La posibilidad de que, acorralado, dispare acusaciones a 360 grados tenía anoche en vilo a muchos protagonistas del caso Ciccone. Está inquieto el juez Lijo, a quien Boudou prometió acusar de complicidad con varios empresarios. También esos empresarios, antiguos compinches de quien ahora busca compañía en la ruta hacia el cadalso.
Está alarmada Cristina Kirchner, temerosa de que su iracundo favorito lance "fuego amigo" contra el propio elenco de poder. Hasta los abogados de Boudou temen el roce de alguna esquirla del cliente.
El desasosiego es razonable. Boudou demostró, en abril de 2012, que es capaz de abrazarse a las columnas del templo y, combinando verdades y calumnias, hacer temblar la estructura del poder. Por eso la Presidenta, Carlos Zannini y varios dirigentes de La Cámpora, que en los últimos meses ni le atendían el teléfono, ahora lo rodean, con el pánico de verlo convertido en hombre-bomba.
Hacen bien. El vicepresidente se mueve con esa carencia de control social que, como describió Alessandro Pizzorno, caracteriza a los arribistas de la "nueva política". La misma impertinencia que lo hizo, rodeado de amigotes, avanzar sobre Ciccone ahora puede llevarlo a quebrar el sigilo con que el poder suele acorazarse.
Para Boudou el centro del problema es que, en el segundo párrafo de la citación a indagatoria, Lijo lo dejó más complicado. No lo presentó como el funcionario que realizó gestiones ilegales para que un amigo desembarque en una compañía asfixiada por el fisco. Escribió que él, "junto a José María Núñez Carmona, habría adquirido la empresa quebrada". Para el juez, Boudou sería el dueño de Ciccone.
La tesis se asienta en una prueba decisiva: Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, confesaron que se entrevistaron con Boudou. Fue bajo juramento, durante una declaración testimonial. Los abogados del vicepresidente pidieron que se anule el llamado a indagatoria, que incluye a Ciccone y a Reinwick, porque no se puede incriminar a alguien por lo que afirmó como testigo. Es curioso que no sean Ciccone y Reinwick los que formulen el reproche. Boudou quiere saber si Marcelo Ruiz, abogado de Reinwick y ex agente de la SIDE, es amigo íntimo del juez.
Boudou sabe que, al involucrarlo como dueño de la empresa, Lijo lo priva de una valiosa escapatoria: alegar que Alejandro Vandenbroele compró Ciccone para Raúl Monetta, que dijo ser el verdadero dueño, o para Jorge Brito, a quien el fiscal Jorge Di Lello pidió escuchar como testigo.
El jueves pasado Boudou dijo: "El juez protege a algún empresario y se lo quiero decir mirándolo a los ojos". De inmediato solicitó que su declaración sea televisada. El fiscal no encontró reparos al pedido. Pero el juez lo denegó. Entre Di Lello y Boudou hay otras convergencias. Di Lello, que suele dialogar con Eduardo De Pedro, uno de los gestores judiciales de La Cámpora, pidió que se llame a indagatoria a Máximo Lanusse, quien pasó de ser gerente de Brito en el Banco Macro a vicepresidente de la nueva Ciccone. Reclamó también esa medida para Pablo Amato, el gerente de la imprenta de cuyo teléfono salieron numerosas llamadas al mismo banco. Pero el juez no atendió esos pedidos de Di Lello. ¿Le pedirá la Cámara que lo haga, como pretende la Casa Rosada?
Otra diferencia relevante de Lijo con el fiscal es que Ricardo Echegaray tampoco fue llamado a indagatoria. El dato es clave. Echegaray podría decir que otorgó facilidades a los nuevos dueños de Ciccone por orden de Cristina Kirchner. Sería un terremoto.
Boudou no llega a tanto. Sólo se propone arrastrar a algún empresario. En ese cometido encontrará la involuntaria colaboración de uno de sus máximos rivales: Claudio Lozano. Este diputado acusó a Boudou de que, cuando estaba al frente de la Anses, realizó compras ilegales de préstamos garantizados que después canjeó con el Ministerio de Economía, en perjuicio del sistema previsional. También compró acciones de la empresa Mirgor, de Nicolás Caputo, el socio de Mauricio Macri, beneficiando a Hernán Fardi, que era accionista de la compañía y también funcionario de esa administración. Hoy Fardi es vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores.
Lozano se presentará esta semana ante Lijo para hacer notar que las sociedades a través de las cuales Boudou realizó esas compras son las mismas que sirvieron para inyectar fondos en The Old Fund, la caja negra a través de la cual se compró Ciccone. Entre ellas están PT Bex; Dusbel, de Vandenbroele, y Facimex, vinculada con Brito.
"Amado descarriló", lamentó uno de los confidentes del vicepresidente el viernes por la tarde. Se refería a que está dispuesto a acusar al juez en público. Dirigentes de La Cámpora dedicaron los últimos días a cargarle la escopeta. Le aconsejaron complicar a Lijo con las actividades de su hermano Alfredo, un abogado con gran influencia en Tribunales. Tal vez sea una imprudencia: "Freddy" Lijo forma parte del entorno de Julio De Vido, para quien prestó valiosos servicios en el pleito por la catástrofe de Once. Esa proximidad sigue vigente en las tertulias dominicales de "Freddy" con José María Olasagasti, mano derecha de De Vido, en una casa del country El Barranco diseñada por Bustillo. Son la continuación de otras veladas, en Santa María de Tigre, en el feudo de Sergio Massa.
También el kirchnerismo provincial teme a Boudou. Alfredo Lijo tiene relación con Daniel Scioli, quien aclaró ante la Casa Rosada que es ajeno a esta trama. ¿De Vido y Scioli podrían ser víctimas de la ira del vicepresidente? A Carlos Zannini, su estratega, lo tiene sin cuidado.
El comando de Zannini se inspira en razones políticas. La Presidenta está convencida de que con la citación a su vicepresidente comenzó una intifada en Tribunales. La "familia judicial" se encolumnó detrás de Lijo. Los empleados de Claudio Bonadio, por ejemplo, le enviaron una carta de solidaridad. Bonadio investiga a Boudou por la presunta adquisición de un auto adulterado.
Ese movimiento expresa el malestar de los jueces frente a un Poder Ejecutivo que intentó reducirlos con una "democratización" peyorativa. Y que, frustrada esa estrategia, se empecina en controlarlos anegando los tribunales con militantes de La Cámpora.
La señora de Kirchner tiene otra lectura. Cree que lo que se presenta como una primavera judicial es una cruda disputa de poder. Está indignada porque se diga que intentó influir sobre la Sala I de la Cámara Federal para remover a Lijo, dos semanas después de que esa sala declaró inconstitucional su pacto con Irán. La Presidenta imagina estar frente al desafío de un sector de la Secretaría de Inteligencia (SI). Esa facción, que ella y su esposo utilizaron durante nueve años como un dispositivo de control de la Justicia para apañar amigos y perseguir adversarios, se habría insubordinado por el acuerdo con Ahmadinejad. Las próximas etapas del caso Ciccone demostrarán si ella puede reemplazar ese instrumento por Zannini y los funcionarios de La Cámpora.
Las fantasías persecutorias de la Presidenta se proyectan sobre Darío Richarte y Diego Pirota, abogados de Boudou y ex funcionarios de la SIDE. El clima está tan enrarecido que Boudou trajo un profesional de Mar del Plata, Eduardo Durañona, para vigilar a sus propios defensores. Richarte y Pirota patrocinan también a Juan Manuel Abal Medina y Alfredo Scoccimarro, que acaban de sufrir reveses judiciales.
Estas fisuras en la zona más opaca del poder pueden producir nuevos temblores. Un sector de la SI, alineado con Zannini, pretende que la Presidenta intervenga el organismo, incorporando a un técnico bonaerense. En el círculo de Massa, donde militan antiguos vecinos de ese inframundo como Miguel Ángel Toma o Juan José Álvarez, miran con recelo esta posibilidad.
La oposición celebra a medias esta crisis. Para Massa es una tormenta incómoda. No le alcanza con decir que quien contrató a Boudou en la Anses fue Horacio Rodríguez Larreta. El vicepresidente es una parte de su pasado. Antes de seducir a la Presidenta, lo sedujo a él. Tiempos en que ambos veneraban a Clarín y le pasaban las primicias que iban a publicar otros periódicos. Para Macri hablar de Ciccone tampoco es gratis: enseguida le recuerdan que él también fue procesado. Y en UNEN todavía nadie hizo de este escándalo una bandera.
En cambio, la mayor parte de la opinión pública celebra las mortificaciones de Boudou como una reparación moral. No le importa que lo que parece motivado por la ética sea, en realidad, el descalabro de un sistema extorsivo de poder. Y hace bien. Ya lo escribió San Gregorio en su Magna Moralia: "Los hombres deberían saber que la voluntad de Satanás es siempre perversa, pero que su poder no es nunca injusto. Porque las iniquidades que él se propone cometer Dios las permite con toda justicia".
