Cristina Fernández lo menea para incomodar a la oposición mientras intenta que en el Congreso progrese el proyecto que promueve el cambio de la sede de pago de los bonistas que entraron a los canjes de la deuda del 2005 y 2010. Aquel dilema binario circuló también en las discusiones de las comisiones del Senado sobre las modificaciones a la ley de abastecimiento. ¿Qué tendría que ver una cosa con la otra? Difícil encontrar puntos de contacto. Pero los K explicaron que no se puede contradecir a la Presidenta en un momento –como ella misma dijo ante el general César Milani y su tropa– en que la Argentina está siendo agredida desde el extranjero. Una de las voces cantantes resultó la de Miguel Pichetto. El jefe del bloque oficial había asegurado, sólo una semana atrás, que para su paladar la ley de abastecimiento poseía un exceso de sal intervencionista. O varió de parecer o la patriótica cruzada contra los holdouts lo indujo a arriar esa bandera.

Se sabe, por demás, que el senador de Río Negro practica un hiperpragmatismo. Sus pensamientos serían apenas fugaces ensoñaciones. Dio prueba de ello cuando retó con dureza al gobernador de su provincia, Alberto Weretilneck, convertido en la nueva incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa. Pichetto le advirtió que ese salto constituía una locura. No por nada ideológico o político: simplemente por el déficit rionegrino que sin la asistencia de la Nación podía colocar en riesgo la gobernabilidad hasta el 2015. Claro que Weretinleck tampoco parece ser un enamorado de la filantropía. Habría decidido que sus dos diputados apoyen el proyecto enviado por Cristina para cambiar la sede de pago a los bonistas. Verá si, en algún punto, ese proyecto resulta conciliable con el que promete presentar su nuevo jefe, el diputado Massa. Lo importante para el mandatario será, a posteriori, pasar la gorra para que el Gobierno deposite el dinero que le falta a su gobernación.

Tampoco sorprendió que Jorge Capitanich, desde hace semanas, cada mañana, monologuee en soledad sobre la pelea con los fondos buitre. El lunes dijo que el paro nacional previsto para mañana, la oposición y los medios de comunicación no adictos a los K estarían siendo financiados por aquellos fondos buitre. Ayer se corrigió. Explicó que lo que había querido decir era que los sindicalistas y su protesta resultaban funcionales a los holdouts.

Esa corrección fue una exigencia que le impuso el titular de la UTA, Roberto Fernández.

La exigencia formó parte de un paquete de negociación para que el transporte no se pliegue a la medida de fuerza. Fue, sin dudas, el tópico menos importante.

Pesó mucho más un giro de fondos adicional para la obra social del gremio y otras prebendas todavía encapsuladas. Pero Fernández tenía que cubrirse las espaldas para incumplir una promesa que le había hecho a Hugo Moyano, el titular de la CGT, y Luis Barrionuevo, dos de los promotores de la huelga.

“Dejarlos en banda podría. Pero nunca bancar tus ofensas”, le dijo al jefe de Gabinete.

Llamativamente también Fernández terminó dando como excusa de su ausencia en la protesta la cuestión de la pelea con los buitres: “Este no es el momento. El país está en una instancia delicada”, comentó.

En parte, dijo la verdad. Los problemas salariales, del impuesto a las Ganancias, pérdida de empleo y la recesión golpean al transporte.

Son las razones centrales de la huelga sindical. Pero el gremialista de la UTA refirió a la presunta defensa de la soberanía. Ese sarpullido de nacionalismo repentino no alcanzaría para olvidar otras cosas. Fernández llevó a su gremio al paro, junto a Moyano, Barrionuevo y Pablo Micheli, de la CTA, el pasado 10 de abril. Es uno de los gremios que más amenazas de conflicto registra, en especial en las vísperas de cada fin de semana largo. El transporte automotor de larga distancia es una de sus herramientas dilectas de coacción. En agosto tuvo, por ese motivo, a maltraer al Gobierno. Aunque terminó cerrando un acuerdo mientras pasaba días de descanso en las playas de Miami.

La deserción de Fernández y la UTA fue vivido como un éxito político por el Gobierno. La circulación de transporte concede siempre mayor o menor volumen a una medida de fuerza. Pero la dimensión de aquella victoria está aún por verse. Ni Moyano ni Barrionuevo llamaron a una movilización. Sólo a un paro. La CTA de Micheli, en cambio, extenderá las 24 horas de cese de actividades a 36 horas, con una marcha y movilización que arrancará después del mediodía de hoy. Y los gremios radicalizados de la izquierda, que vienen desplazando al peronismo en las comisiones internas, anticiparon innumerables cortes en los acceso a la Ciudad.

Como aconteció en la huelga de abril.

Un panorama sobre lo que, de verdad, podría ocurrir con el transporte lo trazó el dirigente ferroviario Rubén Sobrero: “Puede ser que salgan uno o dos colectivos. Pero puede ser también que los demás se queden adentro”, explicó. La impresión de Sobrero es similar a la que, en la intimidad, conjeturan Moyano y Barrionuevo. El Gobierno teme a esa realidad, más allá del acuerdo que selló con Fernández. Frente a cualquier situación inesperada – cortes u hostilidades callejeras– el jefe de la UTA podría llamar a resguardar la integridad de los choferes y de los pasajeros. Y la circulación de colectivos se podría tornar restringida y hasta nula. Ese será, sin dudas, un punto de fuerte fricción en la previsible pelea del mensaje público entre el Gobierno y los sindicatos que harán el paro.

El problema para ambos retornará el día después. El Gobierno oficializó para el viernes la convocatoria al Consejo del Salario. Una especie de limosna para mantener mansa a la CGT kirchnerista. Moyano y Barrionuevo deberán redefinir su estrategia si, como se supone, la Presidenta sólo se aviene a abordar el conflicto desde un plano político.

¿Nuevas huelgas, más prolongadas?

, es el enigma que poseen los dos principales jerarcas sindicales. Ninguno de ellos olvida que de a poco la campaña electoral irá creciendo. Preferirían no enredar una cosa con la otra. Tampoco existen seguridades de hasta qué punto se mantendría el acompañamiento social con determinaciones de protestas drásticas.

Las incertidumbres del Gobierno parecieron aún mayores que las del sindicalismo. Sencillamente porque no hay horizonte económico que tienda por ahora a despejarse. El conflicto con los fondos buitre ha terminado de hipotecar este semestre y, tal vez, lo que reste de la transición. La inflación no se detiene, la carrera por el dólar tampoco y las reservas del Banco Central vuelven a sufrir. En agosto se fugaron más de US$ 300 millones. En dos días de la semana pasada US$ 164 millones. Ante esa tendencia, no habría eslogan que aguante.