Los devastadores incendios forestales han vuelto a destruir a su paso viviendas, cultivos y existencias ganaderas, incluyendo la fauna autóctona que difícilmente logra escapar a sus letales consecuencias. En Córdoba, la principal provincia damnificada, las llamas afectaron la zona urbana de Villa Yacanto, devorando 30 casas de familias. Hasta corrieron riesgo de vida grupos de jóvenes que se encontraban circunstancialmente en el lugar. Estos incendios son cada vez más frecuentes en nuestro país y en el mundo. Se estima que están vinculados con las intensas y reiteradas sequías, como consecuencia del cambio climático, inducido por el tratamiento que equivocadamente se le prodiga hoy al medio ambiente.

Los bosques naturales que cubrieron gran parte del país alcanzaron, según estimaciones técnicas, 106 millones de hectáreas, que quedaron reducidas a no más de 20 millones económicamente aprovechables, incluyendo 1,5 millones de valiosos bosques cultivados con pinos, eucaliptos, álamos y sauces destinados a su industrialización, ya sea para obtener papel como para abastecer a la industria de la construcción, entre otras. Esos estimados 20 millones de tierras pobladas con especies diversas deberían ser preservados de la erosión de los recursos, poniendo a prueba su sustentabilidad, su productividad, la biodiversidad y la estabilidad social de sus pobladores. Los incendios son, en este sentido, lo peor y deben ser evitados mediante un programa de prevención y control, tal como ocurre en Chile, Australia, los Estados Unidos, Canadá y en países de la Unión Europea. Ello requiere una legislación adecuada, una disponibilidad de equipos especializados, de insumos apropiados y de personal competente. Debe ser un programa nacional dada la ocurrencia de los incendios en las más diversas regiones del país. Ello, sin perjuicio de la participación de las provincias, particularmente trascendente, en funciones de prevención.

La reciente resolución general 3530 de la AFIP, que dispone la prórroga del pago correspondiente a un tributo en este sentido, es una gota de agua en el desierto, pues reconoce daños en ocho provincias, cuando son por lo menos 12, tomando en cuenta otras jurisdicciones afectadas. Con las buenas intenciones no basta, como ocurrió con la decisión presidencial de disponer equipos especializados, aviones hidrantes y demás instrumentos que, como en otros ámbitos y situaciones del quehacer gubernamental, nunca vieron la realidad.

La nueva experiencia vivida en estos días deja como saldo la absoluta necesidad de dotar al país de un programa que cuente con el marco legal nacional y los instrumentos necesarios para acotar sus perjuicios. Se cuenta en tal sentido con los conocimientos de programas de naciones que han mostrado exitosas experiencias en esta también demorada disciplina.