Cristina Kirchner, que pretende entrar en la historia como la heroína de la distribución del ingreso, necesita que los trabajadores ajusten sus salarios por debajo de la inflación . Es una condición para que el pacto económico y social que negocian Jorge Capitanich y Axel Kicillof tenga algún sentido. El kirchnerismo se enfrenta, como nunca antes, al gremialismo peronista.

Empresarios y sindicalistas fueron convocados para volver a discutir hoy en la Casa Rosada las condiciones de ese arreglo. El experimento es bastante extraño. Capitanich y Kicillof negocian en cámara lenta. La primera reunión se hizo apenas asumieron en sus cargos , hace un mes. Ahora el panorama no es el mismo. Los aumentos concedidos a las policías y la decisión de no cortar subsidios a los servicios públicos modificaron variables cruciales para la discusión entre sectores.

El viernes, Capitanich y Kicillof retomaron las gestiones y anunciaron un acuerdo de precios. Aclararon que no es un control. Lo curioso del arreglo es que carece de cifras. Es decir: la ceremonia fue sólo una invitación a los empresarios a que remarquen sus mercaderías antes de que se confeccionen las listas.

Para que el ensayo no fracase, los ministros deberían comprometer a los sindicatos a reprimir la suba de salarios. De lo contrario, es imposible que las empresas congelen sus ingresos sin saber cuáles serán sus costos laborales. Pero los gremialistas se niegan a fijar ese factor antes de fin de año.

Capitanich y Kicillof están ante un enorme desafío. Por primera vez en muchas décadas las relaciones entre empleadores y empleados se discuten en un contexto de alta inflación, bajo desempleo y paritarias libres. En la crisis de 1989, las paritarias era hipotéticas. Y el Gobierno tenía una enorme incidencia en el nivel de sueldos gracias al control de las empresas estatales. Aquella tensión alimentó los 13 paros generales de Ubaldini. En el colapso de 2001, la magnitud de la desocupación neutralizaba la presión sobre el salario. El malestar no se expresaba a través de los sindicatos, que representan a los trabajadores, sino de los piqueteros, líderes de quienes habían perdido su salario.

Hace 30 días, Kicillof comunicó a los sindicalistas que las paritarias no debían exceder el 15% con tres puntos adicionales por productividad. El salariazo otorgado a los policías, que anticipa el de otros empleados públicos, arrasó con esa idea. La decisión de los gremios es no tratar ahora ese problema. Los bancarios, que iban a anunciar la semana pasada un incremento del 24%, postergaron el acuerdo para marzo. Nadie quiere asomar la cabeza para ser acusado de golpista.

Capitanich sabe que el sueño de Kicillof es imposible. Los sindicalistas de la CGT-Balcarce le explicaron, en una reunión a solas, que no van a ignorar las subas de precios que ya se registraron. Según la mayoría de los consultores privados, la inflación en estos días se ha vuelto preocupante. En lo que va de diciembre superó el 3%, a pesar de que las tarifas de los servicios públicos siguen congeladas.

En los sindicatos, la adhesión al Gobierno se va volviendo cada día más gravosa. El metalúrgico Antonio Caló teme que el cepo salarial que pretende Kicillof termine provocando una fuga de afiliados hacia organizaciones con mejores paritarias. Otro dirigente oficialista, el mecánico Ricardo Pignanelli, está inquieto por el daño que representa para las terminales automotrices el impuesto sobre las líneas de alta gama y el recorte del 20% en las importación de vehículos. ¿Cómo hará el "Centauro" Andrés Rodríguez para que sus representados de UPCN admitan un aumento más modesto que el de los policías?

La división sindical fuerza al gremialismo oficialista a ser más duro. Hugo Moyano advirtió que el piso de las negociaciones de marzo es el salariazo de los policías. Moyano, que se había recluido después de su derrota junto a Francisco de Narváez, tuvo un nuevo brote de agresividad. Alguien cercano a la Casa Rosada le avisó que se registrarían movimientos en los juzgados que lo tienen en la mira.

TRES IMPUTADOS CÉLEBRES

El camionero está convencido de que el origen de sus males son Máximo Kirchner y La Cámpora. La semana pasada le refirieron, con mucha precisión, un encuentro que habría tenido Eduardo "Wado" De Pedro, mano derecha del hijo de la Presidenta y socio del subsecretario de Justicia, Julián Álvarez, con el fiscal Jorge Di Lello. Se habrían entrevistado en un campo, para hablar de tres imputados célebres: Moyano, a quien De Pedro pretendería acorralar, y Amado Boudou y Mariano Recalde, a quienes le gustaría rescatar. Di Lello, que no suele ser indiferente a los deseos del Gobierno, es el acusador de los tres. En el caso de Boudou, intentó impedir la declaración de Nicolás Ciccone contra el vicepresidente, a quien -dijo- "se está sometiendo a un linchamiento mediático". Recalde tal vez homenajee al fiscal esta semana en Aerolíneas. Eficaz De Pedro.

A Kicillof le atribuyen la creencia de que la Unión Soviética no habría naufragado de haber existido los actuales programas de computación. Es decir: el proyecto de una sociedad planificada fracasó por un déficit de software. Debe ser una broma. Pero algunos graciosos ya lo llaman "Excel" Kicillof, por su propensión a administrar la economía con planillas. Esa fantasía matricial está por encontrarse con el hiperrealismo de "los Gordos". Un choque de civilizaciones para el cual el ministro ya no cuenta siquiera con la ayuda del llorado Oscar Lescano, él único ortodoxo con el que alguna vez tomó un café.

Que Kicillof desconozca el funcionamiento de los mercados es, en su caso, comprensible. En cambio, llama la atención que tampoco domine los resortes del intervencionismo. Es difícil que funcione un pacto social que cierra precios en diciembre y salarios en marzo. Pero los sindicatos pedirán una suma fija de 2000 o 3000 pesos antes de que termine el año y pasarán las paritarias para fines del verano. A esa altura serán otros los culpables de que la paz social se haya quebrado: los maestros, los médicos, los policías a los que todavía no les hayan pagado.

Para esos idus de marzo, los gobernadores ya se habrá subido al escenario. El de Corrientes, Ricardo Colombi, rompió el tabú: dijo que si el gobierno nacional no negocia un nuevo pacto fiscal, las provincias deberán emitir cuasi monedas. José Manuel de la Sota insinuó la misma salida en reuniones con empresarios de Córdoba. Fue después de reunirse con Daniel Scioli, quien ya paga con bonos a los proveedores bonaerenses. Una de las novedades que dejó el conflicto policial es que los gobernadores comenzaron a coordinarse con prescindencia de la Casa Rosada. A la insinuación de esta liga hay que agregar la foto de Scioli con el levantisco Moyano. Al parecer, el gobernador no cree que la presión salarial del camionero represente un peligro indirecto para él.

Los gobernadores apuestan a que antes de que comiencen las clases tendrá lugar una negociación federal con el poder central para definir la economía de los próximos dos años. Habría llegado, entonces, la hora de determinar quién hace el ajuste. La amenaza de emitir cuasi monedas podría ser sólo un arma de presión para sentar a Cristina Kirchner a la mesa.

Kicillof no piensa en esa escena. Sus urgencias son más inmediatas. Sigue empeñado en reponer reservas en el Banco Central. Sobre todo desde que fracasó su viaje a China. El acceso a los dólares presenta dificultades, aun cuando Miguel Galuccio tuvo éxito con la colocación del bono de YPF. Eso sí: el creciente endeudamiento de esa empresa hace temer a muchos expertos un aumento de los combustibles que mantendrá alta la inflación. En la vida hay que elegir.

En este contexto, se potencian las expectativas por el acuerdo con Repsol. El principal negociador, Isidro Fainé, presidente del primer accionista de la petrolera, La Caixa, querría verlo firmado esta semana. Pero el cierre se podría demorar. ¿Dificultades que introduce Kicillof?

La política tiene túneles desconocidos. La paz con Repsol, y con España, termina afectando a Martín Sabbatella. El titular de la Afsca iba a oficializar el viernes próximo varias adecuaciones a la nueva ley de medios. Entre ellas, la del Grupo Clarín. Pero se topó con un problema: le resulta imposible ajustar al "monopolio" sin tocar a Telefónica. Esta empresa debería desprenderse de Telefé, ya que está prohibido que prestadores de servicios públicos operen licencias audiovisuales. El caso es analizado con detalle por el experto Alejandro Pereyra en un documento titulado "Una mirada sobre los procesos de adecuación", que circula entre especialistas en radiodifusión.

Si Sabbatella avanzara en la aplicación de la ley, los acuerdos de la señora de Kirchner se desmoronarían: La Caixa, que preside Fainé, el negociador de Repsol, es también el segundo accionista de Telefónica. A pesar de la ansiedad de Capitanich por ver cambios en la grilla de TN, el obediente Sabbatella optó por la receta sindical: también su guerra con Clarín fue postergada para marzo.