En los últimos años el país ha vivido situaciones conflictivas, de distinta magnitud, frente a transformaciones económicas generadoras de estrés social, derivadas del cambio en la matriz productiva en diversas regiones; ya sea por la explotación novedosa de recursos naturales (como el caso de la minería a gran escala), ya sea por la expansión territorial de un modo de producción que cambia el ecosistema de actores y relaciones sociales (la expansión de la frontera agrícola), ya sea por la lectura de las consecuencias de un determinado modo de producción (como es el caso de la forestación y su industrialización).

A partir de un escenario de conflicto, el posicionamiento de los actores locales y externos respecto de la cuestión es absolutamente diferente que de haberse previsto un conjunto adecuado de mecanismos institucionales tendientes a procesar las demandas de los actores, de modo tal que las transformaciones económicas pudiesen desenvolverse con la mayor tasa de beneficio social y control ambiental.

La inexistencia de tales mecanismos es una deuda enorme; porque no sólo pone al conflicto en el espacio extrainstitucional, sino que abre un estado de sospecha sobre cadenas de valor completas, cayendo en tal situación justos por pecadores; no favorece el mejor conocimiento de las circunstancias y por tanto empobrece el debate en un dicotómico "sí/no" reduccionista e inconducente las más de las veces.

Por supuesto que la condición de arranque de cualquier propuesta orientada a superar estos conflictos traumáticos es asumir una triple restricción: a) todas las actividades económicas desde que se desenvuelven en el espacio público (por más que su gestión es llevada adelante por empresas privadas) deben aceptar el marco de las restricciones públicas como condición de su funcionamiento. b) Las actividades económicas lícitas, ajustadas a las restricciones legales, deben generar beneficios que excedan a la empresa. c) El desenvolvimiento de actividades lícitas sólo puede ser condicionado por mecanismos legales.

El incremento de la conflictividad en torno a ciertas actividades económicas no es una particularidad argentina. Tal vez como derivación de una mayor conciencia planetaria, de la existencia de mecanismos que facilitan la toma de conocimiento de situaciones remotas o del aumento de la desconfianza en gobiernos y corporaciones empresariales, se trata de un fenómeno creciente a escala global.

La particularidad argentina es la dilación de las tensiones, que por un lado dificultan la gestión económico-empresarial, monopolizan la agenda pública desplazando temas igualmente relevantes, produce un desgaste social intenso, muchas veces con fracturas en la convivencialidad; todas consecuencias decididamente negativas.

Si bien no hay una solución de manual para estas cuestiones, el crecimiento de las situaciones de conflicto obliga a buscar vías que al tiempo que permitan afrontar los problemas impliquen un aprendizaje social enriquecedor.

En esa inteligencia, ofrecemos una propuesta de 5 pautas para enfocar estos procesos, que por supuesto puede ser enriquecida:

Los datos: uno de los principales combustibles de legítimas reacciones sociales en muchos de estos procesos es la inexistencia o la oscuridad de los datos relevantes respecto de los modos de explotación económica, sus riesgos y la comparación con otras situaciones. Sin datos adecuados brindados por organismos reconocidos socialmente y presentados de un modo sencillo y por medios de fácil acceso, toda sospecha es el primer paso de un conflicto.

Respecto de los datos, se requiere no sólo certeza, sino una actitud explicativa permanente, de modo de poder poner en un debate sincero las distintas miradas sobre los riesgos sociales, sin menoscabo de ninguna, pero reconociendo la naturaleza potencialmente riesgosa de toda actividad.

La transparencia en los objetivos públicos. Cuando el Estado impulsa una actividad económica nueva mediante una concesión, o regula una actividad económica preexistente favoreciendo o desalentando su expansión, debe poder explicar con claridad sus objetivos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el beneficio público? ¿Es fiscal, es laboral? ¿Atiende una coyuntura? ¿Es estratégico? Los objetivos públicos deben ser explícitos y deben ser exhibidos sin pliegues ni oscuridades, documentados y fundados.

Una vez establecidas las condiciones para cierto desarrollo de una actividad en el marco legal propuesto, deben quedar fuera del debate público las consideraciones ajenas a la naturaleza pública del problema. Los conflictos no pueden derivar en la emergencia de un sentido de "moral oficial", por la cual actividades lícitas enmarcadas regularmente queden a expensas de opiniones particulares.

Los debates públicos deben canalizar opiniones sobre aspectos públicos y evitar particularismos. En concreto, podemos tener muchas diferencias con (por ejemplo) la industria automotriz y el rol del auto en las ciudades, pero si la actividad se ajusta a las leyes, mi particular visión sobre la industria no debe impedir su regular funcionamiento.

Todos los conflictos deben desenvolverse en el marco del destino económico de los territorios, por tanto siempre deberían poder canalizarse los debates en un doble sentido: tanto en términos del "conflicto en sí" como de las alternativas existentes. Pensar las alternativas es siempre una invitación a la creatividad y un recurso que nos expone frente a las restricciones reales.

La última pauta es el consenso sobre los indicadores. Todo cambio económico produce múltiples transformaciones. Debe construirse un acuerdo en torno de "qué medir" como referencia de éxito/fracaso. No todo debe limitarse a una perspectiva salarial o de empleo. Tener amplitud de objetivos a medir puede generar oportunidades de orientar el esfuerzo económico, alineándolo con el sentir social. Por ejemplo, pensar si tales transformaciones generan capacidades individuales y colectivas, bienestar o dignidad.

Seguramente, estas cinco pautas son absolutamente insuficientes, pero la Argentina necesita urgentemente tener herramientas que la corran de los debates pendulares y excluyentes y generar un clima en el que a partir de oír y comprender las necesidades y legitimidades diversas podamos hacer bien las cosas, por nosotros y por nuestro futuro..

Por Gustavo Grobocopatel - empresario y Fabio J. Quetglas - experto en desarrollo territorial