La hipotética recreación hoy de una junta nacional de granos, pensada para
una época que ya no existe en el comercio mundial, podría provocar el nacimiento
de un enorme y costoso organismo burocrático que superpondría controles sobre
los ya existentes y más sofisticados, todos en manos del mismo Estado.
Pero además distorsionaría la producción y el mercado del sector, bloquearía
el financiamiento externo al país estimulando la fuga de capitales y no
resolvería los «problemas coyunturales», como la retención de granos por el
productor como reserva de valor, al carecer de facultades compulsivas.
La aplicación en este nuevo milenio de las intervenciones estatales de antaño
en el comercio de alimentos garantiza perjuicios más grandes que en el pasado
debido a los cambios históricos y, además, añadiría un enorme costo adicional al
Fisco para duplicar el complejo entramado de controles vigentes sobre ese sector
en la Argentina.
Esos son algunos de los impactos más resonantes de la hipotética reencarnación
de la disuelta Junta Nacional de Granos, la que dio lugar a favoritismos y
corrupción.
La controversia se reactualiza cuando, ante dificultades coyunturales, se
exhuma aquella receta, prácticamente desechada por los cambios en las
transacciones internacionales contemporáneas pero que, adicionalmente,
contravendría hoy las normas de la actual Organización Mundial del Comercio, ex
GATT, a las que la Argentina adhirió oficialmente en 1968, ya que el hipotético
ente estatal estaría imposibilitado de otorgar subsidios o aplicar restricciones
a las exportaciones.
De hecho, las dos experiencias que se suelen citar, de países desarrollados,
como referencias sobrevivientes de las presuntas intervenciones estatales en el
comercio de granos, Australia y Canadá, fueron, la primera convertida en empresa
privada en 1999, dio lugar a un escándalo de coimas internacionales en beneficio
de Saddam Hussein y su remanente vendido en 2011 a una de las grandes
exportadoras, Cargill, y a la segunda el Parlamento canadiense le anuló por ley
el monopolio de compra de trigo en algunas provincias y se privatizará antes de
2016.
Esos entes estatales surgieron en diversos países tras la gran crisis en 1929
con el propósito de subsidiar a los productores de granos que veían que los
precios internacionales descendían abruptamente. En el caso de la Argentina, el
origen ocurrió en la denominada “década infame” cuando el gobierno conservador
del general Agustín P. Justo fundó en 1933 la Junta Reguladora de Granos (su
único objetivo era asegurar la provisión a la exportación de materia prima a
valores de mercado y mantener un nivel equitativo de precios para el productor).
Fue recreada en 1946, luego por el gobierno militar de 1956 y más tarde,
brevemente, por la administración democrática de 1973, hasta su disolución final
en 1991.
El comercio internacional de alimentos, en donde funciona a pleno la economía
de escala (a más volumen, menos costos) así como en el sector primario en todo
el mundo, se ha modernizado de modo sustancial y se desarrolla, desde hace tres
décadas, en un entorno esencialmente privado, entre empresas privadas, incluso
en la China poscomunista.
Sin embargo, en un mundo caracterizado por el ya casi inexistente comercio
entre Estados –hoy se efectúa entre privados- y sin la propiedad de puertos,
acopios, elevadores, etcétera, la restauración de un organismo de esa naturaleza
exigiría un voluminoso presupuesto fiscal para cumplir funciones de supervisión,
información y contralor que actualmente ya se realizan a través de los
Ministerios de Economía, Agricultura, Transporte y Relaciones Exteriores, y
organismos estatales como AFIP, DGI, Dirección General de Aduanas, SENASA,
UCESCI (continuadora de la ex ONCCA), INTI, INTA y el Banco Central. O bien,
implicaría la drástica reducción de funciones de todos esos organismos y
dependencias públicas para crear el nuevo ente.
Es decir que las funciones de la ex Junta Nacional de Granos, en cuanto a
control, perduran bajo la órbita del Estado, el que por ejemplo fija diariamente
el precio FOB de los granos, que toma en cuenta el precio internacional fijado
en las pizarras del mercado de Chicago y que se utiliza para calcular el pago de
los derechos de exportación. Mediante ese mecanismo se evitan eventuales
maniobras de subfacturación.
En línea con ello, el sistema para la liquidación de divisas es hoy
controlado por la AFIP, el Banco Central, la Aduana y el Ministerio de
Agricultura, siguiendo normas explícitas con ese propósito.
En tanto que las instalaciones para el comercio de granos y sus derivados
industriales son actualmente privadas, el eventual organismo estatal,
irónicamente, terminaría dependiendo de la provisión de servicios del sector
privado para competir con éste.
Además, las distorsiones provocadas en la comercialización comenzarían a
engrosar el déficit fiscal. Si la eventual oficina de granos fijase un precio
sostén o mínimo ostensiblemente inferior al precio internacional o FAS teórico
por ejemplo para el trigo, no tendría oferentes. Asimismo, la fijación de un
precio sostén implicaría importantes pérdidas para el Estado en relación con el
denominado precio de paridad (el precio internacional menos los gastos de
elevación y de exportación) cuando éste resulte inferior al anterior. Esas
pérdidas implicarían más déficit fiscal para ser financiado mediante aumento en
los impuestos.
Por otra parte, cuando el ente estatal deba vender el grano tendrá las
opciones de exportarlo o venderlo a las fábricas procesadoras, por lo que tendrá
que competir con éstas al momento de comprar la materia prima. Los productores,
como vendedores, podrán elegir entre un organismo, sometido a las demoras
emergentes de la burocracia estatal para abonar sus compras, o el sector
privado, con más rapidez y eficiencia para efectuar los pagos.
A diferencia del siglo pasado, el comercio mundial de alimentos, salvo
escasas excepciones, está organizado en forma privada –ya no entre entes
gubernamentales- a través de agentes internacionales, los que en su mayoría
pertenecen a conglomerados que actualmente tienen subsidiarias en la Argentina.
De tal manera, el organismo estatal de regulación de granos se vería en la
obligación de acudir a la triangulación –los traders externos que distribuyen
los productos a otros compradores generalmente privados- que hoy la AFIP
considera “dañina” aunque no ilegal.
Si tal ente estatal o junta nacional estuviera exento del pago de impuestos,
incurriría en “competencia desleal”, una conducta que puede conducir a gravosas
controversias judiciales e internacionales.
Una preocupación actual del Gobierno reside en que los productores de granos,
en particular de soja, los retienen como una reserva de valor ante devaluaciones
y la inflación doméstica, pero una eventual junta nacional de granos carecería
de facultades excepcionales para obligar compulsivamente a su venta mientras en
el presente tampoco lo hacen (o lo hacen a cuentagotas) a los exportadores. Es
decir, el organismo estatal sería igualmente incapaz para inducir la venta de la
soja retenida, actitud que reconoce razones distintas entre las que se
identifica la desconfianza de los productores desde que el Gobierno en 2008
intentó aplicar sin éxito la Resolución 125 de aumento de los derechos móviles a
la exportación.
La intervención del Estado en el mercado, como indica la experiencia
internacional, no asegura la mayor transparencia en la formación de los precios
y, eventualmente dependiendo de la intensidad de la intervención, puede provocar
la desaparición de los mercados a término, desalentando la inversión del sector,
que no tendrá herramienta alguna para protegerse de la volatilidad de los
precios internacionales.
La formación de un organismo de esa naturaleza exige importantes recursos
para administrar los riesgos de la actividad (como la exposición a la
volatilidad de los precios de los commodities en los mercados internacionales;
complejos aspectos operativos logísticos y legales, y la necesidad de contar con
recursos financieros suficientes para adquirir un volumen sustancial de
productos agrícolas porque, de no ser así, el impacto de esta iniciativa sobre
los precios domésticos sería irrelevante e insustentable).
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Una organización de este tipo estaría sujeta a las normas de la administración
pública. La definición e implementación de los procesos y controles internos y
externos a los que esta organización estaría obligada, requiere un esfuerzo
considerable en virtud de los controles a los que están sometidos los organismos
públicos en democracia. Por ejemplo, una de las últimas y más polémicas
intervenciones de la antigua Junta Nacional de Granos ocurrió en 1986 cuando el
Estado compró por 50 millones de dólares 38 mil toneladas de pollos a Hungría,
Venezuela y Brasil para regular el mercado interno, ordenada por el entonces
Secretario de Comercio Ricardo Mazzorín, los que nunca pudieron ser
comercializados debido a que el SENASA los declaró no aptos para el consumo
humano.
El sector agroexportador es actualmente uno de las pocos, sino el único, que
tiene acceso a financiamiento externo genuino. Una reducción significativa de
esta liquidez forzaría al productor o al Estado a financiar la producción, con
el consecuente mayor costo y volatilidad en el flujo de divisas. La
incertidumbre provocada por la eventual creación de un ente estatal generaría
una reducción del financiamiento disponible para el sector, influyendo
negativamente en una menor disponibilidad de crédito (y su mayor costo) que
desembocaría en una menor producción agrícola.
Durante el periodo de mercado libre la producción de la Argentina al igual que la del Brasil tuvieron un enorme crecimiento, en gran parte debido a mercados transparentes y líquidos (la menor siembra y producción de trigo argentino fue el resultado de la creciente intervención estatal) y la de los países con intervención estatal bajó o se mantuvo estable.
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Fuente USDA
AUSTRALIA Y CANADÁ, DOS CASOS DE RETROCESO EN LA INTERVENCIÓN ESTATAL
Por ser ambos países occidentales importantes productores de granos, sus entes estatales son frecuentemente referenciados como modelo, aunque ambos ya los liquidaron y privatizaron.
AUSTRALIA
La Australian Wheat Board Limited o Junta Australiana del Trigo (AWB Limited), que había sido fundada a fines de 1930 para regular el precio del trigo por la caída internacional tras el crack de 1929, fue una importante organización de comercialización de granos con sede en Australia, siendo un monopsonio (único comprador habilitado). Fue un organismo gubernamental hasta el 1 de julio de 1999, cuando la AWB se transformó en una empresa privada, propiedad de los productores de trigo. En 2010, AWB fue adquirida por la firma canadiense Agrium y en 2011 Cargill Australia adquirió el negocio de comercialización, originación y almacenamiento de Agrium.
En 2005 estalló un escándalo de corrupción cuando se denunció a AWB por haber
pagado sobornos para vender trigo por petróleo a Saddam Hussein, el dictador
iraquí que en 1990 había invadido Kuwait y había sido sancionado por las
Naciones Unidas con un embargo. De ese modo, le fue anulada la facultad de
funcionar como “ventanilla única” para la adquisición de trigo en Australia.
CANADÁ
La Canadian Wheat Board o Junta Canadiense del Trigo (CWB), que fue fundada en 1935 como único comprador autorizado para el trigo y la cebada en algunas provincias del oeste (Alberta, Saskatchewan, Manitoba y una pequeña parte de la Columbia Británica), perdió esa facultad (monopsonio) el 1º de agosto de 2012 por una ley del Parlamento, que también le fijó plazo hasta 2016 para completar su privatización total.
Los productores estaban obligados a suscribirse a ese organismo y entregar su producción a ese único comprador. Las críticas subrayaron que muchos de ellos aspiraban a obtener mejores precios para sus cosechas de la competencia entre compradores y también cuestionaron que los costos para el mantenimiento del organismo equivalían a 20 dólares por tonelada durante cualquier época del año.
PD: Recopilacion de informacion personal sobre un tema de gran preocupante para el sector agroindustrial y el pais en su conjunto, ante el freno que provocara a la produccion de aliemntos.
Por Arturo Navarro
Fuente: Años de Campo
