Consiste en comparar los números con el ya remoto año 2003 (pero en términos nominales, para evitar que la inflación acumulada de casi 700% altere los resultados reales); destacar sólo éxitos (aunque sean relativos o imaginarios); desconocer problemas evidentes (atribuidos invariablemente a culpas ajenas), y, finalmente, desentenderse de fracasos absolutos en cuestiones estructurales que comprometen el futuro de la Argentina.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se ha convertido en un intérprete tan fiel de este libreto que sus habituales declaraciones matinales a la prensa suelen ser maliciosamente comparadas con un standup que, además, aporta letra a sus imitadores televisivos. No menos desopilante fue su función extra en el Senado, donde hizo un alarde de verborragia para no revelar los datos oficiales de pobreza en 2013, como si fueran un secreto de Estado.

Esa negativa es explicable pero no justificable: sólo con los índices de precios que el Indec falsificó groseramente durante siete años podía sostenerse el "éxito" de una tasa oficial de pobreza de 4,9%, que supuestamente ubicaría a la Argentina en mejor situación que países como Suiza o Canadá. Por lo tanto, si el Gobierno difundía un número similar para fin de 2013, se iba a ver obligado este año a sincerar también que -con el nuevo IPCNu- el nivel de pobreza debería multiplicarse por cinco o seis, en línea con las mediciones de la Universidad Católica Argentina (25,5/27,5%). De ahí que haya optado por mantener secuestrados tanto a esos indicadores como a sus fuentes: el costo de las canastas básicas para definir las líneas de pobreza y de indigencia (que, según FIEL, ascienden a $ 4800 y $ 2700 mensuales, respectivamente, para una familia tipo).

Por más que Capitanich aduzca problemas metodológicos, nada impediría al Indec recalcular los costos en 2014, sobre la base de los precios del nuevo índice. El problema es que ese sinceramiento relativizaría el éxito para bajar la indigencia que significó en su momento la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ahora permanece clavada en $ 440 mensuales desde hace diez meses, pese a una inflación de 34% interanual.

Más probable, en cambio, es que el Gobierno presente como un éxito que el IPCNu mostraría por primera vez en abril un alza cercana o incluso inferior a 2%, pese a que habrá acumulado un aumento cuatrimestral de 12% que duplica a la inflación anual de todos los países latinoamericanos, salvo Venezuela. Pero ni el jefe de Gabinete ni el ministro Axel Kicillof se referirán a la caída real de salarios y jubilaciones en ese lapso; ni al retroceso del consumo; ni mucho menos al deterioro del "nivel de convergencia" (Capitanich dixit) entre el dólar oficial, que se mantiene anclado en $ 8, y la inflación, que ya devoró casi la mitad de la mejora cambiaria de enero y abre la expectativa de nuevas devaluaciones en la segunda mitad del año.

Ambos podrían argumentar que la devaluación de enero, más la suba de tasas de interés (que ahora comenzaron a bajar) y el apretón monetario de febrero (que se flexibilizó en marzo y abril), permitieron frenar la alarmante caída de reservas, además de bajar el dólar paralelo y recuperar unos 1200 millones de dólares. Pero el stock actual del Banco Central (28.300 millones), en plena liquidación de la cosecha de soja, aún es inferior a los 30.500 millones de fin de 2013, que ahora se perfila como meta para 2014.

Este éxito también es relativo: cuando arrancó el cepo cambiario el 31 de octubre de 2011, las reservas del BCRA alcanzaban a 47.500 millones de dólares. El fracaso absoluto es que el ingreso de divisas depende casi exclusivamente del superávit comercial, que también viene en baja, mientras las exportaciones registradas por el Indec también pasaron a estar bajo sospecha.

En la "década ganada" se desplomaron exportaciones tradicionales como trigo y carne, por la aplicación de retenciones, cupos y permisos previos, más controles de precios para "defender la mesa de los argentinos", un mito que CFK acaba de reivindicar. Aquí ni siquiera se puede hablar de éxito relativo: entre abril de 2008 y de 2014, por ejemplo, el precio del pan aumentó 400% y las milanesas, 582%. El fracaso es evidente: en 2013 las exportaciones de trigo cayeron al mínimo histórico (con la peor cosecha en más de un siglo) mientras que la participación argentina en el comercio mundial de carnes se redujo al 5% (frente al 20% en la década del 70).

Otro fracaso aún mayor es haber perdido el autoabastecimiento energético, debido a la política de subsidiar el consumo de gas y electricidad y a la vez desalentar la inversión en hidrocarburos. Sólo en 2013, las importaciones alcanzaron a casi 12.000 millones de dólares; o sea, algo más del doble de lo que costó ahora indemnizar a Repsol por la expropiación de YPF con títulos de deuda de hasta 30 años de plazo. No fue un resultado accidental: entre 2003 y 2013 la producción total de petróleo crudo acumuló una caída de 25,5% (con una reducción de 16% en las reservas) y la de gas natural de 17,6% (con un derrumbe de reservas de 52%). A su vez los subsidios estatales, aun con los recientes ajustes de tarifas de gas, equivaldrían este año a unos 17.500 millones de dólares. Corregir estos fracasos llevará años y un gran esfuerzo de inversión.

Aun así, en la fachada del Ministerio de Economía, que da a la avenida Paseo Colón, todavía se exhibe un cartel que promociona el Baade (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético), que ofrece una tasa de 4% anual a quienes inviertan los dólares del aún vigente blanqueo. Otro fracaso: hasta ahora el Gobierno sólo obtuvo por ese título unos 100 millones, mientras la reestatizada YPF debe financiarse con cuentagotas en el exterior a una tasa de 8,75% anual.

Ese cartel acompaña desde hace tiempo a otro, más grande, pero no menos discutible. Su texto reza: "E2 = Economía. Estado = La fórmula de la inclusión". Otro argumento marketinero que se desvirtúa con sólo tener en cuenta un par de datos recientes. Uno es la incorporación de 7500 empleados contratados, muchos de ellos militantes oficialistas, a la planta permanente de la administración pública nacional, sin otra exigencia de que el gremio (UPCN) aceptase un ajuste salarial de 28%, inferior a la inflación. El segundo surge de otro cartel oficial, al frente del flamante Polo Tecnológico, que, en el barrio de Palermo, centraliza a todos los organismos oficiales dedicados a la ciencia y tecnología, un área donde el kirchnerismo sí ha tenido una gestión exitosa. El cartel indica que el presupuesto de esa imponente obra fue de $ 160 millones. Pero no, obviamente, que esa cifra equivale a apenas 10% de la partida que este año se destinará a los clubes del Fútbol para Todos.

De ahí que, a diferencia de la ecuación del Palacio de Hacienda, la apuesta a una recuperación del crecimiento y la inclusión social en la Argentina a partir de 2016 pase por una menor intervención estatal en la economía y una mayor presencia del Estado, pero en las áreas donde es insustituible.