Una investiga el exorbitante aumento de la importación de efedrina (un precursor químico clave para la elaboración de drogas sintéticas o como agregado de la cocaína) durante los años 2005 y 2008. La otra estalló por un estrago judicial del infaltable juez Norberto Oyarbide, quien sobreseyó a los imputados en un caso que investiga a droguerías que habían aportado a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. Esas droguerías estaban vinculadas también con el caso de la efedrina.

En el país se habla desde hace mucho tiempo de la necesaria relación entre el narcotráfico y la política, parentesco de las que son forzosamente partícipes algunas fuerzas de seguridad. La pregunta sin respuesta es hasta qué profundidades del Estado penetró el negocio de la droga. La respuesta es importante porque podría describir el tamaño de la esperanza, si es que ésta existe. Basta ver las experiencias de México y Colombia para advertir el poder del narcotráfico y el esfuerzo de los Estados para reconstruirse luego de su parcial cooptación por los mercaderes de la droga. ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Hubo complicidad o negligencia? Tal vez haya dosis de ambas cosas en el desolador paisaje actual.

El gobierno de Cristina Kirchner ha dejado huellas en la decisión de cerrar causas o de negarle colaboración a la Justicia en los dos expedientes en cuestión. La jueza María Servini de Cubría debió advertir que estaba dispuesta a allanar la Casa de Gobierno si continuaba la reticencia en trasladarle información sobre llamadas telefónicas que vinculan a traficantes de efedrina con el principal edificio del poder argentino. Oyarbide es un juez inexplicable, pero conoce su oficio. Es poco probable que haya resuelto en una causa que ya no era suya sólo por voluntad propia. Recibió un pedido del Gobierno, dicen, para limpiar la campaña presidencial de Cristina. Una casualidad permitió que ese expediente fuera revisado por la Cámara Federal de Apelaciones más prestigiosa, que apartó al juez del caso, declaró nula sus decisiones y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Podría ser la última travesura de Oyarbide.

¿Qué llevó a Servini de Cubría a hacer semejante advertencia, que fue desordenadamente replicada en público por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli? La magistrada tenía las llamadas telefónicas de los acusados de traficar efedrina y la sospecha de que algunos de ellos se relacionaban con el poder. Le pidió a una de las más importantes empresas telefónicas que le enviara el listado de teléfonos de la Casa de Gobierno. La empresa no respondió, hasta que la jueza allanó sus oficinas. Se llevó una lista, pero seguían faltando doce números de teléfonos. Volvió a reclamar. Se los mandaron.

Pasó entonces algo curioso. Parrilli dijo en público, y notificó a la jueza, de que uno de esos teléfonos había sido dado de baja en 2001. La empresa telefónica se rectificó luego y le dio la razón a Parrilli. ¿Cómo habría cometido, entonces, semejante error después de tanto ir y venir con la Justicia? En los tribunales sospechan que ése es un número clave y que Gobierno y empresa convinieron en hacerlo desaparecer del expediente.

La falta de colaboración continúa. La mayoría de los teléfonos suministrados por la empresa corresponden a conmutadores. El Gobierno debería informar a la jueza hacia qué internos fueron derivadas las llamadas de las personas bajo sospecha. El Gobierno no responde. Por eso, Servini de Cubría dijo que estaba dispuesta a ir personalmente a la Casa de Gobierno para comparar las derivaciones de las llamadas bajo investigación.

La jueza debe esclarecer el de- saforado crecimiento de las importaciones de efedrina durante los años del kirchnerismo. La efedrina es una droga que se importa de India y que se usa en pequeñas dosis para elaborar medicamentos descongestivos. En 2004, el total de efedrina importada fue de 3500 kilos. Tres años después, en 2007, se importaron 20.000 kilos anuales sin que ninguna epidemia haya devastado a la Argentina. En el medio, México había impuesto restricciones a la importación de efedrina desde India. Resultado: el kilo de efedrina valía entones 100 dólares en la Argentina y 10.000 dólares en México.

En 2008, la importación de efedrina fue de 15.000 kilos hasta agosto de ese año. El 28 de ese mes sucedió el triple crimen de General Rodríguez. Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron asesinados por un ajuste de cuentas por la venta de efedrina a un cartel mexicano que ya elaboraba drogas sintéticas en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno se vio forzado entonces a restringir la importación de efedrina. La importación cayó abruptamente.

Servini de Cubría procesó hace pocos días al entonces jefe de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico, Juan Ramón Granero, un viejo amigo de Néstor Kirchner desde los tiempos de Santa Cruz. Granero y el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, se trenzaron cuando estaban en el Gobierno en una dura pelea por el control de la importación de precursores químicos. Fernández quería controlar la importación de efedrina y el Renar, organismo que registra la tenencia de armas. Kirchner le dio el Renar, pero conservó en poder de Granero el control de la importación de efedrina. La lucha interna entre los dos funcionarios llegó a tal extremo que Granero acusó a Fernández de haberle colocado un paquete con cocaína en una camioneta de su dependencia.

En las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia a dos condenados por el crimen de General Rodríguez, Cristian y Martín Lanatta, aparecen menciones que podrían referirse a Aníbal Fernández. Nunca se dice el nombre del actual senador, pero los investigadores judiciales sospechan que esas referencias apuntan a él.

Los funcionarios que responden a Servini de Cubría investigan con más sospechas, sin embargo, a los hermanos Luis y Rubén Zacarías, este último ex funcionario de Protocolo y Ceremonial de la Casa de Gobierno. Una información no corroborada aun le indicó a la Justicia que Rubén Zacarías podría haber participado de las contrataciones de aviones, que salían del aeropuerto de San Fernando con destino a México. No se sabe todavía si esas contrataciones las hizo a nombre suyo, de una empresa o del propio gobierno.

El caso está estrechamente relacionado con el que tenía Oyarbide. Éste investigaba a empresas farmacéuticas que habían participado de la importación de efedrina y que, a su vez, contribuyeron con dinero a la campaña presidencial de Cristina en 2007. El juez sobreseyó a todos los imputados, incluido Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud y principal recaudador de la primera campaña de la Presidenta. Oyarbide tomó esa decisión después de que la Cámara Federal le ordenara dos veces trasladar el expediente al juez Ariel Lijo. La causa habría quedado cerrada si la casualidad no se hubiera interpuesto, porque el fiscal no apeló. El abogado de uno de los sobreseídos demandó a su defendido por una cuestión de honorarios.

Ese expediente llegó a la Cámara Federal, que observó con escándalo que el juez la había desobedecido y que, además, decidió sobre un expediente que ya no era suyo. El durísimo fallo de la Cámara contra Oyarbide desestabilizó emocionalmente al juez, que pidió licencia. Es el juez que amontona más de 16 reclamos de juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura. Siempre fue defendido por el kirchnerismo, pero algunos kirchneristas dijeron que esta vez fue demasiado lejos. Jamás será creíble el reclamo de justicia legítima o de transparencia judicial que hace el cristinismo mientras Oyarbide sea juez y esté bajo su protección.

¿Se terminó en 2008 el trasiego de drogas en la Argentina? El país es todavía uno de los principales proveedores de drogas a Europa, sobre todo cocaína. Y es el segundo país de América, después de los Estados Unidos, en consumo de drogas, según el porcentaje de su población. En esas constataciones está la respuesta a aquella pregunta. A pesar de su gravedad, lo que los jueces investigan son sólo hebras sueltas de una madeja enorme, oscura, casi inabarcable.