Los controles de precios tienen ya una larga tradición en la Argentina. Entre febrero de 1967 y noviembre de 1989, sólo existieron precios libres durante menos de 24 meses, y a pesar de ello la inflación promedió en ese período una tasa acumulada anual del 210%. Lejos de haber aprendido de esa extensa y fallida experiencia , la gestión kirchnerista comenzó a aplicar nuevamente límites a la libre fijación de precios, a partir de 2006, de la mano del violento ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. La salida de ese funcionario no puso fin al uso de esa fracasada herramienta : a partir de febrero de este año, con el lanzamiento del programa Precios Cuidados la actual gestión económica comenzó a agregar su granito de arena a la larga historia de fracasos de aquellos funcionarios que decidieron combatir los síntomas inflacionarios sin atacar sus causas.
Desde el lanzamiento del programa Precios Cuidados, los precios de los alimentos en la Capital se incrementaron 14,1% según el relevamiento que realizó el gobierno porteño para el primer trimestre de este año, y un 16% según el índice que elabora la Fundación FIEL. Obviamente es imposible saber cuánto hubieran aumentado los alimentos en ausencia de esos acuerdos de precios, pero muy probablemente la diferencia habría sido mínima.
Como tantas otras veces, ha quedado demostrado que los esquemas que apuntan a fijar los precios en vez de enfocarse en la resolución de los problemas no funcionan. Mientras que durante el primer trimestre de este año el Gobierno centró su acción en la lucha contra la inflación en este esquema, el gasto público siguió creciendo por encima del 40% anual y el déficit siguió siendo financiado con emisión monetaria del Banco Central.
El fracaso en la contención de la inflación de los esquemas de congelamientos de precios es tan predecible que resulta válido preguntarse cuál fue la intención del Gobierno al lanzar el plan de Precios Cuidados. Una respuesta probable es que, mediante este esquema, el Gobierno habría logrado una vez más amañar el nuevo Índice de Precios Nacional (IPCNu) sin necesidad de recurrir a la falsificación lisa y llana de los datos, tal como se acostumbraba a hacerlo en tiempos de Moreno. El nuevo IPCNu registró en el primer trimestre del año una suba en el rubro Alimentos y Bebidas de apenas 10%,entre cuatro y seis puntos por debajo de los relevamientos de la Ciudad de Buenos Aires y de FIEL. Si bien el Indec no ha especificado con claridad la metodología para la elaboración del nuevo índice, sí ha explicado que éste utiliza de cada comercio un solo precio por variedad de producto, a diferencia del viejo IPC, que tomaba dos valores. Ese mecanismo incrementó aún más la sobrerrepresentación de los Precios Cuidados en la canasta de productos relevados y le permitió al Indec reportar una inflación mucho más baja que la real en los primeros tres meses del año.
Como si esto fuera poco, en el marco del programa Precios Cuidados, el secretario de Comercio, Augusto Costa, emitió la resolución 29, que invocando el artículo 42 de la Constitución Nacional obliga a todas las empresas que facturan más de 183 millones de pesos a proveer a su secretaría un conjunto de información considerada sensible por las compañías afectadas. Invocar la Constitución, que establece en términos generales la promoción de la defensa de la competencia y la no distorsión de los mercados, para avanzar sobre datos que hacen a la estrategia comercial de las empresas es cuanto menos cuestionable. Si hubiera un problema de competencia, el funcionario debería denunciarlo y dejar que los organismos pertinentes lo investiguen.
La Argentina contaba hace una década con mecanismos muy eficientes de defensa de la competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia funcionó hasta hace algunos años como una entidad independiente y de gran solvencia técnica que, por ejemplo, denunció y multó a YPF por prácticas anticompetitivas en el comercio de gas licuado, cuando YPF era aún manejada por el Estado argentino, en los años 90. Lamentablemente, como casi todas las áreas del Estado, la Comisión de Defensa de la Competencia también ha sido cooptada por el Gobierno y ha dejado de funcionar como una institución idónea para la resolución de problemas vinculados con prácticas monopólicas y anticompetitivas.
La inflación en la Argentina no deriva de un problema de competencia. Tenemos los mismos mercados y empresas con los que en los 90 la inflación era cero y con los que la inflación se mantenía por debajo de 10% hasta 2005. Lo que ha cambiado en los últimos años no son las estructuras de los mercados ni los empresarios, sino que el Gobierno ha destruido la moneda con el uso y abuso de la emisión monetaria para financiar a un fisco voraz e ineficiente. Y si de competencia se trata, la prohibición de importar con la que este Gobierno ha sometido a la sociedad desde que se le acabaron las divisas ha sido la principal causa de disminución de la competencia empresaria.
La inflación es un flagelo que carcome las posibilidades de que una sociedad prospere. Afecta el crédito, los salarios y las posibilidades de planear a mediano plazo. Llegó la hora de abandonar los experimentos ya fracasados aquí y en otras latitudes y abocarse a las verdaderas causas de los problemas. Funcionarios, a las cosas.
