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Norberto Oyarbide es el nuevo gran problemaque cuelga sobre las espaldas de Cristina Fernández. Se trata de un problema que, a simple vista, no tendría una salida sencilla. Tampoco la posee el escándalo que involucra a Amado Boudou por la causa Ciccone. Hay una diferencia entre un caso y el otro. Boudou es el vicepresidente que la semana pasada, de modo casi clandestino, ejerció el Poder Ejecutivo mientras la mandataria visitó el Vaticano y París. Oyarbide es simplemente un juez, aunque no cualquiera. Acaba de cubrir de sospechas, con una descripción insólita, a Carlos Zannini. Contó que Carlos Liuzzi, la mano derecha del secretario Legal y Técnico, le pidió que detuviera un allanamiento en una financiera donde se buscaban cheques, al parecer, comprometedores. Le hizo caso de inmediato. Con Boudou apremiado por un cerco judicial y Zannini, un funcionario clave del sistema, apuntado por la mira pública, podría decirse que la cima del poder presidencial transita un estado de crisis.

La Presidenta habría resuelto pagar el costo político de la protección de Oyarbide como lo ha venido haciendo con Boudou. Hace ya dos años que, aún a veces a disgusto, sostiene al vicepresidente. Recién adoptó una previsión: el nombramiento del senador radical K, Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, como presidente provisional del Senado. Frente al magistrado tampoco tendría margen para alguna aventura. Fue quien resolvió, entre innumerables actos vidriosos, sobreseer de un plumazo y archivar la causa contra el matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito.

El juez se continúa comportando con total impunidad, aun en medio de la nueva tormenta. Hace un par de años provocó al lucir un anillo de diamantes valuado en US$ 250.000 que, explicó, había adquirido en Punta del Este. Cuando empezó a ser investigado aclaró que sólo lo había alquilado por US$ 7.500. En los últimos días habría presentado un anexo de la declaración patrimonial donde denunció haber hallado escondida en la casa de su madre, fallecida en el 2006, una caja con US$ 200.000.

El cristinismo, pese a todo, encontró la forma de defenderlo en el Consejo de la Magistratura. Allí aterrizaron varios pedidos de juicio político en su contra. Las murallas habían sido levantadas con anticipación, en especial a partir de que la derrota electoral de octubre selló la suerte de la continuidad K. La Presidenta instruyó que, ante lo inevitable, se franqueara el acceso opositor a la titularidad del Consejo. Se preocupó de otras cosas: introducir en el organismo a dos camporistas de su entera confianza (el diputado Eduardo De Pedro y el secretario de Justicia, Julián Alvarez) y conservar las mayorías en las Comisiones de Acusación y Selección de jueces.

De la primera de esas comisiones salió la resolución de solicitar un descargo voluntario por escrito a Oyarbide por aquel episodio del allanamiento frenado. Tendrá para hacerlo 20 días. Los kirchneristas demandaron, por otra parte, un sinnúmero de pruebas para avanzar con el procedimiento. Desde declaraciones testimoniales hasta copias de viejos expedientes.

Oyarbide podría estar por el momento tranquilo.

Una señal de sosiego también para Cristina y Zannini.

La Cámpora está lejos de amar al secretario Legal y Técnico. Pero responde con una disciplina, que hasta Juan Perón hubiera envidiado, a cada orden de Cristina, por desprejuiciada que sea. Por esa razón, el mismo día que escudaron a Oyarbide hicieron una citación a Claudio Bonadio por una causa de la década del 90. Ese juez elevó a juicio oral a Guillermo Moreno por abuso de autoridad. Sucede por el affaire de las consultoras que durante mucho tiempo desairaron los índices inflacionarios del INDEC y fueron coaccionadas y multadas por el ex secretario de Comercio. Bonadio había imputado al ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y al vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, por un aviso publicitario contra Mauricio Macri divulgado en Fútbol Para Todos. Fue apartado del tema, la semana pasada, por la Sala I de la Cámara Federal.

El abroquelamiento cristinista en defensa de sus huestes casi no ha reconocido fisuras. La excepción fue el integrante de Carta Abierta, Ricardo Forster, que calificó a Oyarbide de “impresentable”. Hace ruido, en cambio, el profundo silencio de los miembros de Justicia Legítima que promovieron con entusiasmo la reforma judicial de la Presidenta en la hipotética búsqueda de mayor transparencia. Bajo aquel mismo manto de silencio toleraron la suspensión del fiscal José María Campagnoli, que hurgaba en la corrupción oficial.

Todo sea por la causa y el modelo.

Los recursos defensivos del Gobierno serían vastos. Se hace visible con los crujidos de la economía un problema de financiamiento del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura lo arrastra desde hace rato. La Corte Suprema pidió una partida adicional de fondos a la Nación para crear nuevos juzgados. Solapadamente también para hacer frente a sueldos judiciales. Los jueces del máximo Tribunal tienen entre manos dos cuestiones sensibles para el poder: los juicios sobre jubilados (cerca de 350 mil en distintas instancias) y otros varios sobre la restricción de la pauta de publicidad oficial para medios de comunicación no adictos.

¿Será la escasez de fondos una herramienta del Gobierno para presionar al Poder Judicial? ¿Servirá para hacer más lentas de lo que ahora son las investigaciones judiciales?

Todo parece posible.

Esa alternativa constituiría, a lo mejor, la última esperanza de Boudou. No dejaron de llamar la atención las declaraciones del fiscal del escándalo Ciccone, Jorge Di Lello, quien cuestionó la demora del juez Ariel Lijo para llamar a indagatoria al vicepresidente. Conjeturó además sobre la posibilidad de que el acusado pudiera renunciar a su cargo. Es cierto que dijo una obviedad: “Si Boudou cometió un delito no puede seguir en el lugar que está”. Pero colocó sobre el tapete una cuestión política que nadie se anima públicamente a abordar. Quizás antes que las novedades judiciales domésticas haya otras. Alejandro Vandenbroele, el empresario convertido en la cara visible de The Old Found, que levantó la quiebra de Ciccone, y se sindica como testaferro del vicepresidente, es investigado en Uruguay por lavado de dinero. Desde Montevideo se habría girado la mitad de la suma para levantar aquella quiebra. Vandenbroele fue citado a declarar por Néstor Valetti. Pero no pudo hacerlo porque tiene prohibición para salir del país. Aseguran que ese juez uruguayo poseería pruebas clave sobre la causa.

La vigencia de los casos de Oyarbide y Boudou, en medio de una maraña judicial, seguirá levantando polvareda, aumentando el descrédito social y, quizá, regalando dividendos a la oposición. Pero serviría también de telón para ocultar o diluir otros virajes del Gobierno forzados por el resquebrajamiento económico y la protesta social. Cristina sabe que ningún episodio de corrupción podría aguarle la transición. Sabe del mismo modo que cualquier desmadre de la economía sembraría dudas sobre el tránsito actual.

Por esa razón, su foto y su audiencia con Francisco fueron interpretados como un anclaje arrojado sobre la estabilidad.

Cristina, a esta altura, parece inmune a cualquier brote de rubor. No pudo alardear sobre la inclusión social que esta vez le arrebató el Papa. Pero dejó una máxima: “No hay que sacarse una foto con Francisco. Hay que leerlo”, sentenció. Ella misma eludió a Jorge Bergoglio mientras fue arzobispo de Buenos Aires y sufrió una rabieta el día que resultó consagrado Sumo Pontífice.

La Presidenta hace en ese y otros campos una escuela. Pasó por Francia, logró respaldo para la negociación con el Club de París y exaltó la histórica y excelente relación bilateral.

Nunca como en la década K esos vínculos fueron tan conflictivos y pobres.

Bastaría con recordar el abandono a que fue condenada la Embajada parisina. Axel Kicillof asoma como su mejor discípulo. El ministro de Economía anunció otro elevado índice de inflación (3,4% para febrero y 7.2% en el bimestre) y reprendió a los periodistas que no retrucan los números de las consultoras privadas. También habría bebido de la altanería presidencial.

¿Cuándo el ministro ha permitido preguntas sobre sus anuncios?

¿Cuándo explicó cómo resulta posible que la inflación de diciembre haya sido del 1,4% y de repente pegado semejante brinco? ¿Qué ha sucedido con la espiral inflacionaria escondida por años de lo cual fue cómplice?

Tantas cosas inexplicables van inevitablemente abriendo grietas. Los metalúrgicos de Antonio Caló ajustan sus reclamos salariales a los números oficiales. Pero algunos gremios de la CGT K tomaron parte del plenario de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo que resolvió lanzar un plan de lucha. Del mismo modo, el kirchnerismo dejó de nuevo en soledad a Daniel Scioli en su puja con los gremios docentes, aunque en la segunda semana de huelga empezó a invadirlo el temor.

Se acercaron tímidamente al gobernador.

Los docentes han ayudado a tapar en Buenos Aires otros paros: de los estatales y los hospitales públicos.

Cierto desgaste de Scioli podría resultar funcional al kirchnerismo para condicionarlo en su carrera hacia el 2015. Pero ese cálculo sería como manipular fuego. Cualquier desborde consumiría la ilusión de una herencia K y facilitaría el recambio del poder a los candidatos que más detesta Cristina.