Los proyectos que ha movilizado el ejecutivo Nacional bajo la denominación "Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos Bienes y Servicios" patentizan el enfoque intervencionista y arbitrario que ha asumido el Gobierno en la última década y cuyos resultados económicos y productivos están a la vista.

En un país en donde la inversión privada interna y externa es de las más bajas del continente americano, crear estos instrumentos disuade cualquier intento de genuina inversión local y externa y predice una paralización en los procesos de inversión en momentos económicos de fuerte contracción.

Sobrada experiencia tiene el sector agropecuario que ha vivido en los últimos años el cierre de exportaciones, las limitaciones por cupos, la elección de quienes venden y compran, experiencias que en todos los casos lograron la fuerte caída de la producción y generación de divisas, cuando no la casi desaparición de las mismas. Carne, trigo y leche son ejemplos que pueden verificarse plenamente. Con aquellas regulaciones logramos la segunda inflación más alta de América y, sin embargo, el Gobierno persiste en el error llamándola transformación revolucionaria, conforme las declaraciones del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich.

El Gobierno cumple con su apotegma de “vamos por todo” y, en consecuencia,  pretende la regulación de toda actividad económica producida en el país, no solo la industrial, sino también la comercial y los servicios, incluyendo ramas como  esparcimiento, deporte y cultura.

Fijar precios y con ello márgenes de utilidad, establecer precios por arbitrio y decidir qué, cómo, cuándo y dónde se vende, transforma a la empresa actual en un silente empleado del Gobierno, quien decidirá en consecuencia que hacer en cada caso.

Una  experiencia similar a la iniciativa del ejecutivo argentino ya fue lanzada en Venezuela a fines de 2013, en una economía con la mayor inflación latinoamericana que supera el 50%. Es la nueva etapa  de la "ofensiva" contra los fantasmas económicos que el régimen chavista creó y que, supuestamente, son los responsables de la inflación. Respaldada por ley el gobierno venezolano constituyó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieoeconómicos (Sundde) cuyas funciones son las de regir, supervisar y fiscalizar los precios y márgenes de ganancias de los comercios.

Los proyectos en danza en la Argentina enfrentan disposiciones constitucionales vinculadas a la propiedad privada, al proceso judicial y/o administrativo, a la expropiación por utilidad pública y a la libertad, transformando a cada empresario en un rehén dependiente de un comité electo por la Secretaría de Comercio Interior. La misma Secretaría que ocupó por inolvidable tiempo Guillermo Moreno.

Gobernadores de las provincias que podrán imponer precios máximos con procedimientos poco claros, coloca a la actividad empresarial en cada distrito al arbitrio de intervenciones de todo tipo. Nos preguntamos entonces: ¿cuál es el sentido de las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes?, si los ejecutivos serán dueños de las producciones locales, pudiendo fijarles precios y condiciones de producción y venta.

Establecer penas a las personas jurídicas, pero también a sus directivos, nos retrotrae inmediatamente a lo actuado por este Gobierno con alguna petrolera, pretendiendo silenciar sus disensos comerciales con procesos que en ningún caso recibieron sanción judicial, simplemente porque carecían de sustento.

Al paquete de proyectos en cuestión se lo complementa con el “Servicio de  Conciliación Previa en las Relaciones  de Producción y Consumo (COPREC)”   que permite el intento de mimetizar los proyectos anteriores sobre la idea de una defensa del consumidor. Por tanto separar  ambas cosas debe ser una necesidad impostergable ante cualquier tratamiento que pudiera hacerse sobre el punto.

En marzo del 2008, un engendro llamado resolución 125 intentó disponer para el Gobierno la rentabilidad de las principales producciones granarías del país, pero el sector agropecuario advirtió el intento y fue acompañado por amplios sectores de la población rural y urbana, aunque en aquel momento gran parte del sector empresario guardó silencio. Otra vez se advierte lo negativo de imponer proyectos que estatizan la actividad comercial hasta hacerla intolerable.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechaza toda pretensión de que un pequeñísimo grupo de burócratas se apropie de la actividad comercial de un país, cuando han dado muestras claras de no poder conducir un proceso económico que permita a los argentinos a vivir mejor, crecer, eliminar la pobreza, ahorrar, invertir y dejar de ser la experiencia negativa de los países de la región.

Este andamiaje legal supuestamente busca controlar el proceso inflacionario que viene creciendo desde 2007 en la Argentina. Pero sabemos que todos estos ensayos han fracaso rotundamente e incluso han acelerado la inflación. Hay que dejar de perder el tiempo en recetas arcaicas y empezar a corregir los desequilibrios macroeconómicos (déficit fiscal, nulo crecimiento y caída de la creación de empleo) que permitan volver a la senda de desarrollo económico y social.