El día que quieran tener metas de inflación yo no estaré en este sillón. Después de todo, ya tengo 60 años y un nieto."

El resultado de octubre, la reclusión presidencial, la tormenta económica y la designación del ideologizado Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda volvieron más verosímiles aquellas confesiones. Una franja de la política, sobre todo en el PJ, especuló con que dejaría el poder antes de tiempo. Daniel Scioli y Sergio Massa, y varios empresarios que los rodean, incorporaron esa sospecha a sus mesas de arena. Hasta interpretaron la prolongada convalecencia de la Presidenta como la coartada para una salida prematura. Eduardo Duhalde lo puso en palabras: "Es muy posible que ella esté pensando en irse".

El ajuste económico oficial ha obligado a descartar esa hipótesis. Cristina Kirchner abandonó la fantasía de que el Consenso de Washington sería reemplazado por un Consenso de Buenos Aires. Sepultó el "modelo" para salvar el Gobierno.

La opción puede explicarse en factores tan elementales como la adicción al poder de alguien que pasó el último cuarto de siglo ocupando cargos públicos. Sin embargo, hay una razón más objetiva que impide a la Presidenta adelantar su retiro. Es la causa Lázaro Báez. Desde que salieron a la luz documentos que probarían que la familia Kirchner está involucrada en las operaciones de lavado que se imputan al empresario santacruceño, ese expediente se convirtió en la mayor preocupación del Gobierno. Hay registros contables, revelados por Hugo Alconada Mon en LA NACION, de que los Kirchner recibieron de Báez millones de pesos por contratos hoteleros y alquileres. Muchos cheques fueron entregados a Máximo Kirchner, que los dejaba vencer sin cobrarlos. Desidia administrativa: un sello inconfundible.

Salvo en el caso del filósofo Ricardo Forster, quien declaró que la peripecia de Báez lo tiene sin cuidado, el oficialismo está intranquilo por esa investigación. Báez pidió que un juez prohíba la divulgación de sus negocios con la familia presidencial. La procuradora Alejandra Gils Carbó reemplazó al fiscal José María Campagnoli, que investigaba a Máximo Kirchner, por la ex secretaria de Seguridad Cristina Camaño.

Campagnoli fue sometido a un jury encabezado por Sergio Kreplak, quien milita a las órdenes de Máximo Kirchner en La Cámpora. Se entiende que la impunidad requiera semejante carnicería: el caso Báez es el caso Kirchner.

El vector que impulsa al Gobierno ya no es el espíritu de saga, sino el riesgo penal. Como explica un ex juez federal, "la Presidenta no puede irse sin hacer todo lo posible para cerrar un expediente en el que está complicado su hijo". Consignas como "Vamos por todo" y odas como el candombe "Nunca menos" van al archivo. Como debe quedarse, a Cristina Kirchner no le queda otra que racionalizar la economía.

Hubo una señal anticipatoria de este pragmatismo, que los mercados no leyeron. Fue el encumbramiento del general César Milani. Si para asegurar su poder frente a un fantasmagórico complot de las policías provinciales Cristina Kirchner relativizó su política de derechos humanos, había que prever que renunciaría a amuletos más triviales, como la paridad cambiaria o el nivel de la tasa de interés, con tal de evitar un derrumbe.

Sería un error, sin embargo, creer que el kirchnerismo se resigna al costo de las nuevas restricciones. Sobre todo porque aún no comenzó la parte más mortificante del proceso. El ajuste monetario y cambiario fue, en alguna medida, abstracto. Las consecuencias de la devaluación y el aumento de las tasas sobre el ánimo del electorado son indirectas. En cambio, el recorte fiscal y salarial son malas noticias muy tangibles. Dolorosa encrucijada para una presidenta que, como todo líder populista, siempre aspira a sonreír.

Juan Carlos Fábrega cree haber cumplido su cometido. Consciente de que se lo juzgaría por el nivel de reservas del Banco Central, detuvo la hemorragia con un torniquete convencional: devaluó y, después de discutir a los gritos con Kicillof, subió la tasa del 16 al 28%. Además, incentivó la oferta de dólares prohibiendo a los bancos atesorar divisas por un monto superior al 30% de su patrimonio. La gestación de esta medida fue curiosa. Uno de los financistas más sagaces de la City informó a Fábrega que, en 2003, Alfonso Prat-Gay había limitado la tenencia de dólares del sistema financiero; que Martín Redrado eliminó la restricción, y que Mercedes Marcó del Pont ni siquiera la conocía. Es curioso: el Gobierno buscaba dólares en los silobolsas, pero los funcionarios del Central no le advertían que estaban en los bancos. ¿Estarán tan colonizados?

En una reunión a solas, Fábrega explicó a Cristina Kirchner: "El Central puede frenar la corrida con medidas ortodoxas. Pero para no volver al borde del abismo Kicillof debe tener un plan contra la inflación". En otros términos: Fábrega puede absorber una parte de los pesos que emite colocando Lebac al 28%. De hecho, ya se endeudó en más de $ 40.000 millones. Pero si el Tesoro sigue aumentando su déficit y lo financia con emisión, para recuperar esos pesos habrá que fijar una tasa de interés insostenible, que determinará una nueva y más costosa devaluación. Éstos son los números que preocupan a Fábrega: en 2012 el Central transfirió al Tesoro $ 45.000 millones y en 2013, 95.000. En enero y febrero de ambos años el giro fue cero. En cambio, este año ya es de 9000 millones.

Esta dinámica ubica a Cristina Kirchner ante la escena más temida. Deberá recortar el gasto público, lo que significa, sobre todo, reducir los subsidios energéticos. Como siempre, le tiembla la mano: el viernes, al apoyar a Nicolás Maduro, pidió "no avivar fuegos que no son de la región". Hablaba en defensa propia.

La Presidenta encargó esta cirugía a Julio De Vido, no a Kicillof. Le ordenó el menor recorte posible. Por lo tanto, el Estado sólo se abstendrá de subsidiar el aumento del costo de la energía que determinó la devaluación por la importación de combustibles. Afectarían nada más que a los consumidores metropolitanos. Así y todo, los expertos calculan que por la electricidad habrá que pagar el triple.

Secuencia autodestructiva

El kirchnerismo suele organizar sus medidas en secuencias autodestructivas. El aumento de la luz está en los diarios antes de que concluyan las paritarias. De modo que los sindicalistas deben moderar los reclamos salariales cuando sus representados ya saben que a la suba alarmante de los precios hay que agregar un tarifazo.

Sin embargo, la tregua cambiaria de Fábrega apaciguó a la CGT aplaudidora de Antonio Caló y también a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Aceptarán alrededor del 25% y pedirán más adelante sumas fijas. Sólo así Kicillof alcanzaría su objetivo: una caída del salario real superior al 5%.

Aun así, a Cristina Kirchner le seguirán faltando dólares. Los expertos calculan para este año un déficit de cuenta corriente de 12.000 millones. ¿Cómo cubrirlo sin profundizar la devaluación? Se podrían reducir las importaciones, con el perjuicio de una grave recesión. La alternativa es endeudarse en el mercado internacional. La Presidenta está por caer en esta última herejía. Con la emisión de un bono asegurado contra embargos para pagar a Repsol por YPF, Kicillof ensaya una salida a los mercados. Homenajeó al Fondo Monetario con un nuevo índice de inflación. Se acercó al Club de París con una ansiedad que el acreedor parece no tener. Y, contra todos los juramentos, analiza tres formatos de acuerdo con los holdouts . Eso sí: en Economía aclaran que "Axel no se sacará una foto con los buitres".

La necesidad de financiamiento hizo girar la política exterior. Acróbata exitosa, Cristina Kirchner está haciendo frente a los Estados Unidos la misma pirueta que sorprendió el año pasado al flamante papa Bergoglio. Su canciller, Héctor Timerman, anunció que el acuerdo con Irán había fracasado, y tendió la alfombra roja al vicecanciller de Israel. Su ministro de Defensa habla de narcotráfico, mientras el Ejército organiza operativos antidrogas, como preconiza el Pentágono. Y ella misma reprendió a Jorge Capitanich por quejarse de dos senadores estadounidenses que vaticinaron una crisis terminal de la Argentina.

Un diplomático norteamericano explica el cambio: "El Gobierno necesita dólares y donde hay dólares estamos nosotros". Tiene razón: para la Presidenta esta vuelta en U es el precio de acceder a US$ 3000 millones a una tasa del 11%. Si los consiguiera reduciendo importaciones, destruiría unos 300.000 puestos de trabajo.

Imposible conocer el desenlace de esta nueva aventura de Cristina Kirchner. Pero, si llegara a ser exitosa, ella tal vez corrobore su vieja presunción: las calamidades que azotan al país no se deben a su disparatada política económica, sino a que el mundo la viene castigando por la resistencia a endeudarse.