En medio de una situación económica compleja que deja escaso margen para la demagogia, en momentos en que la opinión pública proyecta una caída considerable en la imagen y el apoyo a la gestión del Gobierno, éste se prepara para enfrentar una probable derrota electoral.

Frente a esa posibilidad, continúa agitándose, sin embargo, el esfuerzo oficial para conservar poder en múltiples ámbitos del Estado, de manera que le permita alguna vez el retorno soñado y, si eso no fuera posible, al menos para construir un blindaje alrededor de sus principales figuras. Se trataría así de protegerse de la obligación de rendir cuentas acerca de los episodios de corrupción que conmueven a la opinión general y de la incapacidad de gestión que ha colocado al país en la situación que enfrenta.

En ese contexto, deben entenderse los esfuerzos que se realizan, ahora con alguna prisa, a fin de controlar el Poder Judicial apurando causas para que sean cerradas, enviando listas de conjueces de reconocida militancia kirchnerista al Senado de la Nación y tratando, desde luego, de que los amigos queden con la titularidad de la mayor cantidad posible de medios de comunicación. Es lo que se llama el poder después del poder.

Dentro de esa política debe examinarse la cooptación de las Fuerzas Armadas llevada adelante a través de la manipulación de los ascensos en las fuerzas, privilegiando a los elementos más próximos al poder y no la capacidad profesional de los cuadros. No fue un aporte menor en la orientación de la política oficial la tarea desempeñada por el actual jefe de Estado Mayor del Ejército, César Milani, mientras ejerció su cargo de director de Inteligencia. A ese desempeño se sumó luego el del subjefe de la institución.

Milani alcanzó su objetivo personal cuando fue ascendido a la máxima jerarquía, acompañado por un caudal de oficiales que sólo se igualan en número a los que había en la época del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Desde allí, el general Milani proclama su entusiasta apoyo, y el de la fuerza que comanda, al proyecto político, por darle un nombre, que identifica al gobierno nacional.

Como si no alcanzaran las penosas experiencias vividas por los argentinos cuando se ha involucrado al Ejército en la política, vemos hoy, no sin angustia, que el peronismo apoya medidas y acciones similares a las que se instrumentaron cuando los Montoneros y el Ejército convergieron en el Operativo Dorrego durante la última presidencia de Perón. Así nos fue.

En ese mismo camino se inscribe el proyecto gubernamental de creación de la Universidad de la Defensa. Bajo la aparente pretensión de mejorar la preparación de cuadros para la defensa, se apunta a generar una universidad gestionada y ocupada por profesores adictos al autodenominado "Modelo Nacional y Popular". Serán nombrados con garantías de estabilidad antes de que finalice la administración actual. Resulta obvio el lance de que la formación de los futuros cuadros de las FF.AA. quede en manos de personas ideológicamente afines al gobierno que deberá irse en 2015.

Diez farragosas páginas de considerandos ignoran todo lo que se avanzó en materia educativa antes de 2003 y ocultan, además, que a partir de 2004 se restringió fuertemente el presupuesto destinado a la educación militar y se eliminaron muchos logros para sustituirlos por una desordenada reforma con escasa exigencia universitaria. Esos extensos considerandos contrastan con la vaguedad de los nueve artículos que componen el proyecto de ley. Tal es la ambigüedad que se deja librada a la reglamentación ulterior que obviamente escapará del control legislativo.

La designación por parte del Ejecutivo de un rector sine die y un consejo consultivo que ignora la existencia de otros pensamientos que no sean los del actual oficialismo perturba las esperanzas de un contenido en la ley que nos proteja del fanatismo que ha caracterizado a importantes facciones del kirchnerismo y lo ha aislado cada vez más de importantes franjas de la ciudadanía.

Que el funcionamiento de esta universidad se coloque en el ámbito del Ministerio de Defensa no salva la circunstancia de que la ley de Educación Superior para las Universidades Nacionales postula que los institutos universitarios militares se diferencian de las universidades estatales en una cuestión fundamental: no tienen autonomía ni cogobierno, sino un sistema de gestión subordinado a su pertenencia institucional, lo cual siempre ha constituido un obstáculo para la creación de una universidad de la defensa de las características que tienen las otras.

La designación del general Milani, sus acciones y declaraciones al frente del Ejército, respaldadas por las máximas autoridades gubernamentales, pone a las claras cuál es la intención de lo que el Gobierno quiere hacer con las FF.AA. y sus futuros oficiales. En cuanto al ámbito de la formación que éstos van a recibir, la creación de una universidad de la naturaleza prevista por el espíritu de quienes la impulsan, más las acciones y declaraciones del actual jefe del Ejército contrarias a las mejores tradiciones militares de imparcialidad política, suman otro lamentable hito en el camino de la degradación de principios básicos de la República.