La CGT-Balcarce, encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, ha aceptado que las remuneraciones se ajusten por debajo de la tasa de inflación.

El conflicto tiene su origen en un motivo que para los gremialistas es mucho más irritante: el Gobierno se dio un poder de veto sobre los contratos de las obras sociales con sus prestadores.

La Presidenta enfureció con el éxito del paro general que convocaron Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Pablo Micheli y las agrupaciones de izquierda. Cuatro días después de la protesta, ordenó a su amiga Liliana Korenfeld, superintendenta de Servicios de Salud, firmar la resolución 601, por la cual las "cajas" sindicales quedan, de hecho, intervenidas.

Según esa norma, sólo tendrán valor los convenios autorizados por la Superintendencia. La novedad alcanza a las empresas de medicina prepaga. Por lo tanto, todo el negocio de la salud quedó expuesto a un inesperado striptease.

En las próximas horas, las organizaciones subordinadas al kirchnerismo presentarán recursos administrativos para que se anulen estas disposiciones.

Se sabrá, entonces, si el Gobierno ejerce sólo una presión disciplinaria o si se ha embarcado en una revolución tardía. En los sindicatos no hay matices: comenzó la guerra.

La regulación de las contrataciones se venía analizando desde hacía tiempo, pero para proteger a los gremialistas. Los que obedecen a la Presidenta pretendían limitar el pase de afiliados a las empresas de prepago. Además, negociaban que el Tesoro les reconociera siquiera en parte una deuda gigantesca.

Dos semanas antes del paro, en la Casa Rosada, Caló; el taxista Omar Viviani, y el secretario de Obras Sanitarias, José Luis "Cloro" Lingieri, se quejaron ante la señora de Kirchner porque Korenfeld se resistía a saldar la deuda. "¿Cómo es que todavía no se solucionó ese tema? Que venga Liliana", ordenó la Presidenta. Al llegar Korenfeld, indicó: "Arreglales a los muchachos lo que piden, ¿entendido?". Korenfeld, estupefacta, asintió con la cabeza.

Unos días después, cuando "Cloro" Lingieri recordó a Korenfeld esa instrucción, la candorosa santacruceña se excusó: "Tengo que aclararte que recibí una contraorden. Lo que te prometió la Presidenta va a tardar". La mala noticia llegó al resto de la cúpula, que se reunió en la sede del Smata, enardecida. Hasta el dueño de casa, el voluminoso Ricardo Pignanelli -a quien por sus gigantescos mamelucos los colegas llaman, con cariño, "Salta Violeta"- tuvo un desconocido brote de rebeldía: "La economía no funciona y peligran los puestos de trabajo", declaró.

Fue una furia pasajera. Los dirigentes oficialistas trataron de convencerse de que su jefa había postergado la solución hasta después de la huelga. Días antes de esa medida, en la Casa de Gobierno, ella preguntó a Caló, Lingieri y Viviani: "¿Qué esperan del paro?". El trío contestó al unísono y mirando al techo: "Será un fracaso, Cristina".

El 10 de abril la Presidenta advirtió el desacierto del pronóstico. No se enfadó tanto con sus adversarios como con sus seguidores. Creyó que, otra vez, la habían engañado. El 14 de abril, Korenfeld estampó su firma temblorosa en la resolución 601.

Los capitostes de la CGT-Balcarce se reunieron el miércoles pasado en el gremio de Viviani para analizar un dictamen de sus abogados. Puede ser una casualidad, pero sólo faltó "Cloro" Lingieri. Según los sindicalistas, Korenfeld se excedió en sus atribuciones, porque las obras sociales, igual que las prepagas, son instituciones privadas con libertad para contratar a sus prestadores. La Superintendencia, dijeron, no puede limitar ese derecho con una aprobación previa. En todo caso, puede suspender un convenio si detecta alguna irregularidad. El temor en los gremios es que el Gobierno avance más y exija que las prestaciones se adjudiquen por licitación.

En las empresas de prepago apuestan a que el régimen será, por engorroso, impracticable. Pero muchas de ellas también se resisten a someter a aprobación las contrataciones. Sobre todo las que son propietarias de sanatorios: la resolución de Korenfeld las obligaría a exhibir una trama de convenios dentro del mismo grupo empresarial, que no siempre es transparente.

El abogado del sindicato de Sanidad, Federico West Ocampo, recomendó conseguir en la Justicia un amparo que suspenda la resolución. Pero Alberto Tomassone, laboralista del temeroso Armando Cavalieri, propuso comenzar con un reclamo administrativo. La CGT-Balcarce optará esta semana por esa estrategia más amigable. Dirá que es una señal de "madurez" frente a la Presidenta. Desde que Juan Zanola y José Pedraza quedaron tras las rejas, la "madurez" sindical está de moda (a propósito: ¿a Pedraza están por darle prisión domiciliaria por razones de salud?).

Moyano y Barrionuevo recibieron la resolución con alegría. Por ahora, no harán reclamo alguno. Prefieren "que sean los amigos del Gobierno los que carguen con la humillación del conflicto". Aunque Barrionuevo está tentado con organizar una visita a Korenfeld para entregarle las llaves de las "cajas". Habla en broma, claro. Estos sindicalistas piensan aprovechar la discordia ajena. Pasado mañana, celebrarán por adelantado el Día del Trabajador despotricando contra la Presidenta con argumentos que Caló y los suyos aplaudirían. Y el 14 de mayo marcharán sobre la Plaza de Mayo.

Es difícil imaginar que Cristina Kirchner tome una medida más agresiva contra el sindicalismo. Es decir: una medida más eficaz para unificar a todos en su contra. Esta embestida coexiste con un deterioro económico-social que quita argumentos a los gremios aliados al Gobierno. El mecánico Pignanelli negocia despidos con automotrices como Volkswagen, la preferida de la Presidenta. En marzo las ventas de autos 0 km cayeron 35% y la producción disminuyó 26,2%. Los metalúrgicos protestan en Córdoba.

Caló cerró su paritaria en 26%, lo que hasta marzo se reduce a un 22%. Se entiende, entonces, que el industrial metalúrgico Juan Carlos Lascurain se quejara en la UIA por los que firmaron el documento crítico de la Convergencia Empresarial. El sindicalista del petróleo Guillermo Pereyra y el del gas Oscar Mangone arrancaron a Miguel Galuccio una mejora muy superior a la de Caló: entre 25 y 26% hasta septiembre en las estatales YPF y Metrogas. Pereyra y Mangone militan con Moyano.

Caló tiene ahora otro drama: para ahorrar reservas, Axel Kicillof ordenó que los subsidiados ensambladores de Tierra del Fuego disminuyan sus importaciones un 20%, sin tocar los salarios ni la cantidad de personal. Tendrán que recortar su producción en 20%. Esos importadores contrataron a dos antiguos defensores de la industria para describir en un informe las virtudes de su "polo tecnológico". Pero Kicillof les informó que él había encargado otro estudio al Conicet, con resultados menos venturosos. Rubén Cherñajovsky, el líder del sector, perdió a un abogado cuando Guillermo Moreno partió a Roma. Y Débora Giorgi ya no lo defiende como antes.

La batalla por las obras sociales se desató mientras están abiertas algunas paritarias estratégicas. Por ejemplo, la del transporte. Roberto Fernández, de UTA, sólo podría conseguir una mejora si se mantienen los subsidios. Pero Florencio Randazzo alimenta su campaña presidencial denunciando un fraude con esas subvenciones. Por las dudas, Ricardo Jaime comunicó desde el banquillo de los acusados por la tragedia de Once: "Siempre seguí instrucciones de Néstor y Cristina". Los Cirigliano, sus mecenas y compañeros de causa, harían temblar el país si revelaran las visitas que debían realizar a Olivos para hablar con Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, sobre las contribuciones a sus empresas. "El boleto era de ida y vuelta", guiñan el ojo, metafóricos, los colectiveros.

También el avance sobre las obras sociales puede naufragar en un mar de complicidades. Para dar un ejemplo de estos días: en el examen de las contrataciones podrían aparecer amigos de Carlos Liuzzi, como Gustavo Benvenuto, vecino de Lagartos, tesorero de la Asociación Argentina del Golf, y socio de Adconsa, la consultora contratada por Carlos Zannini en su secretaría. O quizá convenios con Glorieta SA, de Benvenuto y Fernando Torretta, quien también es socio del hijo del senador Aníbal Fernández, Facundo, y de su eterno álter ego, Lucas Gancerain, en Biotransgen SRL. Zannini, Liuzzi y Benvenuto discutieron el miércoles pasado en la Casa Rosada.

Cristina Kirchner conserva hasta el final su espíritu reformista. Pero choca con el obstáculo de siempre: una década de contaminación entre negocios y política.