Por Ricardo Carpena

No es momento de poesía en el sindicalismo, pero sí de crudo pragmatismo, como lo ejemplificaron las últimas declaraciones del líder de la UTA, Roberto Fernández: “Prefiero darme un tiro en las bolas antes que firmar por un porcentaje de aumento salarial. Hoy no sé si un 30% de incremento es mucho o es poco. No es buen momento para firmar una paritaria”.

Por eso el Gobierno prepara algo que el empresariado aceptaría y que el sindicalismo espera para descomprimir la presión de las bases: un aumento de suma fija por decreto, como una forma de compensar el alza de la inflación y permitir la postergación de las paritarias lo máximo posible.

En las últimas semanas ya se habían puesto de moda las “sumas puente” (anticipos a cuenta de las futuras negociaciones) por la extrema dificultad para cerrar los acuerdos salariales, pero la devaluación dispuesta por la Casa Rosada frena cualquier tratativa: representa un golpe al poder de compra de los sueldos y un trampolín para los aumentos de precios.

Y justamente el plan de “precios cuidados” era la única herramienta a la que apostaba el kirchnerismo para evitar que los reclamos sindicales se alejaran de ese utópico tope del 18/20% con que soñaba Axel Kicillof hace apenas un mes. Hoy, como admitió el jefe de la UTA, ni siquiera el 30% de aumento suena justo.

Al gremialismo peronista le cuesta reaccionar. Está atrapado entre la prudencia para no ser catalogado como “destituyente” si alienta medidas de fuerza y el miedo a la rebeldía de muchísimos trabajadores en caso de que mantenga la pasividad de los últimos tiempos.

Sólo el sindicalismo combativo, como es lógico, está calentando sus motores: el Partido Obrero anticiparía el lanzamiento de un plan de lucha y el PTS quiere reunir a todo el clasismo sindical para rodear a los docentes, que serán los protagonistas de la primera paritaria del año (una experiencia similar, y exitosa, la tuvieron con la pelea de los empleados de salud, en Neuquén).

La CGT Balcarce prende velas para que el Gobierno firme el decretazo salarial y, al mismo tiempo, busca oxigenarse mediante un encuentro con Cristina Kirchner, sobre todo luego de que ésta, en su reaparición pública, deslizó que se reuniría con el sindicalismo.

En la agenda cegetista no sólo figura la virtual paralización de las paritarias, sino también los 20.000 millones de pesos que el Estado les adeuda a las obras sociales y la defensa del modelo sindical, amenazado por los últimos fallos laborales de la Corte, que la Presidenta intentará poner a salvo mediante un decreto siempre y cuando el gremialismo K obtenga el guiño de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Esa es una de las excusas por las cuales en la central obrera oficialista no descartan algún acuerdo orgánico con el flamante espacio sindical que inauguraron el camionero y el gastronómico.

La sensación es que si se consolida el ajuste económico del kirchnerismo de alguna forma se tendrán que unir las tres CGT.

El gran escollo sigue siendo la permanencia de Moyano, Barrionuevo y Antonio Caló, pero hay algunos que imaginan una solución provisional: la creación de una “mesa de diálogo”, en la que estén todas las fracciones y sin que ninguna pierda su identidad.

La alianza camionero-gastronómica debutará mañana con sus contactos políticos, a través de una entrevista con Mauricio Macri, pero luego se encerrará para analizar el nuevo escenario socioeconómico que dibujó la devaluación.

En el debate interno se asoman fuertes diferencias internas: Moyano quiere esperar hasta marzo para lanzar medidas de fuerza, mientras que Barrionuevo, que olfatea un vacío de poder, empuja para hacer movilizaciones en febrero y un paro nacional en marzo.

Como sea, la coalición que armaron será clave para la efervescente etapa que se viene: la UTA y La Fraternidad, gremios K que se sumaron a este espacio, se integrarán a la CATT, la central moyanista de gremios del transporte, con más poder de fuego que nunca.

Esas dos incorporaciones fueron la verdadera clave del plenario del lunes pasado en Mar del Plata, adonde no fueron los presidenciables del PJ como Sergio Massa, Daniel Scioli y José Manuel de la Sota, aunque de alguna forma estuvieron muy presentes: casi todos los oradores les dedicaron alguna crítica o advertencia, que fueron desde la poco sutil afirmación de Barrionuevo (“si no tienen huevos, que no vengan porque ya van a venir cuando nos necesiten”) hasta un duro cuestionamiento de Moyano que pareció dirigido a Scioli (“algunos políticos le huyen a esta foto con dirigentes gremiales, pero no a la foto con Boudou, Ricardo Jaime o De Vido”).

Otro que castigó a los ausentes fue el barrionuevista Carlos Acuña, líder de los trabajadores de estaciones de servicio, que también milita en el massismo.

“No importa si no vienen los políticos. En algún momento van a tener que rendir examen”, advirtió. Massa le pidió explicaciones y el gremialista juró que no la había dicho, aunque en la sala había muchos testigos, cámaras y grabadores.

No fue el único problema que generó en el Frente Renovador el encuentro marplatense.

La crítica de Barrionuevo casi le ocasiona un problema con su esposa, la diputada Graciela Camaño, una fiel escudera de Massa que estaba tan indignada que amagó con contestarle públicamente a su marido mediante un comunicado en el que aludía a los “deslenguados” que “se abrazan al poder como sanguijuelas”.

La disuadió Massa, que prefirió que otros dirigentes replicaran al gastronómico. Cosas extrañas de esta época de monedas tan devaluadas como cierta dirigencia.