El año en curso cierra con un déficit récord en el conjunto nacional. Y todo indica que, sin grandes medidas de fondo, las cosas serán peores en el próximo ejercicio. Evidentemente, Jorge Capitanich quiere controlar a los gobernadores de cerca y usar la refinanciación de las deudas como una supervisión política. El acuerdo con metas trimestrales transforma así al jefe de Gabinete en una especie de FMI de las provincias.

En el corazón de las cuentas provinciales hay una bomba activada de la que muy pocos hablan en público. El especialista Nadin Argañaraz calcula que los sueldos del sector publico, según los índices del Indec, tienen un atraso de cerca del 33% si se los compara con el sector privado formal. Cómo se resolverán las paritarias definirá el futuro de las cuentas. Para dejar todo en tabla rasa, primero habría que otorgar una recomposición del 33% a los empleados estatales. Y luego discutir los números de 2014.

Dicho de otro modo: los resultados del sector público no son peores porque a los trabajadores en promedio se les ha estado licuando el poder adquisitivo del salario. Les han estado haciendo el ajuste. ¿Puede continuar esa mecánica tras el extendido conflicto policial? Pareciera que no.

La deuda con la Nación ya era una pesada carga para varias jurisdicciones antes del aumento a los policías. Con lo cual la ayuda nacional se hizo cada vez más necesaria para Jujuy, Formosa, Catamarca y Tierra del Fuego. Para esas jurisdicciones la deuda con la Nación es más del 80% del total de sus pasivos.

Capitanich, razonablemente, exige el cumplimento de metas de transparencia fiscal. Sería bueno que también los cumpla el estado nacional. De muchas gobernaciones casi no hay datos disponibles y ni siquiera publican la cantidad de empleados. Santa Cruz, por ejemplo, es muy incumplidora. Pero en la década kirchnerista la administración nacional ha escondido cantidades enormes de información que anteriormente publicaba, o ha dejado directamente de producirla.

Las rondas de negociaciones serán ahora cada tres meses, lo que significa que podrá condicionarse a los gobernadores cuando comiencen a instalarse candidaturas para 2015. Es un mecanismo ideal para una administración cuya Presidenta no puede ser reelecta. Al menos, conserva el poder de influir decisivamente en la sucesión.

De todas formas habrá que ver cómo se modifica el escenario en los próximos meses. ¿Qué aumentos pedirán los docentes? Ese gremio pesa mucho más en las cuentas de la mayoría de las provincias que las policías. ¿Quién dirá a los empleados públicos provinciales que deben resignarse a sólo 20% de mejora en sus ingresos con una inflación de 30%?

Capitanich debe resolver también problemas del Tesoro nacional. ¿Cómo hacer en medio de la peor crisis energética para administrar una reducción de subsidios que implique suba de tarifas? Los gobernadores podrán usar la amenaza de las cuasimonedas ante cada ronda con Capitanich. El jefe de Gabinete tratará de mantenerlos acotados y ellos, de escapar.