Es la segunda vez que la Justicia pone un freno a los atropellos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la primera en que resulta procesado por ejercer una tenaz, burda e ilegal presión oficial sobre consultoras que miden la realidad que el Gobierno pretende ocultar.
En esta oportunidad fue el juez Claudio Bonadio quien dictó el procesamiento de Moreno por haber multado a la consultora Finsoport SA, del ex viceministro de Economía del duhaldismo Jorge Todesca, con 500.000 pesos por difundir índices de inflación superiores a los del Indec.
La figura utilizada por el magistrado fue la de "abuso de autoridad", siendo que, a su entender, Moreno, junto con otros dos funcionarios que actúan bajo sus órdenes, han demostrado la intención "sistemática y persistente" de "controlar la publicación de índices de precios que no coinciden con los del Indec". Según Bonadio, "forzaron sin tapujos" sus atribuciones y persiguieron a empresas que "notoriamente" se hallaban fuera de su control.
Con anterioridad a ese fallo, en abril pasado, Moreno ya había recibido otro revés judicial cuando 12 consultoras por él multadas apelaron las sanciones ante la Justicia y Finsoport logró que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal afirmara que la actividad de las consultoras era ajena a la órbita del funcionario, ya que sus estimaciones no eran ni presentaciones, ni publicidad, ni propaganda que pudiera engañar a consumidor alguno y que las multas configuraban no sólo un acto intimidatorio y violatorio de la libertad de expresión, sino también una conculcación del derecho de la ciudadanía a estar informada.
Moreno cuestionó los fallos en su contra. Sin ir más lejos ayer, su abogado, Alejandro Rúa, aseguró que el procesamiento del funcionario por "abuso de autoridad" ya fue apelado y vinculó la decisión del juez Bonadio a una "intencionalidad política" a favor de Sergio Massa, ex jefe de Gabinete kirchnerista y actual candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, que en las PASO del 11 del mes pasado derrotó a los aspirantes del gobierno de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.
Detrás de Moreno se encolumnaron en su defensa varios funcionarios del actual gobierno, casi todos con el mismo curioso argumento: el posible efecto electoral de la medida de Bonadio. Poco parece importarles la contundencia de los argumentos del magistrado contra las persecuciones de quien viene utilizando desembozadamente su cargo para batallar contra los bancos, las financieras, los supermercados, los medios de comunicación, las empresas importadoras, el dólar, las consultoras y las entidades de defensa del consumidor.
El delito de abuso de autoridad prevé una pena de prisión de un mes a dos años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese plazo. Si bien Moreno no irá a la cárcel por este delito, de cumplirse todas las instancias y confirmarse su culpabilidad, podría acarrearle consecuencias graves en la tramitación de otras causas que se le siguen.
Como se recordará, también ha sido decisión de Moreno, a través de su mano ejecutora en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Lucila Colombo, la suspensión del registro de asociaciones de defensa de esos derechos, de tres entidades que rechazan recitar el relato oficial que impone el devaluado Indec. Consumidores Libres, la Unión de Consumidores de la Argentina (UCA) y Adecua no pueden funcionar defendiendo a los consumidores por haber puesto en duda los falaces índices oficiales de inflación y criticado el cepo publicitario, o por hallarse bajo un proceso judicial. Es decir, siguiendo esta última lógica que Moreno aplica con una entidad investigada, él también debería ser suspendido en su cargo hasta que se diriman todas las causas en las que está involucrado. Sin embargo, lo que el Gobierno considera fundamentado hacia afuera nunca tiene su debido correlato puertas adentro.
Apenas conocido el procesamiento del funcionario, tanto Todesca como el presidente de UCA, Fernando Blanco Muiño, expresaron públicamente su satisfacción con el fallo de Bonadio. Sin dudas, es un hecho excepcional que debe ser debidamente merituado, pues importa un pronunciamiento de peso contra la deleznable concepción autoritaria con la que se maneja el Gobierno en materia de derechos de los ciudadanos. El abuso de poder es, además de condenable judicialmente, un hecho aberrante que debe ser extirpado de la política.
