Ocho funcionarios de primera línea del Gobierno hablaron sobre el problema del narcotráfico en la Argentina después de la advertencia que formuló la semana pasada la Corte Suprema. Nadie había dicho nada, en cambio, salvo el gobernador Daniel Scioli, cuando días antes los obispos divulgaron una declaración de tono similar a la de los jueces.
Todos aquellos funcionarios expresaron cosas distintas y antagónicas.
La parábola mayor resultó la de Sergio Berni. El secretario de Seguridad sostuvo primero que la lucha contra los narcos es eficiente y que las fronteras están bien custodiadas. Cuando varios de sus pares lo dejaron a la intemperie cargó contra los miembros del máximo Tribunal. Los acusó de miedosos.
Ese desbande cristinista frente a un desafío concreto de la realidad replicaría una postal de este tiempo. La de un Gobierno sin guía desde que Cristina Fernández se recluyó en Olivos para sortear su enfermedad. También la de una deslumbrante improvisación. No únicamente por la irrupción de los narcotraficantes. La economía podría brindar, en ese aspecto, otro fehaciente testimonio. La ausencia presidencial acentuó un déficit que se hizo patente, sobre todo, en su segundo mandato.
Los jueces de la Corte alertaron específicamente sobre el dilema del narcotráfico en Jujuy, Salta y Tucumán. Pero en Rosario ya suman 214 los crímenes en lo que va del año. El gobernador José de la Sota reordena su Policía después de la denuncia sobre complicidad con el comercio de drogas que obligó a su descabezamiento. En Córdoba, se hallaron en las últimas semanas dos avionetas abandonadas con estupefacientes. El secretario de Seguridad de Buenos Aires, Alejandro Granados, confesó que la cuestión es un auténtico “dramón”. Los asesinatos inexplicables y las peleas sospechosas se suceden también en la proliferación de barrios pobres de Capital. Hubo estos días una verdadera batahola en las puertas de Chacarita.
El brote del narcotráfico, en realidad, estaría desnudando un problema más profundo: la crisis en el sistema de seguridad. El Estado asoma impotente frente a todos los fenómenos. El delito común no cede a pesar de las medidas que el Gobierno dice adoptar. Según un informe de la ONU, la Argentina es en promedio el país con más robos en América latina, por encima de Brasil y México. Los narcos parecen haber permeado estamentos policiales y de la Justicia. Se percibe además un descontrol en las cárceles: en 90 días se registraron igual cantidad de fuga de presos. Uno en remís, otro enyesado, un tercero escondido en un mueble. Incluso un ex represor de la dictadura, que está procesado. Sólo fueron recapturados 35. Varios de los presos participaron enseguida en acciones violentas.
El Gobierno de Cristina nunca pareció tomar conciencia sobre el avance del narcotráfico. Recién le prestó atención a la inseguridad cuando amaneció el año electoral. Tanto fue así, que las energías para combatirla se focalizaron casi con exclusividad en Buenos Aires. El mecanismo utilizado se asemejó mucho al efecto que provocaría una frazada corta: se trasladaron casi 5 mil gendarmes a las zonas más calientes, en especial el conurbano. Se vaciaron las fronteras. No disminuyó la delincuencia común y pareció agudizarse el narcotráfico.
Ninguna solución.
Los apremios económicos tuvieron también su influencia negativa. En una década, el kirchnerismo recurrió a tres blanqueos de capitales.
Dos de ellos en los dos últimos años, con leyes de elevada laxitud sancionadas por la mayoría oficialista en el Congreso. La fuga de divisas, que no cesa y repercute en la caída de reservas del Banco Central, forzó esos gestos desesperados. El lavado de dinero es una ruta propicia para los narcotraficantes. El Gobierno calzó la soga sobre su propio cuello: recurrió al cepo cambiario y a infinidad de restricciones comerciales que lo colocaron en el umbral de un ahogo externo. Aquellos blanqueos tampoco trajeron el alivio pensado. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que se controlará con severidad las compras on line de los argentino en el exterior. Además de su esterilidad, la decisión descubriría el grado de precariedad y desconcierto de la política kirchnerista. Mientras Echegaray intenta establecer esas hipotéticas vallas otros funcionarios (Hernán Lorenzino, el ministro de Economía) mendigan créditos en el exterior.
A mitad de este año, un informe de la Auditoría General de la Nación, que conduce Leandro Despouy, había denunciado la falta de controles portuarios, sobre todo del cordón norte de Buenos Aires. Se hizo hincapié en las ciudades de Zárate y Campana.
Berni negó tales falencias. Pero Bonfatti afirmó la semana pasada que la droga en Santa Fe, entre varias vías posibles, ingresa por el río Paraná. Otro informe de la AGN conocido ahora revela fallas similares en los aeropuertos. El estudio se realizó con posterioridad al episodio de enero del 2011, cuando un avión que salió del aeródromo de Morón e hizo escala en Ezeiza fue detenido a su arribo a Barcelona con mil kilos de cocaína. En ese suceso se vieron implicados tres hijos de ex jefes militares. Uno de ellos fue liberado; los otros dos continúan detenidos en España.
El nuevo trabajo revela la existencia en la Argentina de 900 aeropuertos, 500 lugares de despegue y 280 aeródromos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) debería ejercer vigilancia de los vuelos en las 53 principales estaciones. La ejerce apenas en 39.
Hay 14 desatendidas. Tiene presencia, por supuesto, en Ezeiza y Aeroparque. Pero el protocolo de control no es igual en vuelos regulares que en no regulares. En cada una de esas cabeceras hay por día 20 vuelos de ese tipo. Una situación parecida, con pocas correcciones, a la que imperaba cuando ocurrió aquel escándalo con la cocaína. Otro dato, entre 92 páginas del relevamiento, llama la atención. Desde el 2005 hasta el 2012 los imputados por delitos – droga o contrabando– que pertenecen a la comunidad aeroportuaria representan el 8% del total. De esa cifra, el 13% corresponde al propio personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Despouy remitió el trabajo al Ministerio de Seguridad, entre varias dependencias. Berni no dio todavía, ni siquiera, acuse de recibo.
El secretario de Seguridad asumió en cambio la responsabilidad por la fuga del ex represor Alejandro Lawless. Aunque no explicó por qué razón el traslado de ese detenido era realizado, en el momento del incidente, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tampoco se comprende para qué se sacaron gendarmes de las fronteras si luego se pretende enviar a militares del Ejército para sustituirlos. Muchos papeles en materia de seguridad parecen trastocados.
Surgen evidencias también en otros campos. El Gobierno está ansioso y preocupado porque el tiempo pasa y no recibe ni una señal de Irán sobre el Memorándum de Entendimiento que Cristina autorizó a firmar en el verano a Héctor Timerman por el atentado en la AMIA, que dejó 85 muertos. Pesa sobre ese pacto un pedido de inconstitucionalidad presentado por familiares de las víctimas. Permanece a resolución del juez Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal especial en la causa, Alberto Nisman, solicitó al magistrado que declare tal inconstitucionalidad.
Un pedido que ni el juez ni el Gobierno esperaban.
Canicoba Corral y Nisman son los funcionarios que, en teoría, deberían viajar a Teherán si es que el régimen iraní se aviene a que los acusados por la Justicia argentina presten alguna declaración. El nuevo gobierno de Hasan Rohani comunicó verbalmente a Timerman en septiembre que el Memorándum había sido avalado. Pero no hizo la notificación oficial.
Por ende, el pacto no tiene vigencia.
Fuentes diplomáticas informaron que aquel Memorándum habría sido retirado del Parlamento iraní. En simultáneo, se supo que dos de los jerarcas acusados por la Justicia argentina acaban de ser designados por Rohani en lugares importantes de su administración. Otros tres habían participado en el proceso electoral para suceder a Mahmoud Ahmadinejad. Difícilmente esas novedades alienten la posibilidad de un cumplimiento rápido del pacto. Aquellas mismas fuentes ensayaron una explicación sobre la errática conducta iraní: “Apostaron a que el acuerdo induciría a Interpol a levantar los pedidos de captura sobre los acusados por la Argentina. Pero eso no ocurrió. Y habrían perdido interés”, afirmó.
Las autoridades de nuestro país recogen una impresión similar. Timerman circunscribe su gestión a diálogos esporádicos con su par iraní. Pero habría corroboración de la existencia de una diplomacia paralela. Se conocen gestiones del ex piquetero Luis D’Elía y del diputado camporista Andrés Larroque en la embajada de Irán en Buenos Aires. Ambos pidieron algún indicio de Teherán respecto del Memorándum. No lo tuvieron. Transmitieron el fastidio que, por esa indefinición, tendría la Presidenta.
Cristina volverá mañana a la actividad. Desde que su enfermedad la forzó a recluirse, el Gobierno entró en un paréntesis. En una pronunciada confusión. A los problemas existentes entonces, políticos y económicos, se fueron sumando otros. Todos esperan alguna atención. Lo único que no se detuvo durante la convalecencia presidencial fue el proceso electoral. Las legislativas sellaron la derrota y marcaron un límite inviolable y final para su futuro en el poder.
