Maquillaje para el relato.

Copamiento del Poder Judicial. Artimañas en el proceso electoral del peronismo e, incluso, fuera de él. Estas constituyen las principales vigas del plan de Cristina Fernández para atravesar la transición, arribar al final de su mandato y retornar al llano en el 2015 con una cuota importante de resguardo y respetable de poder.

Aquel intento por reanimar un relato desgajado explicaría el largo paréntesis de Axel Kicillof. El ministro de Economía había hecho su última intervención pública el 26 de abril para terciar en un debate sobre la pobreza y negar su evidente disparada. Reapareció dos semanas después para comunicar multas a quienes no cuidan los precios. La Presidenta detesta que se hable sobre todo eso.

Nada lograría inyectarle vida al relato.

En cambio, el Gobierno presentó con envoltorio de lujo el nombramiento en Cultura de la cantante Teresa Parodi, ahora con rango de ministra. Ese mundo suele encantarle a Cristina por una razón sencilla: se irradia socialmente con facilidad, sirve de anclaje para su clientela política y hasta podría cautivar a algún desprevenido.

Parodi le daría a ese sillón una visibilidad que nunca estuvo en la capacidad ni en la impronta personal de Jorge Coscia. El despedido funcionario habría incurrido, aseguran, en un involuntario acto de deslealtad. Imperdonable para una mandataria que todos los fines de semana repasa los informes que le acercan sobre los discursos en el Congreso de los legisladores K.

Suele constatar quién la menciona y quién la omite.

La folklorista resultaría una pieza útil en el elenco del relato. Pero deberá responder al libreto que traza Javier Grosman. Se trata del director general de la Unidad del Bicentenario, imaginativo escenificador de actos oficiales, con influencia determinante en la campaña que Cristina, en su carácter de viuda, desarrolló para las elecciones del 2011. Un funcionario que supo estar ligado al espectáculo con “El viejo Café”, de Santa Fe y Ecuador, en los años 80 y el espacio de arte under “Babilonia” en los 90. Que despuntó en la función pública de la mano de Darío Lopérfido (ex portavoz de Fernando de la Rúa) y el “grupo sushi”. Terminó recalando con Cecilia Felgueras, ex vicealcalde de Aníbal Ibarra. José Albistur, ex secretario de Medios, le abrió la primera puerta en el kichnerismo. Oscar Parrilli, el secretario General de la Presidencia, lo arrimó a Cristina.

Además de la emparchada coreagrafía, el relato necesitaría apuntalarse con otros fundamentos. El modelo de inclusión está en crisis y no ayuda. Cristina habría optado entonces por desatar otra batalla contra aquellos que, según su visión, desacreditarían ese relato.

Los medios de comunicación que no le responden.

Jorge Capitanich se encargó de transmitir con fidelidad en el Senado el pensamiento presidencial. Eludió hablar sobre pobreza ante la interpelación opositora. Pero se explayó acerca de la inseguridad con un comportamiento casi paranoico: no discurrió sobre el aumento del delito sino sobre la cantidad de veces y horas que los canales de noticias informan de robos, crímenes y violencia. Cómo si una cosa no estuviera vinculada indisolublemente con la otra.

El Gobierno encuentra dificultades para progresar con la aplicación de la ley de medios, pese al fallo favorable de la Corte Suprema del año pasado, dos días después de la derrota electoral. Esas dificultades tienen mucho que ver con la pésima confección parlamentaria que tuvo la norma. Tienen bastante que ver también con la incompetencia del órgano de aplicación, la AFSCA. Su titular, Martín Sabbatella, ya resulta mal mirado por el cristinismo, sobre todo por La Cámpora.

La Presidenta pretendería que Sabbatella envíe al Congreso una modificación de la ley que autorice a las empresas telefónicas a competir en el negocio de la televisión por cable.

La propia reglamentación lo prohibe hoy expresamente. La ley de privatización de los años 90 también. Gracias a esa cláusula, en su momento, el kirchnerismo arreó votos de sectores del centro y de la izquierda. La AFSCA menea pero no define los planes de adecuación de los medios, en especial el del Grupo Clarín. En simultáneo, logra metas que indicarían la existencia de más de un plan en marcha: la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ante una apelación de la AFSCA, dictó una cautelar sobre la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión que hace un año sancionó la Legislatura porteña.

El kichnerismo confiaría quizá para aquella tarea en sus mayorías parlamentarias que dieron una demostración de fuerza cuando semanas atrás, con 135 votos en Diputados, aprobó el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF. Aunque las aguas podrían dividirse en este tiempo mucho más. El costo político resultaría enorme.

También es cierto que a Cristina parecieran importarle poco esos costos.

¿No está dispuesta, acaso, a redoblar la ofensiva contra el Poder Judicial? ¿No desoye hasta los fallos de la Corte Suprema, el último de ellos que ordenó regularizar los juicios y las deudas con los jubilados?

El Gobierno continúa con el propósito de designar en la Justicia a 300 jueces subrogantes.

Actúan en los casos de una excusación o algún cargo vacante. No necesitan el acuerdo del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo perdió la titularidad, ni los dos tercios de los votos del Senado. Hay postulantes, incluso, para la Corte Suprema donde el presente es incierto. Carmen Argibay, una jurista recta y de prestigio, murió ayer. Raúl Zaffaroni prometió retirarse a fin de año. Enrique Petracchi está complicado de salud. El alto Tribunal queda ahora con seis miembros. La ley establece que la mayoría debería ser siempre en este caso 4-2. En caso de empate ¿se abriría la puerta para algún conjuez de los K?

Ese intento de abordaje judicial otorgaría tranquilidad a Cristina cuando deba ceder el mando. Aunque habría en ella, tal vez, un interés adicional: preservar a socios que supieron amasar poder económico, al amparo del Estado, durante la década K. La Presidenta habría aprendido al pie de la letra una lección que repetía siempre Néstor Kirchner.

Indicaba que era imposible sobrevivir sin plata en la política argentina, mucho menos afuera del poder. Por ese motivo, no sonó casual la decisión del juez Sebastián Casanello de procesar sólo a Leonardo Fariña, el “valijero” y a Federico Elaskar, el financista, en la investigación de la ruta del dinero clandestino K. Lázaro Báez, el empresario patagónico más favorecido con la obra pública, ha quedado por ahora al margen de esa mira. Otro de los soportes económicos para resistir en el desierto sería Cristóbal López. Un empresario que creció con el juego en la Patagonia en la era de los Kirchner. Extendió su riqueza al petróleo y los medios de comunicación cuando el matrimonio aterrizó en la Casa Rosada. López fue denunciado por falta de controles en los casinos que regentea. Pero la causa empezó a ser sustanciada por un magistrado fiable para los K, Rodolfo Canicoba Corral.

Cristina pretende también garantías para el desarrollo electoral en el cual, lo sabe, no podrá imponer un heredero de su gusto. Logró empinar en la conducción del PJ al jujeño Eduardo Fellner en reemplazo de Daniel Scioli.

Alineó debajo de esa cima sólo a ultracristinistas.

Scioli debió conformarse con un cargo honorario. El pejotismo es la base del proyecto presidencial del gobernador de Buenos Aires. El mandatario de Jujuy carece de autonomía y no podría embarcarse en aventuras. En su provincia sufre con el poder paralelo de la piquetera Milagro Sala, financiada desde el Gobierno nacional. Sala integra el Movimiento Unidos y Organizados, donde figura La Cámpora.

En aquel pejotismo se detectan deslices.

Sergio Urribarri recorre intendencias bonaerenses. José Luis Gioja, aliado de Scioli, decidió organizarle un acto a Florencio Randazzo. El ministro del Interior y Transporte se encarga de comunicar por lo bajo: “Voy por la candidatura a presidente. Si pierdo puedo esperar. La gobernación no me interesa”.

La Presidenta también se ocupó de sembrar cizaña sobre la oposición cuando ventiló una reunión reservada, en Olivos, con Mauricio Macri. Algún radical denunció un supuesto pacto entre ambos. Sergio Massa también. La Coalición del Frente Amplio y UNEN supo capear ese desafío por la templanza de su primera línea. Elisa Carrió llevó la bandera: “Buscan destruir la alianza”, denunció. Aunque el ingreso o no de Macri a ese espacio continúa siendo un incordio.

Es verdad que Macri requiere para su gestión en Capital y su proyecto 2015 de un mínimo puente con el Gobierno. Pero sus cálculos y de-saprensiones a veces fallan.

Es la tercera vez que Cristina lo desaira en público divulgando citas o diálogos pactados en reserva. Sus legisladores ceden con demasiada facilidad en negociaciones sensibles para la historia del país y la memoria colectiva: es el caso del traspaso de la ESMA y otros centros de detención durante la dictadura ubicados en la Ciudad. El kirchnerismo pretende apropiarse de ellos y de la reivindicación de los derechos humanos. El macrismo pensaría sólo en el rédito de no seguir cargando con el costo presupuestario que insumen esos predios.

El estruendo político que causó la revelación del encuentro de Cristina con Macri abonaría el crudo diagnóstico sobre la realidad que hicieron los obispos. Entre muchas advertencias, señalaron que “la Argentina está enferma de violencia”. Y no, por desgracia, sólo de eso. Aunque la Presidenta se resista a aceptarlo.