Frente a un gobierno que pretende empujarnos cada vez más al precipicio al que llevan los caprichos, los desaciertos y la demagogia, el Congreso tiene hoy una oportunidad histórica: sus integrantes están en condiciones de aportar la necesaria cuota de racionalidad y responsabilidad, desechando falsos espíritus de cuerpo, para que se respete la división de poderes, uno de los principales ejes del sistema republicano.

El Poder Legislativo deberá tratar dos iniciativas del gobierno de Cristina Kirchner que serán decisivas para el futuro del país. Una de ellas es el proyecto de "pago soberano local" de la deuda pública; la otra, el de "regulación de las relaciones de producción y consumo", modificatorio de la ley de abastecimiento de 1974, cuya constitucionalidad ha sido justificadamente cuestionada ante la Justicia.

Es sabido que el Poder Ejecutivo aguarda que, como en otras ocasiones, el Congreso apruebe rápidamente y a libro cerrado esos proyectos, cuando lo que se requiere es un debate amplio y cuidadoso. No podemos ser ingenuos y esperar que la mayoría de los legisladores identificados con el oficialismo modifiquen radicalmente su actitud y se rebelen contra iniciativas que profundizarán los problemas del país. A menudo, esos diputados y senadores nacionales han funcionado como meros "levantamanos", olvidando que antes que soldados del grupo gobernante se comprometieron a defender los intereses, respectivamente, del pueblo y de las provincias que los ungieron como tales.

Tampoco podemos desconocer que buena parte de nuestros parlamentarios ha hecho caso omiso al artículo 29 de la Constitución, que impone la pena de los infames traidores a la patria a quienes otorguen al Ejecutivo la suma del poder público o supremacías inadmisibles, cuando no sólo delegó en él facultades legislativas, sino que las fue prorrogando incluso en períodos en los que no existían condiciones objetivas de emergencia económica. Fruto de estas absurdas y abusivas delegaciones, el gobierno kirchnerista ha expandido sólo en lo que va de 2014 en casi 200.000 millones de pesos el presupuesto nacional, por medio de decretos.

Pero sí podemos reclamarles con firmeza que, ante la gravedad de la crisis y ante la que se espera sea una presión todavía mayor de un Poder Ejecutivo que busca blindar su retirada, no sean cómplices de leyes que hipotequen nuestro futuro como Nación. Demasiadas oportunidades ya ha perdido el Congreso en todos estos años para poner frenos al autoritarismo del Poder Ejecutivo.

La primera de las iniciativas citadas persigue un cambio del lugar de pago para los titulares de bonos emitidos bajo legislación extranjera, afectados por el bloqueo de fondos dispuesto por el juez Thomas Griesa , y reabrir el canje de deuda para los holdouts en similares condiciones a las que rechazaron en 2005 y en 2010. Se trata de una norma que para muchos analistas resulta innecesaria, además de constituir un desafío a la sentencia del magistrado neoyorquino y una clara señal de que el gobierno argentino no está dispuesto a cumplir con la condena a pagar alrededor de 1600 millones de dólares a acreedores que recurrieron a los tribunales estadounidenses. ¿Por qué los legisladores tienen aquí una oportunidad histórica como hemos dicho? Porque cualquier cesión de atribuciones que realicen en esta materia vulnera el artículo 75, inciso 7 de la Constitución, que dice que es el Congreso el que debe "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".

El segundo paquete de proyectos, sobre el que el kirchnerismo logró imponer ayer un dictamen para ser tratado la semana próxima en el recinto del Senado, propicia lisa y llanamente la estatización de las relaciones de producción y consumo , al pretender establecer márgenes de utilidad de las empresas y precios de referencia y severas multas, clausuras y decomisos sin intervención de la Justicia para quienes no se adecuen a las normas dirigistas e intervencionistas del Poder Ejecutivo.

Ese aberrante proyecto constituye otro nuevo intento de avasallamiento al sector privado, pues afecta el derecho de propiedad y el de ejercer industrias lícitas, garantizados por la Constitución. Según representantes de uniones empresarias y expertos en derecho constitucional que ayer fueron al Congreso a hacer oír su voz, de sancionarse esta norma y de aplicarse la denominada ley antiterrorista. se perjudicarán aún más las casi nulas inversiones, al tiempo que se dispararán múltiples demandas judiciales basadas en su inconstitucionalidad, inconveniencia e irrazonabilidad.

El efecto de la sanción del proyecto de pago soberano local de la deuda no será otro que un mayor aislamiento de la Argentina en el mundo, dejándola por mucho más tiempo fuera del mercado de crédito internacional, indispensable para hacer frente al actual escenario, signado también por la escasez de dólares para el desarrollo de obras y para prefinanciar exportaciones e importar bienes de capital sin los cuales la economía será condenada al atraso y a una creciente pérdida de fuentes de trabajo.

Ha llegado la hora entonces de que, aunque más no sea por su propia supervivencia política, esos legisladores adviertan que el camino elegido por el Poder Ejecutivo sólo conducirá a profundizar los fracasos, privando a la economía de lo indispensable para su crecimiento; a las empresas y a los Estados nacional y provinciales, de crédito externo; a los trabajadores, de fuentes de empleo genuinas; a los potenciales inversores, de toda seguridad jurídica, y al país todo, de un rumbo cierto.