cómo los asigna, habla también de las elecciones que hace y los principios que lo rigen. Y no parece que esté en camino de solucionarlo, ya que en 11 meses apenas usó la mitad de los fondos para modernizar la gestión. Es interesante fijar como prioridades la salud y la educación, pero no se condice con usar luego menos del 25% de las partidas para sanidad escolar.

Gasto improductivo

Muchas de las partidas en las que el dinero no se ha usado son aquellas que, según Cristina Kirchner, no deberían figurar entre los gastos, sino entre las inversiones. Ésa una discusión semántica inútil. Para empezar, porque comienza con la peor de las ideas: que todo gasto es malo. Por lo tanto, si uno es bueno, es porque no es gasto, sino inversión. Una forma muy rara de decirse progresista.

Pero lo peor de todo es que, gasto o inversión, luego no se use ni la mitad de lo previsto en funciones que son indelegables responsabilidades del Estado, como la recuperación y reeducación de los delincuentes condenados.

En realidad, parece parte de un ajuste que no se anuncia, pero finalmente se hace, mientras se mantienen las ventajas del relato que niega la realidad que los números muestran. Sin disciplina fiscal, no se admiten las restricciones ni se asume la realidad de una economía que hace tiempo dejó de crecer.

Y se logra el peor escenario. Se hace el ajuste y se postergan gastos sociales y de obras, pero la emisión y el déficit fiscal continúan en ascenso mientras se sostienen la inflación y la desconfianza.

Todo el esfuerzo de las correcciones deben ser afrontado por el sector privado, incluso por algunos que dependen del Estado.