¿Qué tienen en común los productores agropecuarios de las cuatro provincias?
Que la presión impositiva que soportan -nacional, provincial y municipal- sobrepasa el límite de la capacidad de pago y no se traduce en una contraprestación, ni individual ni colectiva. Así es como con mayor frecuencia los gobiernos recurren a la imaginación tributaria. En Buenos Aires, según el proyecto de presupuesto, se pretende crear una "contribución especial" para la seguridad. Se sabe que cuando esto sucede lo especial se transforma en permanente. Y en Santa Fe pretenden crear un impuesto sobre la "Presión sobre el Ambiente Natural y Construido" que afecta a las plantas del complejo oleaginoso. Eso sí, no se puede negar la creatividad de los tributarista para nombrar a los nuevos impuestos.
El trasfondo de este conflicto es la inflación, cuyo índice es desconocido por el gobierno nacional, y el aumento del gasto público. La vía elegida por la política económica oficial es aumentar la emisión monetaria. Esto, explican los economistas, no hace otra cosa que distorsionar los precios y los gobiernos provinciales responden con un aumento de impuestos. De previsiones de mediano y largo plazo para liberar las fuerzas productivas no se habla. O sí, para denunciar su ausencia y recordar cuánto podría ganar el país si las prioridades políticas fueran diferentes. Lo hizo esta semana Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El país "podría producir 35 millones de toneladas de maíz, consolidarse como segundo exportador mundial y aportar divisas a la economía nacional por más de 5000 millones de dólares", expresó la entidad.
Mientras tanto, no son infundados los temores de que se repita con el maíz lo que sucedió con el trigo, que cada segmento del mercado actúe defensivamente y los precios se disparen como consecuencia de la incertidumbre. Si esto llega a suceder y afectar a los precios del pollo, los lácteos y la carne vacuna, será tarde. Las consecuencias del comercio administrado por un funcionario (el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno), que cree que por su sola voluntad se fijan los valores y las cantidades de los bienes, las padecen, principalmente, productores y consumidores.
Esa misma concepción es la que perjudica a la industria del biodiésel. Mientras un ala del Gobierno, el Ministerio de Planificación y la Cancillería, la respalda, otra (Moreno y Axel Kicillof) deja que se deteriore. Al cierre del mercado europeo, que esta semana tuvo un nuevo capítulo con la decisión de España de excluir a las empresas argentinas de las plantas autorizadas a importar, los hombres clave del equipo económico no aceptan que las industrias grandes de biodiésel puedan suplir parte de las importaciones de gasoil.
"En septiembre y octubre pudimos colocar algo de biodiésel en los mercados de África y Asia porque el precio se derrumbó ", explicaba por estos días un industrial del sector. El daño a la industria del biodiésel no es para las grandes compañías, sino que afecta a todo el complejo al arrastrar a los precios de la soja por quitarle un destino demandante.
