Liberó del impuesto a las ganancias a los que cobran salarios inferiores a 15.000 pesos. Alivió a los cuentapropistas corrigiendo las categorías del monotributo. Transfirió fondos a las obras sociales para demorar la peregrinación sindical hacia Tigre. Y el miércoles pasado, en Tecnópolis, buscó el aplauso de los apáticos empresarios sirviéndose de un único argumento: "Con una mano en el corazón, en esta década todos ustedes, ¿han ganado o han perdido? [.] Yo creo que han ganado todos". La romántica campaña "en la vida hay que elegir" fue sustituida, entonces, por una apelación general a votar con el bolsillo.
En el centro de esta concepción clientelar de la política ha aparecido una fisura. Esa grieta no es la incoherencia entre una más o menos elegante compra de sufragios y el mandato de aquel que aconsejaba abandonar la Casa de Gobierno antes que las convicciones. La contradicción es más prosaica. El kirchnerismo se ha quedado sin plata para sostener su experimento populista.
Esta restricción comenzó a tener consecuencias electorales. El retraso cambiario ahoga a las economías regionales, que exportan productos cuyos precios han dejado de ser competitivos en el mercado internacional. Hasta los chacareros de la soja van quedando fuera de carrera allí donde la distancia con el puerto encarece la carga por el costo de los fletes. La declinación del oficialismo en Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta, Tucumán y Mendoza es una dimensión del desbarajuste cambiario. Del mismo modo que para explicar las derrotas patagónicas no hay que olvidar la caída permanente en la extracción de hidrocarburos.
Estas penurias han resucitado un sentimiento que parecía dormir en los manuales de instrucción cívica: el federalismo. En las provincias, la oposición reprocha a los gobernadores haber desistido de la defensa de los intereses locales frente al poder central. Esa defección no deriva, sin embargo, de un descuido. Como explica uno de los líderes de la industria cítrica tucumana, "los gobernadores tienen su propia empresa, que es la administración, y para pagar los sueldos deben hacer buena letra con la Casa Rosada. O nos defienden a nosotros o se defienden ellos".
Pero también ese vínculo experimenta cambios: la política económica enfrenta dificultades fiscales que harán cada vez más conflictiva la relación entre la Nación y las provincias. El déficit de las cuentas públicas, maquillado por el Gobierno, será este año de 1% del PBI. Si se retira la máscara, será de 2,5%. Y si se le suman intereses, orillará el 4%. El economista Hernán Lacunza apunta que, para encontrar el último superávit, hay que remontarse a 2008: 0,5% del PBI. Quiere decir que en cinco años la señora de Kirchner produjo un desequilibrio de 4,5% en la situación del Tesoro, a pesar de que la recaudación no dejó de aumentar. Ese desajuste lo financia con emisión monetaria, es decir, con inflación.
La Presidenta se ufana de que el proyecto nacional y popular sobrevive sin endeudarse. Pero la Secretaría de Hacienda no hace más que pedir fondos al Banco Central, que los entrega a cambio de algún título. En 2014 esa transferencia rondará los $70.000 millones. El desendeudamiento es una de las grandes fantasías kirchneristas. El Gobierno apenas cambió de acreedor. Sustituyó a bancos internacionales, que exigen el cumplimiento de sus contratos en los tribunales neoyorquinos, por los contribuyentes locales, que sólo cuentan con una promesa de pago: el pacto electoral.
El desaguisado de las cuentas públicas plantea para los próximos dos años un problema político que regulará la interna peronista. ¿Quién hará el ajuste? ¿Lo hará la señora de Kirchner, que estará abocada a construir para la historia su imagen de heroína distributiva? ¿O lo harán los gobernadores, que deberán enfrentar las urnas del año 2015?
La Presidenta ya sacó ventaja en la partida. Al aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias redujo el giro de coparticipación a las provincias en unos 8000 millones de pesos. Esa suma será reemplazada por emisión monetaria, que ella distribuye a su antojo. También los gobernadores ceden ingresos con la recategorización del monotributo.
Cristina Kirchner conoce bien estas tensiones. Durante 12 años, ataviada con el poncho federal, administró con su esposo una provincia. Por esa razón precipitó la sanción del presupuesto -que incluye la cláusula de los superpoderes-, de la ley de emergencia económica, y del impuesto al cheque. Esta última discusión es, acaso, la más desagradable para sus propios legisladores: el impuesto a los créditos y débitos bancarios extrae de la producción recursos equivalentes al 2% del PBI, de los cuales el 85% queda en manos del gobierno nacional.
Sin embargo, la llave maestra que la Presidenta se ha reservado para conducir las relaciones federales es la renegociación de la deuda de las provincias con la Nación. Los rivales del PJ echan ácido en esa herida: como informó LA NACION, el bloque de diputados de la UCR denunció que la Casa Rosada se propone suspender el financiamiento a todos los distritos.
Es improbable que Cristina Kirchner llegue a ese extremo. Pero es verdad que la refinanciación provincial será un recurso importante cuando, con un poder menguante, necesite disciplinar a la leonera peronista. Los gobernadores tienen vedado el crédito externo, como cualquier otro argentino. Apenas acceden a través de contratos de "dólar link" a los pesos que se acumulan en bancos y financieras. Es decir, emiten títulos en moneda local que se ajustan según el precio que registre el dólar oficial el día del vencimiento, más una tasa de alrededor del 6%. Curioso: la devaluación que necesitarían las economías regionales perjudicaría a los gobernadores, beneficiarios del retraso cambiario.
La batalla parlamentaria de los próximos 15 días se librará alrededor de esta cuestión clave: la Presidenta está montando un cepo fiscal sobre las provincias, que la releve de racionalizar las cuentas del Estado nacional. De todos sus vínculos clientelares, este que Cristina Kirchner mantiene con los gobernadores de su partido es el más complejo. Si consigue dominarlo, los líderes del interior deberán relacionarse con ella como con el sol: ni tan cerca que, por su deterioro electoral, se carbonicen; ni tan lejos que, por la asfixia financiera, se mueran de frío.
Este dilema preocupa en especial a Daniel Scioli. Para guiar al peronismo en la transición poskirchnerista deberá liderar la demanda federal ante el Gobierno. Sobre todo si aspira a representar a disidentes como José Manuel de la Sota. A Scioli lo perturban con propuestas riesgosas: que exija, por ejemplo, la ampliación del fondo federal de la soja. O que proponga reemplazar en Economía a Hernán Lorenzino por Diego Bossio, titular de la Anses y niño mimado de los gobernadores del PJ.
Scioli experimenta como nadie el rigor del torniquete nacional. En el último año ajustó los gravámenes bonaerenses (inmobiliario urbano, rural e ingresos brutos) en alrededor del 50% nominal, lo que equivale a un 25% real. Este impuestazo coincidió con un aumento, hasta este fin de mes, de sólo el 12% de los salarios de la administración pública, lo que supone un drástico recorte respecto de la inflación. Ni los candidatos de la oposición en la provincia han calibrado los efectos electorales de esta exacción sobre el sector privado. Por supuesto, los 100.000 policías de Alejandro Granados, quedarán para otro momento. El caso se repite, con variaciones mínimas, en muchos distritos: los gobernadores que desean pagar salarios y mantener los servicios deben comerse a sus propios contribuyentes y votantes.
La de Scioli es la ecuación más complicada. Hacia arriba está a merced de la discrecionalidad de la Presidenta. Y hacia abajo depende de la Legislatura provincial, que estará dominada por la oposición, y del humor de los intendentes. A diferencia de las provincias, los municipios bonaerenses tienen un régimen de coparticipación automático. Esta previsibilidad explica la rebelión de Sergio Massa y sus aliados. Conclusión: la ecuación fiscal es, ahora más que antes, determinante para el sueño presidencial del gobernador de Buenos Aires.
La dirigencia no peronista se regodea con estas pulseadas. En la UCR, en el socialismo o en Pro la confianza de ganar en 2015 no es todavía suficiente como para provocar preocupaciones. Por ejemplo, nadie supone que la liquidación del patrimonio del Central sea deliberada, de tal modo que el próximo gobierno asuma con una crisis de reservas. Tampoco los rivales del peronismo imaginan que, un momento antes de irse, la señora de Kirchner redescubra el federalismo y disponga una descentralización fiscal que deje a su sucesor a merced de los caudillos de provincia. La disputa es inquietante. Aun cuando el duermevela opositor no lo registre, la anatomía del próximo gobierno ha comenzado a diseñarse desde ahora.
