La reforma del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) que el Gobierno impulsa para que pase a promover todas las carnes, no sólo la bovina, podría reducir o llegar a dejar afuera de la composición del organismo a las entidades gremiales del campo, que hoy tienen participación en ese ente de derecho público no estatal en el consejo de representantes, su órgano de dirección.

La ley 25.507, que creó el Ipcva en 2011, en su artículo 6 reservó cuatro representantes del sector productor a las entidades hoy integrantes de la Comisión de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En cambio, en la nueva ley que impulsa el Gobierno, a cuya copia accedió LA NACION, no se hace ninguna mención de las entidades gremiales del agro como integrantes del consejo de representantes. El nuevo artículo 6, inciso "a", sólo habla de "tres representantes del sector productor", lo que abre la puerta a que puedan estar integrantes de otras asociaciones o productores no vinculados con las entidades de la Comisión de Enlace.

Aunque la nueva norma no nombra a las entidades gremiales, una fuente oficial aseguró que, no obstante, "la idea es que estén adentro".

La modificación de la norma también impulsa una mayor participación estatal en el consejo de representantes titulares. Sube de uno a cuatro. Además del representante por Agricultura, ahora también tendrán lugar el INTA, el Senasa y las provincias, que tendrán un hombre a propuesta del Consejo Federal Agropecuario.

La nueva norma también busca una mayor injerencia estatal en la Asamblea de Representantes, que, entre otras funciones, aprueba el balance y el presupuesto del organismo. Hoy allí hay 10 miembros del sector privado, entre productores y la industria frigorífica, y cuatro por el Estado, entre el representante del Ministerio de Agricultura y las provincias. En el nuevo ente habrá nueve del Estado, esto es, el Ministerio de Agricultura, el INTA, el Senasa, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) y cinco miembros por las provincias. Los privados también serán nueve, seis del sector productor, donde dos de ellos deberán provenir de las cooperativas y de los pequeños productores, y otros tres de la industria. El presidente del Ipcva será un hombre del Ministerio de Agricultura. Todos los cargos serán ad honórem. En el actual Ipcva el único puesto rentado con honorarios es el del presidente.

Aparte de la carne vacuna, el ente incorporará las cadenas aviar, porcina, ovina, caprina y las provenientes de la pesca y la acuicultura.

Pese a que el país ya tiene un alto consumo entre todas las carnes, con 120 kilos por año, el Gobierno, con el nuevo ente, pretende seguir promoviendo el aumento del consumo interno y parece darle más fuerza que a la exportación.

Mientras la actual ley dice que "serán tareas prioritarias del Instituto promover el aumento del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones cárnicas", la nueva norma prioriza las prioridades por incisos. Así, en el nuevo artículo 2, el inciso "a", menciona promover el aumento del consumo local de todas las carnes y luego, en el inciso "b", fomentar las exportaciones.

La nueva ley impulsa una mejora de la eficiencia productiva y tiene entre sus prioridades que haya un "comercio a precios justos".

Para el financiamiento del ente crea un fondo con "contribución obligatoria" de hasta 0,20% del valor del animal que se vende y del 0,09% de un aporte de la industria. Al margen de estos porcentajes, similares a la ley actual, la nueva norma precisa que podrían ser "diferenciadas las alícuotas" que paguen los distintos sectores cárnicos.

La ley de 2001 reservó la creación de un consejo asesor, que incluía desde productores, industriales y trabajadores hasta la Cancillería para que realizara recomendaciones y opiniones al consejo de representantes.

El nuevo proyecto incorpora en ese consejo más ministerios, ya que además de Cancillería suma a Ciencia, Industria y le da un espacio a la Secretaría de Comercio. También podrán estar allí las universidades. De once miembros de ese consejo, seis serán estatales, entre ministerios o entes oficiales.