Entre las malas noticias que debió enfrentar el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en su conferencia de prensa del viernes pasado, hubo una ajena a sus peripecias de turista: la recaudación de impuestos del año pasado fue menor que la inflación. Es la primera vez que sucede desde que el kirchnerismo está en el poder. Para Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, es una novedad desagradable. Deberá reforzar la emisión para solventar al Tesoro. Más emisión es más inflación.
Echegaray informó que el Estado mejoró sus ingresos un 26,3%. Pero la inflación se aceleró, según el índice que elabora el gobierno porteño, un 28,8%. Se registra, entonces, una caída real de 2,5 puntos, que sería mayor si se considerara también que el año pasado el PBI creció 3%.
Es posible que a Echegaray estos números no le quiten el sueño. Está más interesado en descubrir cómo se filtraron los detalles de su viaje a Río, que pensaba terminar en Dubai. Es un capítulo por el cual no culpa a Héctor Magnetto, sino a otro empresario de medios, gravitante en el mundo de los juegos de azar.
Si Echegaray no estuviera distraído en esas pesquisas, advertiría que la colecta de 2013 es inquietante cuando se la compara con el gasto público. El 26,3% de aumento de los ingresos debe ser comparado con alrededor de un 35% de aumento en los egresos. El año pasado cerró con un déficit fiscal cercano al 4,6% del PBI. Pero si se observa el lapso septiembre-noviembre, ese déficit trepó hasta un 7% del PBI.
Los funcionarios no hablan de este problema. Los superávits gemelos se convirtieron en una pareja mitológica, como Cástor y Pólux o Rómulo y Remo. El desequilibrio de las cuentas públicas adquirió una dimensión peligrosa. Sobre todo por el método que el Gobierno adopta para financiarlo. Este nuevo año habrá más emisión. Es decir, el Banco Central transferirá al público más pesos. Y el público intentará deshacerse de ellos, comprando bienes o dólares. De modo que habrá que esperar más inflación y más caída de reservas, los problemas principales de la economía.
Axel Kicillof y su escudero Augusto Costa, el secretario de Comercio, tienen suerte: en su mundo no hay inflación. Sólo "dispersión de precios". Un fenómeno que no está relacionado con la emisión, sino con el abuso de los productores y comerciantes. Uno de los axiomas centrales de estos economistas es que los precios no derivan del juego de la oferta y la demanda. Son el resultado de agregar a los costos una rentabilidad razonable. Las subas desmedidas se deben a la perversidad de los empresarios, que ejecutan una "apropiación exagerada de la renta", como dice Jorge Capitanich. Guillermo Moreno tenía la misma concepción, Sólo que para evitar la "apropiación exagerada" no daba conferencias con Costa: mandaba a "Acero" Cali.
Esta teoría no consigue resolver algunas incógnitas. Por ejemplo: ¿por qué en los años 90 no había inflación y ahora sí? ¿Menem habrá sido más eficaz que los Kirchner en tener a raya la voracidad empresarial? Ajenos a estos dilemas, Kicillof y Costa siguen alimentando de cifras su matriz insumo-producto para determinar cuánto deben valer las cosas. Hasta ahora sólo consiguieron "cuidar" una canasta limitada a 100 productos que se comercian en el área metropolitana. Para el resto del país, explicó Costa, hace falta analizar los costos de transporte, lo que implica detectar dónde se fabrica y dónde se vende cada bien. El secretario está dibujando un mapa interminable, digno de Carlos Argentino Daneri. Kicillof ya intentó hacer uno igual en el sector petrolero, sin éxito. Como la Unión Soviética, él también está amenazado por la insuficiencia del software.
La realidad no está dispuesta a esperar a que la computadora del Palacio de Hacienda complete su proceso. El precio del colectivo en el área metropolitana subió 66%; los combustibles, 9%; los pasajes de avión, 12%, y los servicios de esparcimiento, que son estacionales, 9%. Quiere decir que el "cuidado" de Kicillof y Costa arranca con un incremento aproximado de la inflación del 3%, que anualizado equivaldría a un 43%.
¿Reforma sindical?
Las autoridades apuestan a que estos fenómenos queden disimulados. El índice de precios que se inaugurará en enero, al ser federal, disolverá algunos aumentos de la Capital y el Gran Buenos Aires, como el del transporte. Además, las listas "cuidadas" de Economía registran, en algunos casos, precios superiores a los que hoy se ven en los comercios. Es decir: hay empresarios angurrientos a los que se les otorga un aumento de renta por adelantado, con tal de que no remarquen sus mercaderías hasta abril. Inflación "acordada". O "cuidada".
Para Kicillof es crucial que los listados, a pesar de su cándido voluntarismo, no registren alteraciones significativas antes de que se abran las paritarias, en marzo. Pero ningún gremio está dispuesto a negociar un porcentaje inferior a la inflación.
Sin embargo, entre los dirigentes hay temor: desde hace un par de semanas circula el rumor de que el Gobierno los amenazará con una reforma sindical. Algunos sospechan que será una de las novedades del discurso de Cristina Kirchner el 1° de marzo en el Congreso. Una modificación al modelo sindical que limite la reelección de los secretarios generales y fije cupos para la representación de la mujer y de las listas minoritarias ofrecería al kirchnerismo la posibilidad de componer, siquiera por un momento, una alianza con partidos políticos y organizaciones gremiales. También le permitiría un ejercicio al que está muy habituado: explicar que el activismo gremial no pretende defender el salario, sino el unicato corporativo. El Gobierno dispone de un instrumento invalorable para que el ataque parezca un accidente: la Corte Suprema ha dictado ya varios fallos -el último, de junio pasado- consagrando el pluralismo en la representación de los trabajadores. Los dirigentes sindicales deberán, por lo tanto, optar: a la libertad de las paritarias, elogiada por la Presidenta, se opondrá la libertad sindical.
La presentación que realice la señora de Kirchner en marzo está generando expectativas desde ahora: tan sonoro es su silencio. Tal vez los sindicalistas no sean las únicas víctimas de esa catilinaria. El viernes pasado, cuando adelantó las multas a las distribuidoras de electricidad, Julio De Vido comunicó una innovación impactante: dijo que está estudiando con la Presidenta la capitalización "en acciones" de los 72.150 millones de pesos que el Estado invirtió en infraestructura energética. Discípulo tardío de Kicillof, De Vido profesó así otro dogma principal de Kicillof: la única manera que tiene el sector público de controlar los negocios estratégicos es a través de la propiedad de las empresas. Declarado el fracaso de los entes reguladores y de los directores del Estado en el sector eléctrico, De Vido prometió una ola estatizadora en energía. El proyecto, que requeriría una ley, es también un guiño para la dirigencia sindical.
Como siempre, De Vido nada a sus anchas en el mar de las contradicciones. El viernes sostuvo que los precios no tienen que ver con el nivel de la demanda. Pero se quejó de que las familias prefieran los hornos y las cocinas eléctricas para aprovechar las tarifas populares.
De Vido cultiva su imagen. No acepta programar cortes de energía para que no se lo vea como el responsable de la crisis. Pero debió resignarse a ser, en 20 años, el primer ministro que importa petróleo. La medida se hizo inevitable por las reservas que se pierden con la importación de combustibles, un negocio que controló durante años, hasta que se lo arrebató, por orden de la Presidenta, Miguel Galuccio. Pero De Vido no es rencoroso: el viernes elogió a Galuccio por el convenio de YPF con Chevron. Un capítulo principal de ese acuerdo se comunicó el 10 de diciembre pasado: YPF y Chevron cederán, por razones que se ignoran, los derechos por el 50% de la concesión del valioso yacimiento Loma Campana a una SRL que acaba de crearse. Se llama Compañía de Hidrocarburo no Convencional (CHNC). La sociedad carece de síndico; su capital es de 100.000 pesos, y está integrada por un contador y un ingeniero desconocidos. El domicilio es el mismo de YPF. Curiosa modulación del estatismo.
